Inhibición de facto a Cristiana Chamorro es una "aberración" y "barbarie jurídica"

El régimen de Daniel Ortega elevó su parada contra la aspirante a la Presidencia de la República, Cristiana Chamorro, y por medio del Ministerio Público la noche de este martes la acusó de los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con lavado de dinero, pero además solicitó la imposición de medidas precautelares de retención migratoria, así como la inhabilitación para cargos públicos “por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.

La decisión del Ministerio Público se conoció unas horas después de que Chamorro presentara ante la Alianza Ciudadana por la Libertad, su carta de intención para inscribirse en esta plataforma opositora. El Ministerio Público también solicitó retención migratoria, “para evitar que evadan el proceso investigativo llevado en su contra”, contra la periodista de la cadena Univisión María Lilly Delgado, y los excolaboradores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano. A los cuatro se les prohibió concurrir “a determinadas reuniones y lugares; y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigado”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenid) rechazó la decisión de la Fiscalía y califica como “extralimitación” de las funciones de la Fiscalía al solicitar retención migratoria y prohibición de concurrir a reuniones, contra Delgado, Arroliga, Medrano y Chamorro. El jurista José Pallais considera que el Ministerio Público se ha adjudicado atribuciones que no tiene y ha cometido una nueva “barbarie jurídica”, ya que pretende inhibir a Chamorro, cuando los derechos de los ciudadanos no se pueden suspender por la presentación de una acusación.

“Inhibir a una persona de ejercer cargos públicos solo puede ser mediante la imposición de una pena, después de un proceso, cumplidos todos los plazos y los términos del mismo, mediante una sentencia firme que no es el caso”, señaló el jurista, quien considera que Daniel Ortega con esta decisión nuevamente está irrespetado la Constitución Política, violenta el debido proceso, el Estado de Derecho y además ha derogado todas las garantías constitucionales por “actuaciones arbitrarias como la del Ministerio Público por razones meramente políticas”.

El régimen de Ortega inició su "cacería" contra Chamorro el pasado 20 de mayo, cuando el Ministerio de Gobernación anunció el inicio de una investigación por el presunto delito de lavado de dinero ya que supuestamente encontró inconsistencias en los informes del periodo del 2015-2019. En menos de 24 horas el caso pasó a manos de la Fiscalía al mando de la ex subdirectora de la Policía, Ana Julia Guido, quien ha desatado una persecución contra los periodistas independientes al citar a más de 20 comunicadores.

Para el abogado Maynor Curtis, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la inhabilitación contra Chamorro es una “aberración al proceso penal”, y las acciones del Ministerio Público son una “violación desmedida contra los derechos políticos” de la aspirante a la Presidencia. “Es una aberración al debido proceso, a las leyes penales”, expresó Curtis, quien añade que todos son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario ante un tribunal imparcial e independiente.

“En este caso a la señora Cristiana no la pueden inhabilitar porque ella no ha sido condenada. Estar en un proceso penal no quiere decir que ya sos culpable, de hecho, las leyes dicen que todas las personas se presume su inocencia hasta que no se demuestre su culpabilidad y en este caso el Ministerio Público ya la está declarado culpable porque solamente estando culpable se puede sentenciar a la persona”, manifestó el abogado.

El jurista indicó que solamente en los casos de los presos políticos ha visto este tipo de “aberraciones y violaciones a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a los derechos constitucionales”. El abogado expuso que la acusación Chamorro ya debe de estar en los juzgados y lo que probablemente ocurra es que la citen a una audiencia inicial con carácter preliminar junto con las otras personas que están siendo imputadas.

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Desde el pasado viernes, Walter Gómez y Marcos Fletes, exfuncionarios de la FVBCh se encuentran detenidos en las celdas de El Chipote, sin que sus abogados y familiares los hayan podido ver. Para Curtis al acusar a Chamorro seguramente Gómez y Fletes correrán la misma suerte.

"¡NO MÁS REPRESIÓN!"

La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) Kitty Monterrey por medio de un tuit expresó su solidaridad con Chamorro y con todos los “ciudadanos honestos que están siendo perseguidos en este proceso judicial fabricado por el régimen para criminalizar a la oposición y el periodismo independiente". "¡No más represión!”, agregó.

En un mensaje, esta agrupación política dio a conocer que debido a la escalada "represiva de la dictadura contra los opositores en Nicaragua, como la reciente embestida a Cristiana Chamorro" suspendían todas las actividades programadas para este miércoles relacionada al proceso de selección de precandidatos, "pues estaremos enfocados en solidaridad y denuncia por este nuevo acto de persecución política".

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El precandidato presidencial y empresario, Juan Sebastián Chamorro, califica esta acusación de la Fiscalía como "un abuso y una absurdidad jurídica", pues señaló que el documento no tiene validez legal debido a que no puede haber inhibición si no hay una sentencia firme en medio de un proceso. "Aquí apenas estamos hablando del inicio del proceso, de tal manera de que es otro abuso de la dictadura, además de que la inhibición se aplica a candidatos registrados en el Consejo Supremo Electoral", argumentó Chamorro.

El empresario también expresó que, con esta acción del régimen, hay un mensaje de Ortega hacia los precandidatos presidenciales y a la misma ciudadanía. "No van a tolerar a los liderazgos políticos independientes, lo están demostrando con la brutalidad de este caso, pero también es un mensaje al pueblo de Nicaragua de que los derechos están siendo cada vez más cercenados", expuso Chamorro.

PERSECUSIÓN POLÍTICA

Félix Maradiaga, aspirante a la Presidencia por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), manifestó que la decisión del Ministerio Público contra Cristiana es una persecución política, “que nace del miedo que la dictadura le tiene a un proceso electoral libre”. “La acción arbitraria del régimen, amerita el más amplio repudio nacional e internacional. Hoy más que nunca es necesaria la mayor unidad posible frente a la dictadura", dijo Maradiaga.

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El Cenidh condenó el abuso de autoridad de la Fiscalía, la cual mediante la acusación pretende inhibir a Chamorro de participar en el proceso electoral de noviembre próximo. “Esto es ilegal e inconstitucional”, señaló el organismo de derechos humanos. “La limitación del derecho a participar en una elección de cargo público solamente se puede dar por las causas establecidas en la Constitución y éstas son: limitaciones de edad, y la imposición de pena corporal grave, mediante sentencia judicial condenatoria”, expuso el Cenidh.

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Por su parte, el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo Nicaragua Nunca Más, condenó este acto de inhibición contra Chamorro por considerarla una acción "de criminalización de una persecución eminentemente política y que tenía todos los tentáculos de la dictadura como lo son la Policía, Ministerio Público y Fiscalía".

Esta acusación, según Carrión, es parte de una estrategia de la dictadura para imponerse en base a la represión, al fraude, la trampa y la conspiración para noviembre de 2021. "Cristiana Chamorro es ahora una víctima de carácter político porque ya la acusaron, entonces efectivamente no hay fundamentos de hechos ni de derechos para acusarla, es víctima de los verdugos que quieren imponerse", dijo Carrión.

ACUSACIÓN POLÍTICA

En esa línea, el experto en derecho penal y exfiscal de la República, Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo, coincide con Carrión al consideró el proceso con un "carácter político". "Una etapa investigativa que aparentemente pues todavía no había elementos suficientes, inclusive había cuestionamientos sobre lo que era el tipo penal de lavado de dinero en vista que para ser evaluado ese ilícito se necesita que el capital sea de origen ilícito, sin embargo, hemos visto que el asunto se enfocó en la perspectiva de la gestión abusiva y que está dentro del Código Penal", expuso Montenegro.

El artículo 285 del Código procesal Penal habla sobre la falsedad ideológica, pero a criterio de Montenegro, "ese es un tipo penal tan especializado que finalmente se aplica notarios". "No sé si de repente ahí en la situación se quiera derivar de que esta (Cristiana) pudo dar una declaración que no era concordante supuestamente con la verdad y producto de eso se le acuse a ella de una falsedad ideológica", argumentó Montenegro.

La abogada María Asunción Moreno explicó que la privación o inhabilitación de los derechos políticos sólo es posible mediante sentencia firme condenatoria. "Como medida cautelar no está contemplada dentro del artículo 166 ni tampoco en la reforma al artículo 253 de Código Procesal Penal (CPP)", reaccionó en Twitter. "Las medidas tomadas en contra de Cristiana son parte de la cadena de ilegalidades y arbitrariedades que estamos viendo en este caso de persecución política", dijo.

Montenegro agregó que a pesar de que el Ministerio Público no tiene facultad en sí para inhibir a cualquier candidato, "pueden hacer la solicitud para modificar esos criterios porque (la Fiscalía) es un ente acusador y la Policía es un ente investigativo y ambos pudieran eventualmente tratar de garantizar la seguridad de las personas, pero que finalmente decide en esto es la autoridad judicial".