España no ve garantías para elecciones libres en Nicaragua y alertará a la Unión Europea

La Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica de España, Cristina Gallach, expresó su preocupación por la falta de garantías de elecciones libres en Nicaragua, una posibilidad que se aleja por la reciente adopción de una cuestionada reforma electoral y la elección de magistrados del Poder Electoral leales a Daniel Ortega.  

Durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, la funcionaria aseguró que “Nicaragua es el caso más preocupante” en Centroamérica. 

“Esta preocupación es aún mayor ante la perspectiva de la celebración de elecciones generales el 7 de noviembre, que ya fueron convocadas el pasado 6 de mayo, y la necesidad de que los comicios se produzcan en las condiciones y con las garantías adecuadas, algo que no está asegurado en estos momentos”, declaró la funcionaria. 

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Tras recordar que en marzo España patrocinó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos en la que se condenó “sin paliativos” la represión del régimen de Daniel Ortega, Gallach recalcó que el Gobierno español mantiene su compromiso con “la búsqueda de una solución a la crisis nicaragüense y mantendrá su compromiso humanitario, evitando que este drama pierda visibilidad internacional y sea objeto de permanente atención por parte de la Unión Europea”.   

Asimismo, la secretaria de Estado manifestó que seguirán trabajando con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y con los diferentes mecanismos multilaterales y regionales "para promover la promoción y protección de los Derechos Humanos" en Nicaragua con la vista puesta en "la trascendental cita electoral de noviembre, adoptando todas las medidas a nuestro alcance y que resulten necesarias. 

RECHAZO INTERNACIONAL A REFORMAS

La reforma electoral impuesta por el régimen ha sido rechaza por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta reforma incluye disposiciones para excluir a los candidatos de la participación, otorga a la Policía Nacional nuevos poderes inapropiados para prohibir las reuniones de los partidos de la oposición y los actos de campaña.  

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Tampoco se prevé la notificación oportuna y transparente de los resultados, y no prevé la observación electoral independiente nacional o internacional. 

Además se mantiene la prohibición del financiamiento internacional y la posibilidad de inhibir candidatos de la oposición mediante la "Ley de Soberanía" que impide a quienes han pedido o celebrado sanciones contra el régimen postularse a cargos de elección popular.