Transparencia electoral está en entredicho con la iniciativa de reforma presentada por el FSLN

La iniciativa de reforma a la Ley Electoral propuesta por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el pasado 9 de abril, tal y como está redactada significa un retroceso total al sistema electoral de Nicaragua, aseguró Yáder Loza, miembro del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE).

Uno de los puntos que pone en entredicho la transparencia electoral es que a los miembros de las Juntas Rectoras de Votos (JRV) no podrán anular o tachar las boletas que no fueron utilizadas en el proceso electoral, señaló Loza.

El artículo 27 de la iniciativa de reforma electoral, en el tema de las atribuciones de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), en el acápite 11, establece que al finalizar el escrutinio se conformará un Paquete Electoral, el cual deberá llevar en sobre cerrado y por separado: las boletas con los votos válidos por partido o alianza. Las boletas con los votos nulos; y las boletas sobrantes no utilizadas, es decir, eliminaron la coletilla: “debidamente anuladas”.

“¿Qué significa eso? Que no están exigiendo a los miembros de las JRV que eliminen (anulen) cada boleta no usada, y te m3andan el paquete con las boletas en blanco, limpias. No se usaron y no dice que tenés que poner no usada o anularlas. ¿A qué se presta esto? A una falta de transparencia”, cuestionó el miembro del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE).

EL MISMO PADRÓN ELECTORAL

Otro de los puntos negativos de la iniciativa de reforma de la Ley Electoral, es que se elimina la obligación del Consejo Supremo Electoral de depurar el padrón electoral.

“Toda la cantidad de muertos, toda la cantidad que esta fuera del país que no va a votar ahí permanecen. Si no tenés un padrón bien depurado y esa depuración sea certificada por una instancia, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos”, indicó Loza.

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El GPRE también detectó irregularidades en la impugnación, ya que los partidos políticos deben aceptar los resultados electorales para poderlos impugnar.

“La Ley está diseñada para desmejorar las condiciones, es un retroceso en cuanto a transparencia. El partido que quiera impugnar tiene que aceptarlos y eso no puede ser. Si la Ley se aprueba ningún partido va a poder impugnar, solamente si aceptas los resultados”, explicó Loza.

El experto electoral añadió que en su totalidad la iniciativa de reforma endurece el ejercicio al derecho al voto, la participación de los partidos políticos e inscripción de candidatos, entre otros puntos.

ORTEGA ES JUEZ Y PARTE

El artículo 81 de la iniciativa de reforma a la Ley Electoral indica que no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular los que no llenen las calidades, pero además se ampara en la Ley de Agentes Extranjeros y en la de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Loza señaló que una vez que el CSE emita su resolución sobre la aprobación o inhibición de las candidaturas, “no hay ulterior recurso sobre las decisiones que en materia electoral tome el CSE”.

Reiteró que la iniciativa de ley fortalece el Estado policial de facto que ha establecido el régimen de Daniel Ortega, ya que en el artículo 89 señala que los partidos políticos o alianzas deben de presentar a la Policía su solicitud para realizar sus marchas y enviar una copia al Consejo Supremo Electoral (CSE), indicando la hora, fecha, día, lugar y trayecto de la actividad con una semana de anticipación como mínimo. En la Ley Electoral vigente, esta potestad la tiene el Consejo Supremo Electoral (CSE).

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“En otras palabras el que manda y decide a quién le da permiso es el Presidente (Daniel Ortega), y el Presidente va a ser candidato; ya están en campaña. ¿Cuál es el peligro aquí? Que el presidente es juez y parte, porque va a compartir y va a decidir a quién le da permiso para marchar y quién no”, manifestó el miembro del Grupo Pro Reformas Electorales.

PRESENTARÁN RECOMENDACIONES

El pasado 14 de abril, el Parlamento, controlado por el Frente Sandinista, remitió a la Comisión Especial de carácter constitucional para asuntos electorales, la iniciativa de reforma a la Ley Electoral. El siguiente paso es el proceso de consulta, el cual todavía se desconoce sí ya inició.

Loza indicó que la idea es que el análisis que está realizando el GPRE llegue a manos de los miembros de la Comisión Especial, para que tomen en cuenta sus recomendaciones. Dicha comisión está integrada por siete diputados, de los cuales cinco son sandinistas, uno del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y otro del Partido Liberal Independiente (PLI).

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en una resolución que emitió en octubre del 2020, instó al régimen de Daniel Ortega a establecer “compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del CSE, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021“.