Nuevo patrón de violencia política en Nicaragua: leyes contra el "enemigo"

La nueva escalada represiva que ha emprendido el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua pone de manifiesto un nuevo patrón de violencia que consiste en convertir las leyes en armas contra sus "enemigos", indica el organismo Urnas Abiertas en su más reciente informe en el que también alerta sobre el abrupto incremento de la violencia política en el contexto electoral: los primeros 15 días de junio superaron los niveles de agresión política de todo el mes de abril, que era el que presentaba las cifras más altas con 213 ataques selectivos.

Bajo el nuevo modelo represivo que Urnas Abiertas denomina "derecho penal del enemigo", la persona procesada es clasificada como un adversario y, esa condición, le resta sus derechos. Así, sin más, se elimina al oponente por la vía judicial, anulando además el carácter garantista del sistema penal.

En una ola de detenciones que inició Ortega el 28 de mayo pasado un total de 21 personas han sido apresadas, entre ellas cinco aspirantes a la Presidencia, diez liderazgos políticos, dos empresarios, un periodista y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).

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"Las detenciones arbitrarias registradas en el período fueron acompañadas previamente por campañas de amenazas, estigmatizaciones y difamaciones en redes sociales, así como restricción a la libertad de movilización, implementando casa por cárcel de facto. También con allanamientos y ocupación de bienes en el momento de la detención", expresa el cuarto informe de Urnas Abiertas.

SISTEMA JUDICIAL REPRESOR

En la continuidad de la persecución judicial los investigadores observaron el uso "abusivo del sistema judicial con fines partidarios", allanamientos sin orden judicial, la falta de entrega de las actas de ocupación de bienes y la prolongación de la presión preventiva a 90 días de los apresados, amparados en la reforma al Código Procesal Penal.

"Las detenciones arbitrarias y posterior aislamiento de las personas que ejercen cargos directivos en los grupos de oposición tienen por objetivo el debilitamiento de los mismos, buscando de esta manera también anular la competencia electoral, alterando además el pluralismo político que mandata la Constitución Política", señala el organismo.

VIOLENCIA POLÍTICA EN AUMENTO

Entre el 1 y el 15 de junio de este año Urnas Abiertas registró 225 hechos de violencia política en el contexto electoral que vive el país. Esos primeros 15 días de junio superaron la violencia política de todo el mes de abril, cuando se registraron 213 ataques, anota el organismo.

Detalla que el 93.7% (211) de las agresiones fueron cometidas de manera individual o grupal a pobladores, periodistas, integrantes de organizaciones partidos políticos. El resto (14) de forma institucional contra organizaciones, medios de comunicación o partidos políticos.

Estos hechos generaron 197 víctimas, el 58.3 hombres y el resto mujeres. "Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de junio de 2021 se han cometido 946 hechos de violencia política en el contexto electoral", da a conocer el organismo.

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El hostigamiento es la práctica más implementada en los hechos de violencia con 103, y lo ejecutaron miembros de la Policía y parapolicias. y le siguen las agresiones (27), judicializaciones (24), amenazas (20), detenciones (16), torturas y tratos crueles (16) retenciones (15) y lesión o herida (4).

La mayor cantidad de hechos de violencia política en el contexto electoral se dieron en Managua con 165.

NO HAY GARANTÍAS PARA LAS ELECCIONES

"Una vez más se puede observar el riesgo que existe para la ciudadanía de experimentar violencia política en el momento que decidan organizarse dentro del proceso electoral", subraya Urnas Abiertas.

Entre el 1 de octubre del año pasado y el 15 de junio del 2021, contabilizan 762 hecho de violencia contra diferentes sectores de la oposición.

La plataforma independiente, que es una iniciativa ciudadana que está conformada por un equipo de profesionales de diferentes disciplinas que tiene como objetivo darle seguimiento al proceso electoral del próximo 7 de noviembre en Nicaragua, continúa reafirmando que el actual proceso electoral "no cumplen con los estándares internacionales, "desarrollar un proceso electoral bajo estas condiciones desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen, nuevamente".

IRREGULARIDADES EN LA CONFORMACIÓN DE LOS CEM

Otro de los puntos que identifica Urnas Abiertas es la conformación irregular de los Consejos Electorales Departamentales (CED) y Regionales (CER) así como los Municipales (CEM). La presidencia y los primeros miembros de estas estructuras electorales están en manos partidos Frente Sandinista y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), mientas que los segundos miembros quedaron en manos del resto de partidos que participan en las elecciones, es decir, Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza Liberal Nicaragüenses (ALN), la Alianza por la República (APRE), Partido Liberal Independiente (PLI), Alianza Ciudadanos por la Libertad (Alianza CxL),  y el Partido Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka, (Yatama).

En el documento se señala que recibieron reportes de irregularidades en el proceso de conformación de los CEM, entre ellas el aislamiento de funciones de los segundos miembros; usurpación de funciones de funciones por parte de militantes sandinistas o por los "administradores o coordinadores" de los CED.

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"Juramentaciones en ausencia; los partidos no recibieron las actas de juramentación; mítines políticos partidarios durante la juramentación; convocatorias en diferentes horarios para confundir a las ternas elegidas para los CEM; señalamientos de falsa membresía partidaria; y secretismo general en el desarrollo de esta actividad del calendario electoral", son otras de las irregularidades que documenta el informe.

Añaden que en varios departamentos, muchos integrantes de partidos políticos que participan en el proceso electoral no hacen las denuncias de las irregularidades por temor a represalias de parte del régimen de Ortega. También señalan que el Consejo Supremo Electoral (CSE), no ha publicado la lista de las 918 personas que son parte de los CEM a como lo con hizo cuando con los Consejos Electorales Departamentales y Regionales.

Ante este panorama demandan la liberación de todos los presos políticos, el cese de la represión, la violencia política y el estado policial. Además la reestructuración del CSE, derogar la Ley Electoral y garantizar la observación internacional.