Eurodiputado José Ramón Bauzá pide incluir a Nicaragua en la agenda del Parlamento Europeo

El eurodiputado español José Ramón Bauzá ha propuesto al grupo liberal Renew Europe que Nicaragua vuelva a incluirse en la agenda del Parlamento Europeo tras conocer la propuesta de reforma electoral presentada esta semana por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).  

La intención del europarlamentario es mantener la atención europea puesta en la crisis nicaragüense, ya que los próximos meses serán decisivos. 

"Si Ortega no da marcha atrás y adopta las reformas electorales que la comunidad internacional le exige no podrán celebrarse unas elecciones libres en Nicaragua el próximo noviembre, lo que cerraría la puerta a una salida democrática y pacífica a la crisis" ha declarado Bauzá a DESPACHO 505. 

El eurodiputado sostiene que la presión de la Unión Europea es crucial, por ello, el Parlamento Europeo debe seguir reiterando su exigencia a los Estados Miembro y al Alto Representante Josep Borrell para que se involucren de forma más activa. 

La propuesta de debate deberá ser apoyada por el grupo liberal y, posteriormente, acordada su inclusión en la agenda del pleno con el resto de grupos políticos de la Cámara. 

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En cuanto a la fecha del posible debate, el eurodiputado confía en que sea debatido antes del verano (junio), cuando vence el ultimátum de la Organización de Estados Americanos (OEA), para la adopción de reformas electorales. 

LA PROPUESTA DEL FSLN 

La Asamblea Nacional avanzó este miércoles la propuesta de reforma a la Ley Electoral introducida por 69 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que ha sido rechazada por la oposición al régimen de Daniel Ortega porque no incluyó sus demandas y más bien está orientada a inhibir candidaturas.   

El Parlamento, controlado por el partido de Gobierno, remitió a la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales la iniciativa de reforma y adición a la Ley Electoral (Ley 331). Con este trámite, la propuesta queda a un paso de su aprobación y deberá ser dictaminada por la Comisión, aunque no está claro si en ese proceso se tomará en cuenta a organizaciones opositoras para la consulta.   

La iniciativa fue presentada tras el anuncio, el pasado 9 de abril, de la convocatoria a elección de los siete magistrados propietarios y tres suplentes con cargos vencidos en el Consejo Supremo Electoral (CSE). Ambas movidas del régimen son parte de la preparatorio de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, donde Ortega busca su tercera reelección consecutiva. 

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El anuncio “sorpresa” fue hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, el sancionado sandinista Gustavo Porras. Especialistas consideran que no se trata de una muestra de voluntad o un indicio de que vaya a ocurrir un cambio. Con el control que tiene el orteguismo en el Parlamento, todo lo que resulte de este proceso será a su medida.  

La Comisión encargada de dictaminar la iniciativa de reforma a la Ley Electoral y de recibir las propuestas de candidaturas para las magistraturas en el CSE está integrada por los diputados María Auxiliadora Corrales, quien la presidirá; Edwin Castro, Irma de Jesús Dávila Lazo, Jenny Martínez Gómez, Wálmaro Gutiérrez, Rosa Argentina Navarro, Mario José Ascencio Gutiérrez.  

IGNORAN PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN 

En la sesión de este miércoles en la Asamblea Nacional la única propuesta de reforma electoral presentada fue la del FSLN de Daniel Ortega. 

Desde el año pasado la oposición al régimen ha trabajado su propuesta en el denominado Grupo pro Reformas Electorales que han sido presentadas en varias ocasiones. Sin embargo, la iniciativa del régimen no tomó en cuenta sus propuestas. 

Entre las demandas de la oposición está la depuración total del padrón electoral, la no reelección presidencial y la implementación del voto para los nicaragüenses en el extranjero. También exigen la no reelección presidencial y el 50% más 1 voto para poder ganar la elección, de lo contrario, proponen realizar una segunda vuelta. 

Además exigen observación electoral nacional e internacional; material electoral que genere confianza en el sistema, un sistema de transmisión de resultados auditable, verificable y observado, así como un sistema de publicación de resultados en tiempo real. 

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Sin embargo, la propuesta del FSLN fortalece el “estado policial de facto” impuesto por la dictadura de Daniel Ortega desde abril de 2018 cuando comenzaron las protestas en su contra. Los cambios a la legislación actual obligarían a los partidos políticos a solicitar permiso a la Policía Orteguista para realizar sus actos de campaña. 

El artículo 89 de dicha iniciativa de reforma introducida por 68 diputados sandinistas, plantea que los partidos políticos o alianzas “deben” de presentar la solicitud para realizar sus marchas a la Policía y enviar una copia al Consejo Supremo Electoral indicando la hora, fecha, día, lugar y trayecto de la actividad con una semana de anticipación como mínimo. 

La Policía tendrá 48 horas para resolver la solicitud de dicha petición. En la Ley Electoral vigente, esta potestad la tiene el Consejo Supremo Electoral. 

En octubre del año pasado, la Asamblea General de la OEA emitió una resolución en la que instan “a que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021“.