Parlamento Europeo votará hoy para sancionar a Ortega y Murillo

El Parlamento Europeo escalaría la presión al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mediante sanciones directas que implicarían un golpe certero a sus finanzas. El proyecto de resolución fue negociado entre cinco grupos parlamentarios y será sometido a votación este jueves. Entre los aspectos más relevantes condena la violencia política en Nicaragua en el contexto electoral, exige la liberación sin condición de los presos políticos, llama a "levantar el estado de sitio de facto" y a restablecer los derechos de los ciudadanos para garantizar elecciones libres transparentes y observadas, de lo contrario los resultados de los comicios de noviembre serían desconocidos por los estados miembros.

El texto a discutir consta de trece puntos que retratan la gravedad de la crisis sociopolítica en el país, enfatizando las acciones dirigidas contra disidentes, especialmente integrantes de partidos políticos opositores, periodistas, estudiantes e integrantes de la sociedad civil.

El proyecto de resolución “Situación en Nicaragua”, pide que se ponga fin "a la imposición de medidas restrictivas, la represión y las violaciones de los derechos humanos", y "que se rindan cuentas por las graves violaciones cometidas por el Gobierno de Nicaragua desde 2018".

En particular, demanda la liberación "inmediata e incondicional" de todos los presos políticos, entre ellos los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora; así como de los dirigentes políticos José Pallais, José Adán Aguerri, Dora María Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona y Pedro Joaquín Chamorro, y otros activistas de la oposición. Para todo solicita respeto a sus garantías jurídicas, sus derechos humanos y sus derechos civiles y políticos.

SANCIONAR YA A ORTEGA, MURILLO Y A TODO SU CÍRCULO

Como medida de presión, se incluye un pedido al Consejo Europeo - la instancia conformada por los 27 estados miembros que tiene la facultad imponer medidas restrictivas- para que "amplíe rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente y el vicepresidente de Nicaragua y su círculo de allegados", y que "ante las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica".

Asimismo "pide al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. con el fin de garantizar la seguridad financiera internacional frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores, así como sus relaciones comerciales y activos en diversos países europeos; subraya que Nicaragua figura en la lista negra del GAFI desde octubre de 2020".

Por otro lado, proponen enviar una misión de investigación a Nicaragua "para evaluar la situación política y de derechos humanos sobre el terreno".

DEROGACIÓN DE LEYES RESTRICTIVAS Y REFORMAS A MEDIDA

Otra moción de la resolución advierte que el Parlamento Europea desconocería los resultados de las elecciones del 7 noviembre, si no se impulsan cambios en la Ley Electoral apegados a las recomendaciones de la OEA contenidas en su Resolución del 21 de octubre de 2020. "Nombren a personas imparciales en las distintas estructuras electorales, restablezcan el estatuto jurídico de las partes a las que se privó de él, respeten el derecho de los nicaragüenses a elegir y ser elegidos, y garanticen la observación", sugieren.

Además, el texto condena la adopción y aplicación de las leyes restrictivas y punitivas y reclaman su derogación inmediata, entre ellas la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, esta última el instrumento "legal" bajo el cual han encarcelado a la mayoría de los 26 dirigentes opositores encarcelados entre el 28 de mayo y el 5 de junio.

También incluyen un rechaza la instrumentalización de las instituciones de gobierno y las leyes "con objeto de criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil y a los opositores políticos".

Entre otros puntos, el proyecto de resolución pide a ortega levantar el estado de sitio de facto en Nicaragua, respetar la función de la policía como una fuerza no política, no partidista y no deliberativa, desarmar a las fuerzas paramilitares, respetar los acuerdos firmados con la Alianza Cívica y restablecer los derechos de los ciudadanos. También le reitera el pedido de resolver la crisis mediante el diálogo, y permitir el regreso al país de misiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).

BORRELL RESPALDA SANCIONAR AL RÉGIMEN

Este martes, el Parlamento Europeo sesionó para discutir la crisis en Nicaragua, y durante su intervención Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea, dijo que las propondría al Consejo Europeo ampliar las medidas restrictivas, pero no se manifestó a favor de suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, tampoco la cooperación porque significa “castigar al pueblo”. “Pensemos dos veces lo que queremos hacer”, recomendó.

El jefe de la diplomacia europea reconoció que la crisis de Nicaragua podría empeorar ya que en el contexto electoral “ha entrado en una espiral represiva”, calificó refiriéndose a las detenciones de los líderes de oposición.