Propiedades de la esposa de Juan Sebastián Chamorro bajo riesgo de confiscación

La familia Chamorro Cárdenas anunció este jueves que recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso abierto por la Alcaldía de Managua en contra de Victoria Cárdenas, esposa del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro. Según informaron, los tribunales de justicia de Nicaragua no la han amparado y pretenden subastar los bienes familiares por un reparo fiscal por un monto de 9.7 millones de córdobas.

A mediados de marzo de este año, el Tribunal de Apelaciones rechazó un recurso de apelación que presentó la empresaria Cárdenas, contra la decisión de la comuna capitalina que pretende expropiarle unas siete propiedades valoradas en unos 30 millones de córdobas. Cárdenas declaró que su familia considera que las autoridades capitalinas afines al régimen de Daniel Ortega están cometiendo una injusticia por “razones políticas y económicas”.

“Si el Estado nos confisca buscaremos reparación internacional de acuerdo con las leyes internacionales que, sí protegen los derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó Victoria. El Juez Octavo de Distrito fue la autoridad que resolvió continuar con la subasta de los bienes. "Nos restringen nuestra libertad individual, nos quieren prácticamente confiscar todos los bienes”, señaló Cárdenas quien aclaró que las autoridades afines al régimen valoraron primero una propiedad en 18 millones de córdobas, el doble del valor del reparo fiscal que le impuso la Alcaldía y ahora un perito que no es “idóneo” la quieren subvaluar por falta de imparcialidad, ya que también le ha valorado propiedades a la Alcaldía.

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Juan Sebastián Chamorro, aspirante a la Presidencia, a quien la Policía impide salir de su casa, expresó que la acción de la Alcaldía tiene un trasfondo político y refleja además la voracidad recaudatoria de la comuna capitalina. Hasta ahora han introducido más de 14 escritos ante las diferentes instancias judiciales. Chamorro, espera que con las evidencias a su favor, la CIDH abra las puertas a un proceso formal en la Corte Interamericana de Justicia. "Estamos luchando para que no nos confisquen estas propiedades", manifestó el aspirante a la Presidencia.

Victoria Lacayo, madre de la esposa de Juan Sebastián Chamorro, señaló que le están violando sus derechos humanos, ya que la Alcaldía de Managua la quiere despojar de su casa y varios terrenos, por unos impuestos que no debe. "Hay una persona detrás de esto que tiene interés en mis propiedades ¿Quién es el que manda en la Alcaldía de Managua? todos los sabemos", cuestionó a la vez que responsabilizó a la Alcaldía de Managua, a Daniel Ortega y Rosario Murillo si le pasa algo a su salud. Si le subastan los bienes, denunció, quedará en la calle y pidiendo posada. "Es una gran injusticia".

NO ADMITEN RECURSO

El abogado Tony López comentó que las autoridades judiciales no admitieron el recurso de casación en el caso y han dejado “en la indefensión” a Victoria Lacayo y Victoria Cárdenas, madre e hija. El próximo paso es introducir un recurso de “inadmisión” ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).  Ambas presentaron pruebas, pero no fueron admitidas por todas las instancias.

“Los tribunales han violado la Constitución en su artículo 160 que los obliga a tutelar jurídicamente los derechos de las personas que comparecen. El derecho de defensa que ellas han tratado de ejercer no han sido admitidos”, manifestó López.

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Denunció que las pruebas que presentaron demuestran que las ventas que la Alcaldía de Managua trata de imputar a un periodo del 2017 al 2019, son transacciones que se realizaron entre 1997 y 2007. “Los tribunales están completamente parcializados”, alegó López. Además, expresó que el Poder Judicial y las dependencias gubernamentales en Nicaragua funcionan con “operadores políticos”, y en este caso es Fidel Moreno el operador político en la Alcaldía de Managua.

“Dónde se ha fabricado un reparo fraudulento e ilícito de impuestos que no se deben”, se preguntó el abogado de las afectadas.

Las propiedades no han sido subastadas por el judicial ya que están esperando la "subvaloración" del perito para "adjudicárselas todas", cuando con una sola propiedad valorada por la Dirección General de Ingresos (DGI) en 18 millones de córdobas se pueden pagar el reparo fiscal. "Es un doble rasero, un doble estándar, una doble moral, sobre todo porque el operador político de la Alcaldía de Managua le gustaron estas tierras, vino aquí a esperar y ahora se quiere quedar con todo", expuso el jurista.