Iglesia: En Nicaragua aumenta la violencia y las condenas selectivas

La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua expresó este jueves su preocupación por la profundización de la pobreza y la violencia en Nicaragua, principalmente por la violencia institucional derivada de leyes que facilitan las condenas selectivas.

“Vemos cómo aumenta la delincuencia común y la violencia institucionalizada acompañada de leyes punitivas que no solucionan estos problemas y más bien conducen a condenas selectivas”, expresan los religiosos en su mensaje.

Los líderes católicos se refieren a las leyes y reformas aprobadas por la Asamblea Nacional, con el patrocinio de la bancada del FSNL, que violan derechos y libertades, y constituyen una amenaza para opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general. Entre estas leyes está la Ley de Inhibiciones, Ley de Ciberdelitos, Ley de Agentes Extranjeros y la aprobación de la reforma constitucional que puso en vigor la cadena perpetua en el país.

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Defensores de derechos humanos y la comunidad internacional también han advertido que el esas leyes sumando al Estado policial instaurado por Daniel Ortega desde 2018, facilita la judicialización de personas que son consideradas incómodas por el régimen.

En general, la Comisión de la Arquidiócesis de Managua observa un contexto complejo en el país y se muestra sensible a los problemas causados por la crisis iniciada hace tres años, en abril de 2018, que afectan a las mayorías más pobres. “Nos preocupan el desempleo, la carestía de la vida, los bajos salarios y la profundización de la pobreza que está a la vista”, se lee en el documento.

CRISIS SOCIOPOLÍTICA Y LA PANDEMIA

Se estima que la crisis sociopolítica y la pandemia de coronavirus ha provocado la destrucción de unos 300,000 empleos en Nicaragua.

La Iglesia Católica de Nicaragua ha defendido su misión de no ponerse al margen de los grandes problemas que impactan a la sociedad. Desde 2018 se implicó en el acompañamiento y acogida de las víctimas de la represión. También actuó como mediadora y testigo del diálogo propuesto para resolver la crisis, pero que fue roto por el orteguismo. No ha escapado al ambiente de tensión y violencia sobre la que alertan los miembros de la Comisión de Justicia y Paz.

La violencia e inseguridad son problemas no reconocidos por las autoridades. Especialistas han atribuido esto a la política de represión institucional. Se ha convertido en el principal “dinamizador de otros tipos de violencia”, alertó recientemente la investigadora Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad.

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“La política de represión que el Gobierno ha mantenido sobre la sociedad nicaragüense desde 2018 es uno de los factores de riesgo más importantes a la seguridad”, señaló Cuadra durante la presentación del estudio “2020: Violencia e Inseguridad en Nicaragua” del grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco.

Cuadra advirtió que la violencia podría recrudecerse debido al contexto electoral, y sobre esto, refirió denuncias de pobladores sobre la activación de las Unidades de Victoria Electoral del FSLN en diferentes zonas así como de otros órganos políticos diseñados para el control y vigilancia ciudadana.