ONU demanda el cese del “hostigamiento judicial” contra Cristiana Chamorro

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos demandó este viernes el cese del “hostigamiento judicial” contra miembros de la oposición en referencia a la investigación en curso por presunto lavado de dinero contra Cristiana Chamorro, exdirectora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).  

“Hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua para que cese todo hostigamiento -incluso el hostigamiento judicial- en contra de miembros de la oposición y periodistas”, indicó Marta Hurtado, la portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en una declaración oficial desde Ginebra, Suiza. 

La investigación contra Cristiana Chamorro y dos extrabajadores de la FVBCH se basa en la “Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva" adoptada en julio de 2018, según la ONU, redactada en términos excesivamente amplios, ha suscitado de manera general la preocupación de que pueda ser utilizada para silenciar a las voces disidentes. 

La investigación contra Cristiana Chamorro inició a dos semanas de la aprobación de una reforma electoral “que no atiende las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional al no incorporar salvaguardias para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales”.

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Además, las autoridades han disuelto en las últimas semanas dos partidos políticos con argumentos contrarios a las normas internacionales y sin el debido proceso. 

“Bajo estas circunstancias, la disolución de los partidos políticos y la apertura de investigaciones penales que pudieran conducir a la inhabilitación de candidaturas, sin el debido proceso, no sólo socava los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los y las votantes a elegir a las candidaturas de su elección”, advirtió Marta Hurtado, la portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.  

FISCALÍA INSISTE EN LAVADO  

Este jueves un portavoz del Departamento de Estado negó la existencia de indicios de lavado de dinero o mal uso de los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por parte de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro.  

USAID, dijo el portavoz, ha realizado varias auditorías al programa de cooperación con la FVBCH y “no hemos encontrado evidencia de lavado de dinero o de casos en los que los fondos de USAID hayan sido desviados por la Fundación para otros fines”. 

Sin embargo, la Fiscalía dijo en un comunicado que la declaración del Departamento de Estado “no es vinculante” con la investigación y que ésta seguiría su curso.  

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La investigación de la Fiscalía contra Cristiana Chamorro, exdirectora ejecutiva de la FBVCH; Walter Antonio Gómez Silva, exadministrador financiero; y Marco Antonio Fletes Casco, excontador general, inició el pasado 19 de mayo promovida por el Ministerio de Gobernación que dijo haber encontrado inconsistencias en reportes financieros de la oenegé entre los años 2015 y 2019, cuando esa misma institución anualmente requiere rendición de cuentas a las organizaciones para permitirles operar y, en este caso, había extendido constancias de cumplimiento. 

NO HAY CONDICIONES PARA ELECCIONES 

Con acontecimientos de las últimas semanas en Nicaragua como la investigación contra Cristiana Chamorro, la ONU señala que “preocupa profundamente que las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el 7 de noviembre se estén alejando”.  

La declaración de Ginebra de este viernes resalta que las medidas adoptadas por las autoridades contra partidos políticos, candidatos, candidatas y periodistas independientes restringen aún más el espacio cívico y democrático. 

El continuo acoso a los medios de comunicación independientes restringe el derecho a la libertad de expresión y socava el derecho de la población a ser informada, “algo que es crucial en cualquier democracia y en cualquier momento, pero de especial importancia durante un periodo electoral”. 

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La nueva ley electoral, agregan, es la última de una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que restringen innecesaria y desproporcionadamente los derechos humanos, en especial de miembros de las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, líderes y lideresas políticas y sociales. 

También hizo un llamado a las autoridades para que garanticen plenamente el disfrute de las libertades de información y expresión, reunión y asociación, así como el derecho a la participación política, todos ellos esenciales durante el proceso electoral, si se quiere que las propias elecciones sean libres y creíbles. 

“En este sentido, instamos a las autoridades a enmendar la legislación electoral a través de un proceso participativo”, concluyó la portavoz.