Policía inicia allanamientos contra organizaciones con personería jurídica cancelada
La Policía allanó el Centro de Estudios y Promoción Social antes de la entrada en vigencia de la suspensión de la personería jurídica de esta y otras 23 organizaciones, en su mayoría médicas.


- July 28, 2021
- 11:37 PM
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El Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS), cuya personería jurídica fue cancelada este miércoles, fue allanado por la Policía en el reparto El Carmen, en Managua, cercana a la residencia del dictador Daniel Ortega.
El allanamiento se dio tras la cancelación de la personería de 24 organizaciones de la sociedad civil, de las cuales 15 corresponden a asociaciones médicas.
La cancelación de las personerías jurídicas fue aprobada por la Asamblea Nacional, que controla el Frente Sandinista, porque supuestamente están “acéfalas” y han incumplido sus obligaciones ante el Estado de Nicaragua.
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La entrada en vigencia de esta decisión se daría hasta su publicación en La Gaceta, diario oficial. Sin embargo, una fuente médica confirmó bajo anonimato que el allanamiento se realizó la tarde de este miércoles.
En el allanamiento policial no hubo violencia, detalló la fuente. El CEPS es una organización con más de 29 años de trayectoria y con presencia Managua, Jinotega, León, Ciudad Sandino y Nueva Segovia.

BIENES PODRÍAN PASAR A MANOS DEL ESTADO
La propuesta no solo contempla la cancelación de su certificación legal, sino que establece que los bienes y activos que pertenezcan a esas organizaciones pasen a ser “propiedad del Estado”, si en sus estatutos de las mismas no se contempla liquidación previa, ni se establece el destino sobre ello.
El CEPS ha ejecutado en todo el territorio nacional 423 proyectos en salud materno infantil, salud sexual reproductiva, violencia basada en género, agua, saneamiento y medio ambiente; seguridad alimentaria, educación, migración, entre otros.
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Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos estás “acciones perversas” significan un “ataque directo a la vida, están sentenciando a muchos pacientes a morir”.
La acción que anula la legalidad de las quince organizaciones médicas es parte de la escalada represiva desplegada de cara a las elecciones generales y que ha alcanzado a aspirantes presidenciales, líderes de movimientos y organizaciones de sociedad civil, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos, campesinos.