De abril a noviembre: víctimas resienten que su lucha ha sido desplazada por el tema electoral

Nicaragua llega al tercer aniversario del inicio de la Rebelión de Abril con los ojos puestos en las elecciones de noviembre. El despertar social contra el régimen de Daniel Ortega exhibido con multitudinarias protestas en 2018, las demandas de justicia para centenares de víctimas de la represión y la libertad de los presos políticos, son temas que se ven opacados por un ambiente preelectoral con una oposición dividida y la aparición de, hasta ahora, 10 aspirantes a la Presidencia.  

Miles de personas salieron a las calles inicialmente a protestar por unas reformas a la Seguridad Social que reduciría las pensiones de jubilados. La respuesta represiva del Gobierno desató un malestar social generalizado. Las protestas se convirtieron rápidamente en la forma de expresar descontento por la concentración de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la falta de libertades ciudadanas y un estado de derecho.  

Lisseth Dávila, la mamá de Álvaro Conrado, el joven de 15 años asesinado el 20 de abril del 2018 de un disparo en el cuello cuando llevaba agua a los estudiantes que protestaban en las cercanías de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), siente que la justicia para las víctimas de la represión no es prioridad para los aspirantes a la Presidencia.  

“Están enfocados en elecciones”, dice Dávila. Aunque reconoce que la organización política para salir del régimen de Daniel Ortega es clave, considera que en la oposición no se debe dejar de hablar de temas como la liberación de los presos políticos y la lucha por justicia y democracia iniciada en abril. 

“Escuchando a personas que están a favor del aterrizaje suave o cosas similares, uno se pone a pensar que el tema de justicia no es prioridad para ellos”, señala la vicepresidenta de la Asociación Madres de Abril (AMA). 

Desde abril de 2018 al menos 328 personas han sido asesinadas en el contexto de represión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hay al menos 125 presos políticos y centenares de miles de exiliados.  

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Sherly Sánchez es hija de la presa política María Esperanza Sánchez. Su mamá, originaria de Matagalpa, se ha expresado desde 2018 en contra del régimen. Fue detenida el 26 de enero del año pasado en Managua. La Fiscalía le abrió un proceso judicial por supuesto tráfico de estupefacientes y fue declarada culpable en mayo. El 6 de julio fue sentenciada a 10 años de cárcel y una multa de 31 mil córdobas. 

“Se están enfocando en puestos para las elecciones y se están olvidando de nosotros, y digo de nosotros porque como familiares de presos, tenemos más de un año y no miramos como una luz de esperanza”, dice.  

Cada vez que visita a su mamá en el penal, ella le pregunta qué acciones están tomando para su liberación y no sabe qué responderle. “Ella se desanima, ve las noticias y lo primero que mira es división, pleito, discusiones, entonces obviamente se desanima”, cuenta. 

Sherly pide a los aspirantes a la presidencia y a las organizaciones opositoras “que tengan un poco más empatía hacia el pueblo nicaragüense, dejen el egoísmo y se unan verdaderamente para poder derrocar a esta dictadura”. 

Byron Estrada, líder estudiantil de las protestas en el departamento de León, también sostiene que la lucha popular se ha visto empañada por el proceso electoral actual.  

Por su participación de las protestas fue expulsado de la carrera de Odontología en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN- León). Su registro académico fue eliminado y junto a su familia es víctima de constante asedio, persecución y ataques de parte de paramilitares y fanáticos orteguistas.  

Pese a los daños que le ha ocasionado salir a protestas, sostiene que “abril valió y sigue valiendo la pena”.  

"Fue un despertar social, a nosotros no nos mandó nadie a la calle, nosotros despertamos por la necesidad de cambio y seguimos exigiendo un cambio. Valió la pena porque hoy los nicaragüenses se dan cuenta del atraso que vive este país y se eso debemos hablar. No debemos perder el enfoque”, indica. 

CRISIS SE HA PROFUNDIZADO 

Para recuperar el control de las calles que había perdido en abril, el régimen ha emprendido al menos seis fases de represión detectadas por la CIDH.  

La primera fase se produjo en las primeras semanas de abril de 2018. En ella participaron principalmente las fuerzas policiales y los grupos de choque del Frente Sandinista.  

La segunda fase inició con una policía en crisis por la intensidad de las protestas y actuando de manera errática, tratando de frenar inútilmente las protestas y marchas que se sucedían por todo el país. 

Esta fue muy breve. Fuerzas policiales y grupos de choque fueron ampliamente rebasados por el nivel de la movilización social. El régimen decidió entonces utilizar paramilitares que comenzaron a salir a las calles a mediados del mes de mayo empleando un nivel de fuerza y violencia más alto y letal que en las semanas anteriores. 

La tercera fase de la represión estatal consistió en la llamada “Operación limpieza”, realizada por fuerzas de la policía y grupos paramilitares entre junio y julio de 2018. 

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En la cuarta fase de represión se intensificaron los arrestos selectivos a líderes del movimiento cívico, la persecución a periodistas, incluido el cierre, allanamiento y confiscación de medios de comunicación y organismos no gubernamentales y la prohibición total de la realización de marchas.  

Las características de la quinta fase de represión fueron el asedio, la vigilancia, el acoso y la intimidación contra cualquier expresión de protesta. También hubo detenciones selectivas realizadas principalmente por la Policía. Comprendió los meses de febrero a inicios de junio de 2019, un período en el que se reanudaron las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica y se produjo la excarcelación de varios grupos de prisioneros políticos. 

Y la sexta fase, en la que se encuentra el país, consiste en impedir marchas, movilizaciones y cualquier acción de protesta, negando el derecho a la libertad de expresión y movilización.  

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado que en Nicaragua las restricciones que impone el régimen de Daniel Ortega a las libertades de expresión, asociación y participación política continúan, a pesar de los casi tres años transcurridos desde las protestas iniciadas en abril de 2018. 

El 29 de marzo de 2019 el régimen se comprometió a “fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” en un acuerdo firmado con la Alianza Cívica. 

A dos años de la firma de los acuerdos, el régimen no ha cumplido, ha fortalecido su modelo represivo con nuevas leyes arbitrarias y ha consumado el robo de instalaciones de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.  

“Ahora la situación es más grave que la situación que vivíamos en derechos y garantías ciudadanas al momento de la firma. El régimen ha aprobado un combo de leyes restrictivas, excluyentes para limitar más esos derechos. En 2019 todavía se permitía las reuniones bajo techo, hoy los opositores no nos podemos reunir en libertad”, explica el opositor José Pallais, miembro de la Coalición Nacional.  

ELECCIONES PODRÍAN SER LA SALIDA  

Carlos Tünnermann, miembro de la Comisión de Buena Voluntad y quien fue parte de los dos diálogos con el régimen de Ortega, no comparte que el proceso electoral haya manchado la lucha que inició hace tres años.  

Por el contrario, ve en las elecciones de noviembre próximo a una posible solución a la crisis social, política y económica que vive el país.  

Para implementar esos cambios, explica, se necesita de una Ley Electoral que permita elecciones libres, justas y transparentes. Pero esa posibilidad se aleja cada vez más.  

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La iniciativa de reforma a la Ley Electoral presentada esta semana por el Frente Sandinista profundiza el estado policial de facto que impera en el país y busca inhibir candidaturas en la oposición.  

Esa iniciativa de reforma, señala Tünnermann, “deja sentada todas las posibilidades para una elección fraudulenta o para asegurar la reelección de Ortega”. 

“Me parece a mí, que el espíritu de abril, ha venido más a bien a inspirar para que juntos, unidos, rechacemos esas reformas electorales y pidamos que se cumpla con la resolución de la OEA de octubre del 2020”, indica el catedrático. 

Pero unas reformas creíbles son solo una parte de la solución, reconoce. También falta que los políticos recuperen la unidad que se mostró en 2018, lograr un solo frente opositor y enfrentar unidos al dictador. Eso, por ahora, no se ha logrado.