Amcham: Reformas electorales no generan confianza

La Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (Amcham) ha rechazado este jueves la propuesta de reforma electoral del orteguismo porque “no generan confianza” y “no garantizan un proceso electoral cuyo resultado sea aceptado”. En un comunicado, la segunda gremial más importante del país, insta a la Comisión Constitucional de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional a considerar las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales.

“Sin un proceso electoral que propicie elecciones libres, justas, transparentes y observadas, será muy difícil tener un ambiente apropiado para el desarrollo económico y social de las familias nicaragüenses”, señala la cúpula. Los empresarios consideran que con las elecciones de noviembre próximo el país tiene una enorme oportunidad para recuperar la confianza y, por lo tanto,  no se debe desaprovechar. 

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Amcham pide a la Asamblea Nacional que considere las recomendaciones de la Unión Europea (UE) y las  reformas planteadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) durante su Asamblea General de octubre pasado. La gremial enfatiza en que se impulse una reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar su independencia y pluralidad; observación electoral nacional e internacional independiente.

También la depuración del padrón electoral, eliminar mecanismos de inhibición a la participación en el proceso electoral y establecer mecanismos de conteo transparente de los resultados electorales. “Recomendamos que estas propuestas de reforma sean consideradas antes que sea aprobada, y antes de que el Estado convoque a elecciones generales, dada la suma importancia que esto tiene para el futuro de todos los nicaragüenses”, señaló.

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Hoy, 54 organizaciones, entre políticas, sociales y empresariales, firmaron un documento para "unimos nuestras voces para rechazar categóricamente esta iniciativa de reforma a la Ley Electoral y exigir la implementación de reformas acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA (Organización de Estados Americanos) en su Resolución del 21 de octubre de 2020”.