Oposición lanza un rechazo conjunto a reforma electoral orteguista

La oposición nicaragüense se ha unificado para rechazar “categóricamente” la propuesta de reforma electoral presentada por la bancada orteguista ante la Asamblea Nacional, y que aniquila cualquier posibilidad de que se celebren elecciones libres, transparentes y observados en noviembre próximo. 

Unas 54 organizaciones, entre políticas, sociales y empresariales, impregnaron sus firmas en un documento: “Unimos nuestras voces para rechazar categóricamente esta iniciativa de reforma a la Ley Electoral y exigir la implementación de reformas acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA (Organización de Estados Americanos) en su Resolución del 21 de octubre de 2020”, reza el documento.

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La Coalición Nacional no aparece entre los firmantes, pero sí aparecen sus miembros como la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y el Partido Restauración Democrática (PRD). Se le ha sumado la principal gremial empresarial, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), organizaciones estudiantiles y juveniles y otras que han surgido en el exilio. 

El jurista José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, expresó que la oposición en general logró que imperara el principio de inclusión, al aceptar que 11  organizaciones de esta facción de la oposición impregnaran sus logos. El exvicecanciller de Nicaragua enfatizó en que hay una unidad total dispuesta a enfrentar esa situación que impide que la crisis se resuelva en el país. 

“No fue difícil llegar al consenso en cuanto al contenido de rechazar las reformas, todos coincidimos que por ese camino Ortega solo empuja al país a más dificultades, lo difícil fue vencer algunas posiciones de exclusión, finalmente prevaleció la madurez”, dijo. 

Desde el punto de vista de Pallais, ahora sigue lograr un diálogo entre la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana para lograr una casilla única, aunque reconoce que el tiempo se está agotando. “Sin excluir a nadie es posible alcanzar acuerdos de unidad, el siguiente compromiso debe ser conformar la plataforma unitaria”, señaló. 

Tras el anuncio, la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y precandidata presidencial felicitó a todas las organizaciones y partidos por el pronunciamiento conjunto en rechazo a las reformas del dictador. “El siguiente paso es firmar el acuerdo de unidad nacional, (esa) es la demanda del pueblo”, expresó.

Las organizaciones firmantes recuerdan que han demandado sistemáticamente al régimen de Daniel Ortega la aplicación de las reformas electorales necesarias para que se respete el voto ciudadano, en concordancia con el acuerdo sobre restitución de los derechos ciudadanos suscrito por el Gobierno de Nicaragua el 29 de marzo de 2019 y la inmediata liberación de todos los presos políticos.

Para la oposición, el proceso iniciado en la Asamblea Nacional para la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la tramitación de la iniciativa de ley de reforma a la Ley Electoral no contribuyen en forma alguna al logro de ese objetivo que demanda de un proceso electoral libre, justo y transparente “que garantice el voto popular”.

Tampoco supone la posibilidad de elegir a un nuevo Consejo Supremo Electoral, capaz de devolver la credibilidad y transparencia al sistema electoral. “Por tal razón, instamos a los diputados de la Asamblea Nacional que asuman con sentido de Nación su responsabilidad histórica de elegir magistrados electorales idóneos y probos que respeten la voluntad ciudadana y contribuyan dignamente a una salida cívica y pacífica a la crisis nacional”.

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Las organizaciones de oposición coinciden en los aspectos más lesivos de la reforma, entre las que mencionan el establecimiento de nuevas restricciones a las libertades políticas, mantiene intacta la conformación bipartidista de los órganos electorales, traslada al ámbito electoral el Estado Policial imperante, no establece la auditoría y depuración del padrón electoral, elimina la publicidad del padrón y el proceso de verificación ciudadana, mantiene la inconstitucional división entre padrón activo y pasivo, e impone nuevos obstáculos y restricciones a los partidos políticos.

Por esas razones, dicha Iniciativa de reforma no responde a la demanda nacional e internacional “de elecciones con atributos democráticos porque no incorpora las reformas legales necesarias para que en los próximos comicios nacionales se respete el voto ciudadano, sino que, por el contrario, la casi totalidad de las propuestas profundizan la actual crisis de transparencia y credibilidad de las instituciones electorales”.