Hoy vence el plazo que dio la OEA para reformas creíbles

El plazo que dio en octubre pasado la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), para la implementación de unas reformas electorales en Nicaragua con exigencias puntuales vence este lunes. El régimen de Daniel Ortega implementó en tiempo una reforma, pero no cumple con las demandas de la comunidad nacional e internacional. 

En la crisis de Nicaragua las opciones diplomáticas se están agotando y el incumplimiento de Ortega a las resoluciones y llamados tanto de la Secretaría General, el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA, podría acelera la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que ya está en curso, advierten expertos.  

“No podemos olvidar que estas acciones son parte de la aplicación que está en curso de la Carta Democrática Interamericana en el caso de Nicaragua, que contempla dentro de este proceso que la OEA tome iniciativas para tratar de resolver la situación de crisis en que se encuentra un país”, explica el exdiplomático Bosco Matamoros.  

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Según Matamoros, dentro de los pasos que puede tomar la organización está el envío de una misión especial para tratar de resolver la situación de crisis, pero tomando en cuenta el cierre de Ortega a la fiscalización internacional, es muy poco probable que se le dé ingreso al país.  

“Esto ya eleva el nivel de la crisis, que sería la suspensión de Nicaragua de la OEA”, advierte. 

¿QUÉ SIGUE? 

Pero la diplomacia es lenta. Antes de llegar a ese punto, la resolución de la Asamblea General indica un mandato al secretario general Luis Almagro para informar sobre el cumplimiento o no de la misma.  

“Tiene que haber, por tanto, un informe escrito del señor Almagro, que recoja lo que ya expresó en la última reunión ordinaria del Consejo Permanente y lo que ha acontecido en las últimas semanas, con la anulación de las personerías jurídicas del PRD y el Partido Conservador, las acusaciones contra la precandidata Cristiana Chamorro, la persecución a los otros precandidatos, los ataques a la prensa, etc”, plantea Julio Icaza, exembajador de Nicaragua en la ONU.  

La resolución no dice a quién debe informar Almagro, pero se entiende que es a la Asamblea General y mientras esta no se encuentre reunida al órgano permanente que es el Consejo, continúa el experto.  

El Consejo Permanente puede examinar el contenido del informe del secretario general y hacer recomendaciones a la Asamblea General, cuya fecha de realización es incierta (se habla de octubre). 

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“Pero ante la gravedad de la situación Almagro debería presentar cuanto antes su informe y solicitar una reunión extraordinaria del Consejo para examinar la situación. El Consejo también puede decidir no esperar a la Asamblea General ordinaria y convocar a una de carácter extraordinario para examinar el informe y la situación. Pero esta decisión exige mayoría absoluta de 24 votos”, señala Icaza.  

Entonces, ¿cuál podría ser el contenido de las decisiones? Hay varias opciones, explica el experto, pero dependen de los grados de apoyo.  

“La OEA puede declarar que no existen condiciones para unas elecciones democráticas y que, por tanto, no reconocerá los resultados. Puede también declarar ilegítimo el gobierno que resulte de esas elecciones. Y, por último, a todas las anteriores puede sumar un llamado o una recomendación de no reconocimiento del gobierno resultante de esas elecciones”, considera.   

LO QUE PIDIÓ LA OEA 

La resolución de la Asamblea General de la OEA planteó al régimen de Daniel Ortega recomendaciones específicas para la implementación de las reformas electorales, enmarcadas en el Memorándum de Entendimiento firmado entre el Gobierno y la OEA en febrero de 2017. 

a) La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable 

b) Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos 

c) Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes 

d) Una observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada 

e) Un registro de votantes transparente y efectivo, la distribución de tarjetas de identificación y la gestión de centros de votación 

f) Un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real 

g) Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos 

REFORMA DE ORTEGA YA ESTÁ EN VIGOR 

Pese a los llamamientos de la OEA y otros actores claves de la comunidad internacional, la Asamblea Nacional aprobó el pasado 4 de mayo unas reformas electorales que mantienen las inhibiciones de candidatos que puedan incomodar a Ortega, el control policial a las manifestaciones durante la campaña y el bloqueo al financiamiento, según lo dispuesto en la Ley de Agentes Extranjeros.  

Además, se eligieron a nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral leales al régimen o con historial colaboracionista.  

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El secretario general de la OEA, Luis Almagro ha dicho que estas reformas “claramente dan ventaja absoluta” a Daniel Ortega, “quien tiene el control de la administración y justicia electoral”, por lo tanto “elimina las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo” en noviembre próximo.  

Con estas acciones, Ortega ya tiene el camino despejado para fraguar un fraude electoral en las elecciones generales, que le permita seguir gobernando con mano de hierro a los nicaragüenses más allá de 2021.