ONU pide cesar procesos penales "basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas" en Nicaragua

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó este jueves al régimen de Daniel Ortega a poner a la una “nueva oleada de detenciones y ataques” contra opositores y defensores de derechos humanos que se vive en Nicaragua.  

“El Estado debe abstenerse de iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas”, exhortó en una declaración desde Ginebra la Relatora Especial de la ONU, Mary Lawlor.  

Según la experta, Nicaragua atraviesa una oleada de detenciones y ataques por parte de las fuerzas de seguridad del Estado desencadenadas en el marco del tercer aniversario de las manifestaciones contra las reformas al INSS, la falta de respuesta estatal al incendio en la Reserva Natural Indio Maíz y en respuesta a la represión violenta de manifestantes.  

“Nicaragua no debe criminalizar prácticas legítimas como la participación en protestas pacíficas, especialmente si las personas defensoras se enfrentan a una detención prolongada”, dijo Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.  

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MALOS TRATOS A DEFENSORES 

La Relatora intervino tras la detención de dos personas defensoras, Celia Cruz y John Christopher Cerna Zúñiga, que habrían sufrido malos tratos en prisión. 

Celia Cruz, mujer trans y defensora de derechos humanos, fue detenida el 21 de abril de 2020 tras una serie de incidentes con la Policía durante el aniversario de protestas en Ometepe. A pesar de su identidad de género, fue recluida en una prisión exclusivamente para hombres, lo que la expuso a agresiones sexuales y violencia verbal. Celia Cruz fue liberada tras un año de detención, el pasado 25 de abril. 

John Christopher Cerna Zúñiga, líder estudiantil y defensor de derechos humanos, fue detenido el 20 de febrero de 2020 y fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de “tráfico de estupefacientes”. La ONU destaca que la detención estaría relacionada con su trabajo como defensor de derechos humanos.  

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“De acuerdo con la información recibida, la defensora y el defensor habrían sufrido malos tratos, agresiones físicas, verbales y sexuales y falta de acceso a medicamentos y servicios médicos básicos en prisión. Además, las personas que protestan contra el gobierno habrían sido recluidas en celdas de máxima seguridad con mayor vigilancia, registros y aislamienta”, denunció la Relatora. 

Lawlor enfatizó que Nicaragua debe redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho a la reunión pacífica y el derecho a defender derechos, especialmente en el marco de las elecciones generales previstas para noviembre de este año. 

“La labor de las personas defensoras es más esencial que nunca. Su papel en la protección de los derechos humanos y la asistencia a las poblaciones vulnerables debe ser protegido, no socavado”, concluyó.