Urnas Abiertas: 214 hechos de violencia política en 30 días

La organización independiente Urnas Abiertas reporta 214 hechos de violencia política en el periodo del 16 de julio al 15 de agosto. Este año ha aumentado la represión contra líderes de oposición y ciudadanos por el proceso electoral dominado por Daniel Ortega, en el que ha sacado del ruedo político a siete precandidatos presidenciales al acusarlos de traición a la patria.

El informe precisa que sigue observando el uso del sistema de justicia en Nicaragua con fines partidarios para eliminar la competencia electoral. Durante el período analizado fueron detenidos siete opositores: José Antonio Peraza, Francisco Aguirre, María Oviedo, Mauricio Díaz y Juan Lorenzo Holman. Además, se impuso arresto domiciliar al aspirante a la presidencia, Noel Vidaurre, y al comentarista político Jaime Arellano.

"La mayor cantidad de hechos de violencia política en el contexto electoral se dieron en Managua (140), los que respondieron principalmente a los hechos de violencia contra personas detenidas arbitrariamente y desaparecidas forzadamente en la Dirección de Auxilio Judicial, y por el hostigamiento registrado durante la jornada de Verificación Ciudadana, especialmente en el departamento de Managua", detalla el séptimo informe del organismo.

Según datos de Urnas Abiertas, del 1 de octubre del 2020 al 15 de agosto de este año, el régimen de Daniel Ortega ha cometido 1,375 hechos de violencia política en el contexto electoral. Junio es el mes con más hechos de violencia con 344 desde que el organismo comenzó sus labores de monitoreo. "Aunque la cantidad de hechos sea menor a junio, se observa la tendencia que inició en abril de 2021, caracterizada especialmente por la persecución judicial con fines de eliminar toda competencia electoral", señala el documento.

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ILEGALIDAD DEL PODER POLÍTICO

El organismo destinó un capítulo a los que denominan "Ilegitimidad de origen y en el ejercicio de poder político", en el que realizan un análisis donde exponen que no hay independencia entre los Poderes del Estado.

Agrega que la Asamblea Nacional, dominado por el orteguismo, aprobó el pasado 4 de mayo, una reforma a la Ley Electoral, la cual aumentó las causas para inhibir a los partidos y candidaturas, dio más poderes a la Policía y restringió las libertades de asociación, reunión, manifestación y opinión. Dichas reformas fueron rechazadas por la oposición nicaragüense y la comunidad internacional, ya que indicaron que no brinda las condiciones para unas elecciones, libres, justas, transparentes y observadas el próximo 7 de noviembre.

"El detrimento de la legalidad y la falta de independencia entre los Poderes del Estado ha conllevado a que tanto las instituciones, como las leyes y las estructuras coercitivas del Estado les sirvan únicamente a los intereses de la familia de Gobierno", indica el documento.

Por otro lado, menciona que los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) son militantes del partido sandinista y otros señalados de "colaboracionistas".

A eso se suma que el régimen de Ortega mantiene desde el pasado 28 de mayo una ola represiva que tiene bajo detención al menos 34 opositores y le ha cancelado la personería jurídica a tres partidos.

"Que en un contexto electoral existan tantos atropellos a los derechos fundamentales y graves afectaciones a los derechos humanos, así como altas deficiencias en materia de justicia electoral, solo indica que dicho proceso electoral carece de legalidad y legitimidad y, por tanto, no debería reconocerse como un proceso electoral competitivo, libre, transparente y democrático", señala Urnas Abiertas.

Al no tener legitimidad, dice, el régimen de Ortega no cuenta "con el derecho que la Ley le confiere de hacer valer la soberanía nacional".

Además, presentaron una cronología de hechos que confirman la "ilegitimidad de las próximas elecciones en Nicaragua", el cual incluye las reformas electorales y la elección de nuevos magistrados, cancelación de personería jurídica de partidos políticos, detención de opositores, el proceso de verificación, cancelación de personerías jurídicas a oenegés, el allanamiento al diario La Prensa y el inicio de las acusaciones contra los apresados.