Fiscalía ha citado a 20 personas por lavado de dinero en caso contra Cristiana Chamorro

En un hecho sin precedentes, al menos quince periodistas, un comentarista y el representante de un medio de comunicación han sido llamados por la Fiscalía en las últimas 72 horas para rendir declaraciones en el caso de supuesto lavado de dinero a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), por el que se investiga a la aspirante a la Presidencia Cristiana Chamorro Barrios.

Entre los días 25 y 28 de mayo un total de 20 personas han sido requeridas: 11 periodistas independientes y dos comunicadores excolaboradores de la extinta FVBCH, además de un comentarista, un representante legal de una radioemisora, cuatro extrabajadores del organismo, la representante de un bufete jurídico y la propia Cristiana Chamorro, quien también es periodista.

Este jueves deben comparecer el director de Radio Darío, Aníbal Toruño y José Adán Silva, director del portal Literal Periodismo Ciudadano.

El viernes 28 de mayo están llamados la periodista independiente Amparo Aguilera; el director de Stereo Romance, Francisco Gadea; el fotorreportero Carlos Herrera y la comunicadora Rosa María Blandón, colaboradora del medio digital La Lupa. Además, deben volver a presentarse las periodistas María Lilly Delgado, corresponsal de la cadena Univisión, y Lourdes Arróliga colaboradora de la FVBCH, quienes el martes en una primera cita fueron imputadas en el caso por exigir su derecho a declarar con el acompañamiento de un abogado.

EL OBJETIVO ES CRISTIANA

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Los últimos en acudir a la cita en la Fiscalía que dirige la expolicía y sancionada por Estados Unidos Ana Julia Guido, fueron los periodistas Roberto Mora, de la radioemisora ABC Stereo; Ludwin Loáisiga, excolaborador de la clausurada oenegé, y el comentarista político Jaime Arellano.

Los tres consideraron que el trasfondo del caso es acallar las voces críticas y afectar a Cristiana Chamorro, quien es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que Ortega busca una tercera reelección, según una encuesta de la firma CID Gallup.

Loáisiga, que se desempeñó por un corto periodo como consultor independiente y a quien la Fiscalía le dijo que llegaba en calidad de entrevistado, explicó que le hicieron preguntas relacionadas a la labor que desempeñó como capacitador de la FVBCh, pero consideró que “hay una persecución, hay una criminalización a la profesión”.

Según el periodista, con esta arremetida el régimen de Daniel Ortega persigue silenciar “este periodismo que es muy fuerte, vigoroso y que hoy más que nunca está unido que nunca” en el presente contexto electoral.

En tanto, el periodista Roberto Mora, tras ser interrogado reveló que aceptó ante la Fiscalía haber recibido apoyo de la ONG dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, pero insistió en que no ha cometido “ningún tipo de delito”. “Siempre mantengo mi opinión de que se trata de un caso político. Está en contra de una persona que tiene interés de ser candidata”, enfatizó.

LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía a solicitud del Ministerio de Gobernación, investiga a la aspirante presidencial opositora en su calidad de directora ejecutiva y representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró el 5 de febrero de 2021 ante las imposiciones de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.

Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG “incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”.

El Ministerio Público afirmó que ha encontrado “serias inconsistencias financieras” entre los reportes presentados al Ministerio de Gobernación y los montos recibidos en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, “razón por la cual se procedió a iniciar el proceso investigativo para esclarecer la existencia del delito de lavado de dinero”.

INTERROGATORIOS Y ASEDIO

La Fiscalía también ha entrevistado a Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marco Antonio Fletes Casco, representante, administrador financiero y contador general de la Fundación, respectivamente, quienes la Fiscalía llama a "responder por las inconsistencias encontradas en los reportes financieros período 2015-2019". Cristiana Chamorro denunció este miércoles en un tuit que ambos están siendo asediados por paramilitares en sus viviendas.

"Denuncio el acoso de paramilitares de la dictadura (de Daniel Ortega) a los exfuncionarios de la FVBCH: Walter Gómez y Marcos Fletes. No van amedrentar a nadie", indicó la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro.

https://twitter.com/chamorrocris/status/1397728047944589321?s=20

Chamorro ha calificado el caso como una “monstruosidad jurídica” y sostiene que se trata de una “acusación criminal” en su contra “armada burdamente por la dictadura” que, además, constituye en otro “atropello a la democracia, la libertad de expresión, el periodismo independiente y el derecho del pueblo a elecciones libres”.

"Ninguno de los periodistas citados por la Fiscalía ha cometido ningún delito, por el contrario, son ciudadanos probos. Mi admiración por el aplomo con que se enfrentan a la hostilidad de la dictadura", señaló las aspirante a la Presidencia que considera que esta acción también revela el miedo y terror que tiene Daniel Ortega.

Guillermo Medrano, defensor de DD.HH, es otro de los colaboradores de la FVBCH que ya pasó por el interrogatorio iniciado el martes 25 de mayo. Adicionalmente han sido requeridos otros diez periodistas. El martes declararon el director de radio Corporación, el nonagenario Fabio Gadea; la exdirectora ejecutiva del canal 100 % Noticias Verónica Chávez, y la corresponsal de Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado.

En la jornada de interrogatorios del día miércoles fue incluida Argentina Olivas, de Radio Vos de Matagalpa, un representante no identificado de la radioemisora La Costeñísima de Bluefields, los periodistas Roberto Mora y Ludwin Loásiga, y el comentarista político Jaime Arellano.

GRAVE AFRENTA CONTRA EL PERIODISMO

El Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, señaló que cuesta creer que en un Estado democrático la Fiscalía cite a periodistas en una causa por "lavado de dinero" de un día para otro.  

“Y está pasando porque -en ausencia de Estado de Derecho- Nicaragua sufre un descomunal atropello a las libertades civiles”, denunció.  

Como parte de este caso también fue allanada y saqueada sin orden judicial la redacción provisional de Confidencial y Esta Semana que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, la segunda que sufre este medio de comunicación desde 2018, en el contexto de la Rebelión Cívica que el orteguismo insiste en calificar como intento fallido de golpe de Estado y por el que busca ahora responsabilizar penalmente a los medios independientes.

"Esta grave afrenta contra la libertad de prensa en Nicaragua merece nuestro más profundo repudio. Porque es evidente que el gobierno de Daniel Ortega está empecinado en borrar del mapa a los medios de comunicación y periodistas independientes, así como a sus opositores políticos, para allanar su camino hacia las elecciones de noviembre", expresó el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, en referencia al segundo allanamiento ilegal contra los medios que dirige Chamorro, quien en medio de esta nueva embestida fue galardonado en los 38º Premios de Periodismo Ortega y Gasset que otorga el diario El País.

"Este premio Ortega y Gasset es un reconocimiento a la resistencia del periodismo de Confidencial y de la prensa nicaragüense, ante la peor dictadura de nuestra historia, y a nuestro compromiso con la verdad y la libertad", reaccionó al premio en la categoría trayectoria que le fue otorgado.

CENIDH: ACUSAACIÓN DE LAVADO DE DINERO ES FABRICADA POR EL RÉGIMEN

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), condenó las “citatorias absurdas e incriminatorias” en contra de los periodistas por el caso de lavado de dinero “fabricado por el régimen Ortega Murillo en contra de Cristiana Chamorro”. 

Para el Cenidh esto es parte de una persecución feroz en contra del periodismo independiente, un atropello en contra de los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses. 

Vilma Núñez, presidenta del Cenidh sostiene que las acciones de Ortega a través de sus instituciones son el inicio de una “cacería terrible” ante la que “no podemos estar impávidos, no podemos estar solo esperando la noticia a ver qué pasa, tenemos que actuar, buscar qué hacer, no podemos dejar que agregan de esta forma al periodismo independiente”. 

*Fotografías: Nicaragua Imagen y Agencia EFE