Ortega entra en la fase 13 de la represión en Nicaragua

 
La jornada de persecución y criminalización contra el periodismo independiente, así como la investigación por supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), marcaron esta semana la pauta para que el régimen de Daniel Ortega entre en la fase 13 de la represión en Nicaragua, desde el estallido de abril de 2018.  

Las últimas dos víctimas de esta jornada represiva de la última semana fueron Walter Gómez y Marcos Fletes, exadministrador y excontador de la extinta FVBCh, quienes fueron secuestrados por policías y paramilitares el pasado viernes 28 de mayo.  

"Desde 2018 hasta la fecha, Daniel Ortega ha ejecutado 13 fases de represión. La última, la número 13, está en curso en este momento", advierte la socióloga y experta en temas de seguridad  Elvira Cuadra, quien mantiene al tanto de las acciones represivas del régimen.  

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Según Cuadra, el propósito de esta nueva etapa represiva es silenciar las voces críticas de la sociedad nicaragüense e inhibir cualquier alternativa, personas u organizaciones, que puedan representar competencia frente sus "intenciones continuistas".  

"Para eso está utilizando tanto recursos formales, como las leyes recién aprobadas, y recursos arbitrarios como el asalto a Confidencial o el secuestro de los dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios", expuso Cuadra.  

De acuerdo a Cuadra, en esta escalada de violencia del régimen no existen factores de riesgo que incentive el aumento de la represión, "es que hay una política instalada que varía de acuerdo a lo que Ortega considera conveniente".  

"El objetivo más general es mantener el control sobre el escenario electoral y cualquier expresión de descontento o protesta ciudadana", señala.  

MIEDO A PERDER

Por su parte, el experto en seguridad, Roberto Cajina, aclara que esta oleada represiva no se trata de un problema de seguridad pública sino de represión política frente a la posibilidad de perder el poder "y todo lo que eso implica en especial los millones mal habidos".  

Nicaragua se encamina a unas decisivas elecciones presidenciales y legislativas el 7 de noviembre donde Daniel Ortega aspira a su tercera reelección presidencial consecutiva y la segunda con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.   

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Cajina coincidió con Cuadra al señalar que en Nicaragua ya se está viviendo una nueva fase de violencia.  

"Sí, es una nueva fase de continuación de la anterior, cancelación de la personería jurídica del PRD y el PC. Ahora van contra Cristiana Chamorro y sus trabajadores", refirió Cajina.  

LAS FASES 

De acuerdo al seguimiento de Cuadra, cinco de estas 13 fases represivas se desarrollaron entre 2018 y 2019. En 2020 se identificaron cerca de cuatro nuevas modalidades y el resto se han dado en 2021.  

Las dos fases represivas anteriores a la que actualmente se vive en el país se caracterizaron por frenar cualquier esfuerzo de organización de la oposición y los partidos políticos, imponiendo multas de tránsito injustas, haciendo espionaje dentro de los locales donde se reúnen los opositores e impidiéndoles la movilización a las figuras de la sociedad civil.  

La décima etapa estuvo centrada en limitar las acciones de líderes sociales e impedirles hacer actividades.  

En la etapa anterior, la novena, se observó una disminución de los despliegues policiales, pero incrementó la persecución de motorizados contra opositores.  

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En noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales como presidente de Bolivia, se reactivaron las protestas ciudadanas y piquetes en Nicaragua, lo que elevó el nivel de violencia del régimen. En esa etapa se efectuaba la octava fase de la represión.  

Una de las alternativas planteadas por Cuadra para contener esta ola represiva es la presión de la comunidad internacional, "en tanto la sociedad nicaragüense entera está totalmente desprotegida".  

Y pese a que críticos y defensores de derechos humanos han utilizado el término "terrorismo de Estado" para señalar los abusos del régimen, Cuadra define a la situación actual "como una política de represión y un estado de excepción de facto".