Las pruebas contra el periodista Miguel Mendoza: diez tuits y una publicación en Facebook

El Ministerio Público también presentará el testimonio de siete policías, cuatro de los cuales participaron en su detención.

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  • September 07, 2021
  • 09:32 AM

La Fiscalía Orteguista ha recurrido a las redes sociales Facebook y Twitter para sustentar sus acusaciones en contra de los líderes de oposición y periodistas que el régimen de Daniel Ortega mantiene en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. En el caso del periodista Miguel Mendoza, presentó 10 tuits y una publicación en Facebook como parte del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Además, ha incorporado el testimonio de siete policías, tres en calidad de peritos y cuatro que ejecutaron la detención del cronista deportivo. El abogado Maynor Curtis señala que en las publicaciones, Mendoza solo expresó su opinión, e hizo uso a la libertad de expresión, “ya sea que agrade o no, es tu derecho a expresar lo que vos pensás”.

“Eso no es una prueba (los tuits) para demostrar la responsabilidad en un tipo de delito como es el menoscabo a la integridad nacional. En un sistema imparcial e independiente sería imposible que puedan demostrar eso (el delito) con esos tuits”, indicó el abogado, quien en la audiencia inicial de ayer lunes pidió el cambio de medidas cautelares, pero la judicial se lo negó.

Según la Fiscalía, Mendoza el 5 de junio pasado compartió un mensaje de la congresista María Elvira Salazar, “con el fin de incitar a la injerencia extranjera y apoyar las sanciones económicas”. El mensaje de Salazar esta referido a la detención de los aspirantes a la Presidencia Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, donde expresaba que si algo les sucedía iba a ser la primera “que me encargaré de que esta administración elimine a Nicaragua del DR-CAFTA y de cualquier otro beneficio económico que tenga el régimen con Estados Unidos".

Otra de las pruebas de la Fiscalía es otro tuit del cronista deportivo de ese mismo 5 de junio en el que opina sobre las sanciones al régimen de Ortega.

“Lo que vamos a ver si ellos pueden probar con el testimonio de estos Policías es que Miguel estaba tratando de fraccionar o de independizar una parte del país o que él estaba haciendo gestiones para que otro gobierno viniera a adueñarse de parte de Nicaragua o someter a toda Nicaragua bajo su poderío”, explicó el abogado.

Curtis indicó que en la relación de los hechos la Fiscalía se refirió a una organización que creó un grupo de personas que están investigando, pero el Ministerio Público, solo acusó a Miguel. “Entonces cómo puede haber un crimen organizado donde tienen que haber al menos dos personas para hacer una organización, pero a pesar de los alegatos la juez mantuvo la prisión preventiva”, explicó el abogado.

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NO FIJARON FECHA PARA EL INICIO DEL JUICIO

En la audiencia no fijaron fecha para el inicio del juicio y como el proceso se desarrolla bajo tramitación compleja, es decir que se duplican los plazos de duración del caso. Al juez que le asignen el caso, dispone de casi seis meses para dictar sentencia, por lo cual el proceso en contra de Miguel Mendoza podría culminar hasta el 28 de febrero del 2022.

El próximo paso en el proceso es el intercambio de información y de pruebas de la defensa, para lo cual se dispone de seis semanas, posteriormente se solicita una audiencia preparatoria de juicio. Ese día se podría solicitar el cambio de medidas cautelares “y esperar que asignen el juzgado y fecha para el juicio que probablemente sea entre octubre y diciembre o quizás enero”.

Curtis expuso que, en la audiencia inicial de ayer lunes, la judicial dio lugar a solicitud para que le permitan entrevistas personales y privadas con Mendoza. Ahora solo espera que el Poder Judicial gire la orden para luego programar su visita.

El abogado vio a Miguel bastante delgado, tal vez con 18 o 22 libras menos de su peso normal. Mendoza fue apresado el 21 de junio, — en un operativo al mando del sancionado comisionado Francisco Díaz — y en primer momento fue acusado de "traición a la patria", bajo la cuestionada Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Desde el pasado 28 de mayo, el régimen de Daniel Ortega ha emprendido una ola de arrestos que tiene bajo detención al menos a 35 opositores, entre ellos siete habían manifestado sus aspiraciones como candidatos a la Presidencia.

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