Sentencias contra presos políticos los inhibiría para las elecciones de 2026

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se prepara desde ya para eliminar la competencia política en las elecciones generales de 2026 y 2031 con juicios políticos contra los principales líderes de la oposición y aspirantes presidenciales acusados de “conspiración”, lavado de dinero y otros delitos.  

De ser sentenciados —como es muy probable que ocurra— los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro y cualquier otro de los más de 30 líderes opositores que actualmente enfrentan procesos penales quedarían inhabilitados para optar a un cargo público durante la vigencia de la sentencia.  

El Ministerio Público acusa a los principales opositores políticos de supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” basándose en los artículos 410 y 412 del Código Penal de Nicaragua.  

Se trata de un delito contra la seguridad del Estado. La sanción va de 10 a 15 años de prisión e impone la inhabilitación absoluta, por el mismo período para el desempeño de función, empleo o cargo público. 

El artículo 410 de Código Penal indica que:  

“El que realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano e independiente, será sancionado con pena de diez a quince años de prisión e inhabilitación absoluta, por el mismo período para el desempeño de función, empleo o cargo público, salvo lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Nicaragua”. 

Artículo 410 del Código Penal de Nicaragua

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Cristiana Chamorro es procesada por los presuntos delitos de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida. 

El artículo 282 del Código Penal establece que “estas conductas serán castigadas con una pena de cinco a siete años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, y multa de uno a tres veces el valor del dinero, bienes o activos de que se trate”. 

De esta manera, de ser sentenciada, Cristiana Chamorro quedaría inhibida de participar como candidata en las elecciones presidenciales de 2026, puesto que su sentencia expiraría en el año 2028. 

AMNISTÍA RESTABLECERÍA SUS DERECHOS  

Un abogado y analista político considera que los presos políticos “están condenados desde ya por una orden de El Carmen, solo es cuestión de tiempo y que los juicios avancen”.  

En ese sentido, solo una nueva Ley de Amnistía permitiría que los presos políticos que serían sentenciados puedan participar en las elecciones generales de 2026.  

“Ortega y Murillo han eliminado la competencia política en las elecciones de este año y la están eliminando a priori para las próximas dos elecciones, porque es de esperarse que todos serán sentenciados con penas máximas. Quieren perpetuarse en el poder, darle continuidad sin competencia a su proyecto dinástico”, dice otro analista político que continúa en Nicaragua y por temor a represalias habla bajo anonimato.  

Un abogado de presos políticos explica que, en este contexto, solo una nueva Ley de Amnistía permitiría a los opositores presos restablecer sus derechos políticos.  

En junio de 2019, la Asamblea Nacional aprobó una amnistía que permitió la liberación de centenares de presos políticos que habían sido detenidos en el contexto de las protestas antigubernamentales de abril de 2018. La medida también dejó impune los crímenes cometidos por la Policía Orteguista y paramilitares contra los manifestantes. 

Sin embargo, una nueva amnistía ha sido descartada por el dictador Daniel Ortega, quien en una comparecencia pública el pasado 13 de agosto dijo que “no hay espacio para eso”.  

“Aquí estamos en una etapa donde no se puede seguir aprobando amnistía, porque sería convertirnos en terroristas y criminales. No hay espacio para esto. Todo tuvo su etapa”, advirtió el dictador.