Acusan a Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, José Adán Aguerri, Tamara Dávila, José Pallais y Violeta Granera

En otra audiencia secreta, este jueves fueron acusados por el supuesto delito de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional", los aspirantes a la Presidencia Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, así como José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); las dirigentes opositoras Violeta Mercedes Granera Padilla y Tamara Dávila Rivas; Manuel Orozco y el excanciller de Nicaragua, José Pallais.

La audiencia preliminar se llevó a cabo este mismo jueves, y el juez cuya identidad es omitida por el Ministerio Público, admitió la acusación para los imputado. Además, decretó la medida cautelar de prisión preventiva "para los acusados que se encontraban bajo detención judicial y orden de detención para la persona acusada que se encuentra sin detener". De los ocho acusados solo Orozco, quien es miembro de Diálogo Interamericano y director del Centro para Migración y Estabilización Económica en Creative Associates International, está en libertad.

A todos los señalan como "presuntos autores de los delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua", dice el comunicado de la Fiscalía.

El artículo 410 del Código Penal se refiere al “Menoscabo a la integridad nacional”, el cual es un delito contra la seguridad del Estado, y se refiere a la persona que “realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano e independiente” y la sanción va de 10 a 15 años de prisión “e inhabilitación absoluta, por el mismo período para el desempeño de función, empleo o cargo público, salvo lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Nicaragua”

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CAPTURADOS

Arturo Cruz, fue capturado el pasado 5 de junio y estaba próximo a cumplir los 90 días que le impuso un juez en una audiencia especial. Mientras que Maradiaga, Chamorro, Granera y Aguerri fueron capturados el 8 de junio y fue cuando el régimen comenzó las noches de capturas de los opositores.

Mientras que el vicecanciller Pallais, fue apresado el 9 de junio en la ciudad de León y luego trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Chipote. Tres días después fue apresada Tamara Dávila.

Los familiares de todos los apresados, han manifestado que son “personas desaparecidas” y han mostrado su preocupación, ya que hasta la fecha el régimen de Daniel Ortega, no ha proporcionado información oficial sobre su paradero y las condiciones de detención.

La acusación se presenta un día antes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realice una audiencia pública de supervisión de las medidas urgentes otorgadas a los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como a los dirigentes opositores José Adán Aguerri, Tamara Dávila y Violeta Granera.

La Corte-IDH emitió recientemente dos resoluciones donde ordena al régimen de Daniel Ortega la liberación inmediata de los detenidos y consideró que el Estado tenía que adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, integridad y libertad personal de los líderes y de sus núcleos familiares. Dichas resoluciones fueron ignoradas por el dictador y se desconoce si cumplió con el requerimiento de informar.

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Con estas nuevas acusaciones, cuatro de los siete aspirantes a la Presidencia que se encuentran bajo arresto enfrentan procesos judiciales. El pasado 24 de agosto, en una audiencia secreta, la juez orteguista Karen Chavaría amplió la acusación contra Cristiana Chamorro y siete extrabajadores de la exitinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).

Además, fue acusado el periodista Carlos Fernando Chamorro, director del medio Confidencial, por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva. Mientras que Pedro Joaquín, hermano mayor de Cristiana y Carlos Fernando fue imputado bajo cargos de gestión abusiva y apropiación y retención indebida y está bajo arresto desde el 26 de junio.

De las 34 personas que han sido apresadas desde el pasado 28 de mayo 11 ya han sido acusados ante los tribunales de justicia, señalado de ser uno de los brazos represores del régimen Ortega-Murillo.