Ortega institucionaliza un “descarado” fraude electoral en Nicaragua

La mayoría orteguista en la Asamblea Nacional aniquiló la demanda de elecciones libres, creíbles y transparentes al aprobar la reforma electoral propuesta por el Frente Sandinista y elegir magistrados del CSE leales a Ortega. El dictador ha definido sus propias reglas para atornillarse en el poder.

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  • May 04, 2021
  • 10:36 PM

El régimen de Daniel Ortega ya tiene el camino despejado para fraguar un fraude electoral en las elecciones generales de noviembre próximo, que le permita seguir gobernando con mano de hierro a los nicaragüenses más allá de 2021. Este martes, la Asamblea Nacional mantuvo el control de Ortega al Consejo Supremo Electoral (CSE) y dio luz verde a las reformas a Ley Electoral que eliminan cualquier posibilidad de comicios libres, creíbles y transparentes como lo demanda la oposición y la comunidad internacional.

Ortega ha consumado su intención de atornillarse en el poder al costo que sea, ignorando las presiones que la comunidad internacional pueda hacer al mantener el control del Consejo Supremo Electoral (CSE) y aprobar reformas a la Ley Electoral que son rechazadas por la oposición organizada en la Coalición Nacional y Alianza Ciudadana, y los 10 precandidatos a la Presidencia de la República. 

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El exdiputado y jurista José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, considera que, con la aprobación de la reforma a la Ley Electoral y la elección de magistrados afines, Ortega ha terminado de construir “el fraude institucionalizado que le permite impedir que la voluntad popular” se exprese libremente en las elecciones del próximo 7 de noviembre. Además, ha “cerrado la puerta” a la posibilidad de encontrar una salida cívica y democrática a la crisis que vive Nicaragua desde abril del 2018, cuando estalló la Insurrección Cívica.  

CONTROL TOTAL

“Ortega ya tiene asegurado el control total y absoluto de las elecciones, tiene asegurado los mecanismos legales, institucionales que impiden que la oposición pueda enfrentarse bajo reglas de equidad, de justicia, que pueda competir en condiciones iguales”, denunció el jurista Pallais.

Ortega desoyó el llamado de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea que demandan reformas profundas al sistema electoral, y así garantizar comicios creíbles, transparentes y observados. Tampoco tomó en cuenta las recomendaciones hechas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE).

Con la reformas orteguista, aprobada con el voto favorable de 85 diputados, las elecciones de noviembre próximo están destinadas a convertirse a un fraude “descarado”, pues abren las puertas para la inhibición de candidatos, otorgan el control de la campaña electoral a la Policía Orteguista, e impiden que vengan al país observadores internacionales.

Sin el menor reparo, el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez dijo, durante la sesión plenaria, que las reformas “profundizaban el sistema democrático de Nicaragua” y que la misma fue consultada con 19 partidos políticos.  Lo que hizo la Comisión a cargo de los ajustes a la Ley Electoral fue llamar a los fuerzas políticas sin tomar en cuenta sus mociones. Gutiérrez se atrevió a decir que también incorporaron las recomendaciones técnicas hechas por el equipo de “acompañamiento de la OEA” que vino a Nicaragua para las elecciones de 2016.

Pero lo que ha hecho Ortega, según Pallais, es fortalecer su proyecto totalitario: “Un régimen que no se somete a elecciones, que a través de los fraudes y de la farsa que pretende desarrollar con el fraude ya construido va a pretender engañar a los nicaragüenses y a la comunidad internacional sobre que sus características son de una democracia”.

Mientras tanto, Yader Loza, miembro del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), es de la opinión que el régimen tiene todas las condiciones para ganar las elecciones y no necesariamente con fraude, porque la Ley Electoral con sus reformas es un retroceso que cierra espacios y fortalece mecanismos que en elecciones pasadas han apoyado el fraude.

“Sale un candidato que puntea y que va arriba en las encuestas, entonces (Ortega) utiliza la ley y te lo inhibe”, señaló Loza, quien considera que la misma suerte puede correr un partido o alianza política que puede significar un riesgo para las aspiraciones del régimen.

Loza considera que la reforma a la Ley Electoral es tan “negativa” para el proceso electoral que incluso legalizaron la figura de Coordinador de Centro de Votación, que es una especie de operador político partidario. Además, mantiene que los partidos políticos o alianzas tendrán que pedir permiso a la Policía para realizar sus manifestaciones políticas.

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“Entonces va a ser una lucha de tigre suelto contra burro amarrado. Lo que ellos están asegurándose es que van a tener un contexto favorable que solamente una votación masiva de la ciudadanía podría revertir”, expone Loza. Por eso llamó a la unidad de todos los sectores de la oposición, para dar la lucha en este contexto tan adverso porque “sino nos unimos nos hundimos”.

SEGUIR LUCHA

Para la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia lo ocurrido ayer en la Asamblea le “quitó oxígeno al moribundo proceso electoral”. Pese a que las reformas podrían ser irreversibles, la oposición no lo ve como una derrota por lo que piensa seguir presionando al régimen en mayo, mes que dio de plazo la OEA a Ortega para que impulsara reformas profundas a la Ley Electoral.

“Los nicaragüenses debemos de seguir luchando, exigiendo condiciones, exigiendo la posibilidad de que se respete la voluntad popular, pero con estos pasos la dictadura está dando portazos a la posibilidad de unas elecciones libres”, manifestó José Dávila, coordinador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Tamara Dávila, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) señaló que a finales de este mes habrá una reunión del Consejo Permanente de la OEA en la que esperan se aborde el tema de Nicaragua y surja una resolución condenatoria a la aprobación de la reforma electoral y la elección de los nuevos magistrados electorales.

La UNAB dice que no es momento de colgar los guantes por lo que se debe presionar más a la dictadura. De no lograr que Ortega dé marcha atrás, la oposición deberá elegir ser parte de un fraude electoral fraguado desde ya, o no participar y, más bien, pujar porque la comunidad internacional desconozca el proceso, y por tanto a Ortega. 

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