Dictadura ordena prisión preventiva para Cristiana Chamorro y acusa a Carlos Fernando Chamorro por lavado de dinero

En una audiencia celebrada en secreto, la jueza orteguista Karen Chavarría ordenó este martes prisión preventiva contra Cristiana Chamorro y siete extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).

Además, su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios fue acusado por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva, informó el Ministerio Público en un comunicado.

El proceso penal consuma la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la familia Chamorro, pues alcanza al mayor de los hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Pedro Joaquín, quien es acusado de gestión abusiva y apropiación y retención indebida y está bajo arresto desde el 26 de junio.

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CRISTIANA PASA DE INVESTIGADA A ACUSADA EN SECRETO

Cristiana Chamorro se encontraba bajo arresto domiciliar desde el pasado 2 de junio en calidad de investigada por el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Desde entonces permanecía completamente incomunicada y bajo excesiva vigilancia policial, víctima de un proceso plagado de irregularidades y restrictivo de sus derechos.

Lo ocurrido este martes se suma a las arbitrariedades y faltas al debido proceso, ya que fue celebrada en secreto una audiencia preliminar de ampliación de la acusación contra Cristiana Chamorro por los delitos de apropiación y retención indebida, sin que antes se conociera un cambio en su condición como investigada.

La autoridad no especifica cuándo fue introducida la acusación formal contra la precandidata presidencial que gozaba de mayor simpatía para derrotar a Daniel Ortega en las urnas el 7 de noviembre, y cuya imputación penal se atribuye al temor de la dictadura a enfrentar un proceso democrático, como en 1990 cuando entregó el poder a doña Violeta Barrios de Chamorro.

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En su nota el Ministerio Público únicamente hace referencia a la acusación contra los extrabajadores de la FVBCh Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica. Fletes y Gómez se encuentran en prisión desde el 28 de mayo, fueron sacados de sus casas de noche y desde entonces no se les ha permitido contacto con sus familiares ni abogados.

En tanto, Emma Marina López y Pedro Vásquez Cortedano fueron sumados al caso en calidad de procesados "por ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero".

Lo mismo ocurre con la exfuncionaria de la FBVCh Ana Elisa Martínez Silva, a quien imputan cargos por los supuestos delitos de apropiación y retención indebida; gestión abusiva; y por ser cooperadora necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos.

ORDENAN CÁRCEL PARA NUEVOS ACUSADOS

Completan la lista de acusados el defensor Guillermo José Medrano y a la periodista María Lourdes Arróliga, ambos extrabajadores de la FVBCh, y a quienes los vinculan bajo cargos de apropiación y retención indebida.

El Ministerio Público indica que la autoridad judicial "decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados que se encontraban bajo detención judicial y orden de detención para las personas acusadas que se encuentran sin detener".

Si bien omiten la identidad de la juez a cargo, en Sistema Judicial aparece que el caso está radicado en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencias a cargo de la juez Karen Chavarría. Ahí aparece que el escrito de solicitud de ampliación de acusación fue presentada a las 3:28 de la tarde del lunes 23 de agosto por el fiscal Carlos Rafael Espinoza Castilla y menos de 24 horas fue admitida.