CSJ admite recursos contra leyes represivas y pide informe a Ortega y Porras, pero ¿cuál es el alcance?

La Corte Suprema de Justicia (CSE) admitió este miércoles los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz que interpuso la organización Defensores del Pueblo, y dio un plazo de 20 días para que Daniel Ortega y al presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, rindan un informe sobre las mismas.

Según la notificación de la CSJ, Porras y Ortega deberían personarse ante esa institución en el plazo establecido para cumplir lo solicitado en referencia a los recursos de inconstitucionalidad sobre las leyes que los Defensores del Pueblo impugnaron. Aunque no cumplan con el mandato el proceso de impugnación debe seguir su curso hasta obtener una resolución, explica el abogado José Antonio López, miembro de la organización integrada por abogados independientes.

"Estas leyes deberían de estar suspendidas desde el mismo momento en que se interponen los recursos de inconstitucionalidad. No se deberían aplicar porque están siendo impugnadas", señaló el abogado.

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EL ALCANCE

Si la Corte Suprema de Justicia ordena que se deroguen estas leyes porque se violan derechos y garantías constitucionales las personas que han sido detenidas deben de ser puestas en libertad de inmediato.

La sociedad civil nicaragüense, la Iglesia, la oposición y la comunidad internacional han demandado a la dictadura de Daniel Ortega la derogación de estas leyes que han sido utilizadas para investigar, perseguir y encarcelar a líderes opositores, aspirantes presidenciales, periodistas y empresarios en pleno año electoral.

Con el trámite al recurso interpuesto por los abogados y una vez presentados los informes del Ejecutivo y el Legislativo, Defensores del Pueblo solicitará copia para analizarlos y emitir una opinión bajo el principio del derecho a la réplica.

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LEYES REPRESIVAS

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como "Ley Putin" fue aprobada el 15 de octubre del 2020 y entró en vigencia cuatro días después. La norma obliga a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento de organismos internacionales a registrarse como “agentes extranjeros”. Una vez inscritos, no pueden realizar en “actividades políticas” y establece sanciones que van desde multas de hasta medio millón de dólares, confiscaciones de bienes y cárcel.  

La Ley de Ciberdelitos, conocida como "Ley Mordaza" fue aprobada el 27 de octubre de 2020 y entró en vigencia el 30 de diciembre del 2020. Según organizaciones de periodistas independientes, esta ley representa una grave amenaza para la libertad de prensa, porque “criminaliza” al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.

Durante las citatorias que ha puesto en marcha el Ministerio Público en una investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, los fiscales a cargo de las "entrevistas" han hecho alusión de esta ley a manera de intimidación a periodistas.

Mientras que la Ley 1055, conocida como "Ley de Inhibiciones”, fue aprobada el pasado 21 de diciembre. Solo tiene dos artículos, pero es amplísima en su alcance y efectos. A través de esta ley el régimen se otorga la facultad de inhibir la participación a cargos de elección popular a todo nicaragüense señalado de dirigir “intentos de golpe de Estado”, así como hacer gestiones y celebrar sanciones de gobiernos extranjeros. Los señalados bajo estos cargos son declarados como "traidores a la patria".

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Aunque ahora "revisa" los recursos, con estas mismas leyes el Poder Judicial ha autorizado la imposición de hasta 90 días de detención judicial contra 26 líderes opositores, aspirantes presidenciales, periodistas y empresarios detenidos en las últimas semanas.