María Lilly Delgado, corresponsal de Univision criminalizada por la dictadura en Nicaragua

La periodista María Lilly Delgado, corresponsal en Managua de la cadena hispana Univision, fue formalmente imputada este martes en el caso que la dictadura de Daniel Ortega promueve en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien es señalada como responsables de supuestos manejos irregulares en las finanzas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) que, tras 23 años de trabajar por la defensa y promoción de la libertad de prensa y expresión, fue cerrada el pasado febrero ante las imposiciones de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.

Delgado fue una de las primeras periodistas llamadas a declarar ante la Fiscalía en calidad de "testigos", pero junto a los extrabajadores de la FVBCh María Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano terminó como vinculada a la investigación por supuesto lavado de dinero en perjuicio del Estado de Nicaragua, impulsada a través del Ministerio de Gobernación, por exigir su derecho a ser acompañados durante la entrevista por un abogado.

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Delgado, Arróliga y Medrano, junto a Cristiana Chamorro y los exfuncionarios de la FVBCh Walter Gómez y Marcos Fletes, pasaron por dos interrogatorios y ahora enfrentan acciones penales. A Gómez y Fletes los apresaron sin orden judicial ni acusación formal la noche del viernes 28 de mayo, luego de acudir a la segunda cita en el Ministerio Público. Mientras que los demás fueron "notificados" este martes 1 de junio de restricciones migratorias.

"Brindé capacitaciones puntuales en la Fundación y capacitar no es un delito. Si esta Fiscalía quiere criminalizar eso, es problema de ellos, pero no es un delito"

María Lilly Delgado

ORTEGA ES ENEMIGO DE LA PRENSA LIBRE

En el comunicado número 4 que el Ministerio Público emite en este año se informó que “procedió a presentar acusación en contra de Cristiana María Chamorro Barrios por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”.

Como parte del mismo caso pidió medidas precautelares de retención migratoria para María Lilly Delgado Talavera, María Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano “para evitar que evadan el proceso investigativo llevado en su contra”; prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares; y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados.

En el caso de Chamorro el Ministerio Público agregó el pedido de "inhabilitación para cargos públicos, por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal", lo cual ha sido calificado como una "aberración jurídica" ya que un ciudadano pierde su derecho a optar a cargo de servicio público solo cuando existe una sentencia condenatoria.

"Si llegan a acusar a María Lilly Delgado, Lourdes Arróliga, ya sumarían tres periodistas nuevamente reprimidas en sus derechos ciudadanos tanto civiles como políticos. El mensaje que da la dictadura con procesos penales a periodistas como Cristiana, posiblemente a María Lilly y Lourdes, es seguir bloqueando la labor informativa, de fiscalización y ser ese factor de contrapoder ante una dictadura despiadada", valoró la periodista Lucía Pineda Ubau, directora de 100% Noticias y excarcelada política del régimen de Daniel Ortega.

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Pineda Ubau está exiliada en Costa Rica tras pasar seis meses en prisión víctima de un proceso político, y considera que el trasfondo de la embestida orteguista contra el periodismos persigue evitar que se documentes "más violaciones a derechos humanos, fraudes electorales. La dictadura va con todo nuevamente, similar a 2018. ve como enemigo a los periodistas que hace 3 años documentaron las violaciones a derechos humanos, hoy no quieren que se documente el fraude. Hoy el régimen señalado de crímenes de lesa humanidad vuelve a acusar a inocentes, solo por informar y decir la verdad", sostiene.

MARÍA LILLY: QUIENEN MANCHAR A LOS PERIODISTAS

María Lilly Delgado no se ha pronunciado sobre las medidas de la Fiscalía que limitan sus derechos; sin embargo, el pasado viernes dejó claro que su vinculación con la FVBCh fue como capacitadora por la profesionalización de los medios de comunicación en temas de producción audiovisual y ética periodística, dado que tiene 28 años de trayectoria profesional.

Luego de acudir a la segunda citatoria, la corresponsal de la cadena Univision criticó que haya pasado de testigo a investigada "en menos de 72 horas".

"Yo no tengo acceso a los fondos de la Fundación, no soy trabajadora de la Fundación, no conozco el manejo de los fondos, por ende, no se de qué mal manejo que habla la Fiscalía me está señalando", argumentó.

"Esta es una aberración jurídica que busca manchar y desprestigiar a periodistas independientes, como es mi caso, y también la labor que ha hecho la Fundación durante años por la libertad de expresión", señaló.