Amaru Ruiz: "Masacre pudo haberse evitado"

El presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, encontró al menos seis inconsistencias en el informe que presentó este miércoles la Policía orteguista sobre la masacre a indígenas el pasado 23 de agosto, en el sector de Kiwakumbaih, en territorio Mayangna Sauni As, en la reserva de Bosawas.

Por eso Ruiz, expone que se requiere una investigación independiente con un peritaje internacional para poder esclarecer los hechos "y que no queden en la impunidad como los hechos ocurridos en la masacre de la comunidad de Alal en el 2020".

Por denunciar estos hechos el ambientalista fue acusado este miércoles por el Ministerio Público del delito de “propagación de noticias falsas” que prevé y sanciona el artículo 30 de la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos que fue puesta en vigor en octubre del 2020, por la Asamblea Nacional, donde Ortega tiene control mayoritario.

El análisis lo hizo Ruiz, en base a testimonios de los sobrevivientes de la masacre así como los familiares y en el proceso de invasión de las tierras de los indígenas. Indicó que la primera inconsistencia es que la Policía ignoró de manera "aberrante" que el pasado 11 de agosto, miembros del Gobierno Territorial Mayangna Sauni As, denunciaron en la Policía de Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, la situación de “emergencia” que vivían los comunitarios en el en el sector de Kiwakumbaih.

La denuncia la interpuso Bercinia Celso Lino y a su esposo Armando Medina, éste último es una de las nueve víctimas que reconoce la Policía en su informe oficial. Ruiz, quien fue uno de los primeros en denunciar el caso, afirmó que la "masacre pudo ser evitada, sí se hubiera atendido la denuncia del día 11 de agosto".

Según la Policía, nueve fueron los asesinados: Víctor Manuel Matamoros, Armando Suárez Matamoros, Borlan Gutiérrez Empra, Armando Pérez Medina, Albert Jairo Hernández Palacios, Sixto (Cisto) Gutiérrez Empra, Kedelin Jarquín Gutiérrez, Ody James Waldan Salgado y un adolescente.

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LISTA OFICIAL INCOMPLETA

Ruiz indicó que se debe de hablar de 12 personas en lugar de nueve, ya que una persona que había sido reportada como víctima fue encontrada viva y la sacaron de la lista de fallecidas.

"Estas tres personas (las que faltan de la lista oficial) son Jaoska Jarquín Gutiérrez, Morgan Panti y Romel Simon Kely que también habrían sido asesinados en el lugar de los hechos pero que la policía en su reporte no señala estas víctimas", expuso Ruiz.

Otra inconsistencia es con relación a los casquillos que mostró la Policía en su informe, según el presidente de la Fundación del Río, hay muy poco casquillos percutidos para tantas personas asesinadas, otros están con sarro, lo que indica que no son recientes y los comunitarios hablan de escopetas que serían la mayoría de armas que utilizaron los asesinados.

"Y nos preguntan como es posible que personas tengan ese nivel de armamento en las comunidades sí hay una política de detener a los que tengan portación de armas tanto legal como ilegal", manifestó Ruiz.

A eso se suma que los comunitarios indican que la banda que realizó la masacre es que dirige Isabel Meneses alias "Chabelo" y en el informe no se menciona a ningún mestizo dentro de los sospechosos.

Otra de las irregularidades es que la mayoría de los acusados son familiares de Bercinia Celso Lino, una de las que interpuso la denuncia. "Extraoficialmente se conoce que los sobrevivientes de la masacre han sido amenazados y hostigados para acusar a sus propios familiares", señaló el ambientalista.

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MÓVIL DEL CRIMEN NO ESTA CLARO

Tampoco la Policía brindó una explicación del por qué dos de los acusados, Arguello Celso Lino y Ignacio Celso Lino, hermanos de Bercinia hayan permitido que abusaran sexualmente de ella. Según Ruiz, los comunitarios han expuesto que Ignacio y Andrés Bruno, otro de los acusados, son guardabosques comunitarios que han denunciado la invasión de tierras en el territorio Sauni As. También los comunitarios han expuestos que la mayoría de los acusados son mayagnas.

"Yo no deslindo la responsabilidad sobre ninguno de ellos sin embargo consideramos que hay una omisión adrede de colonos involucrados en estos hechos", comentó Ruiz.

Según la Policía el móvil de la masacre, fue que los delincuentes pretendían apoderarse del punto de güiricería, pero los comunitarios hablan de invasión de tierras e intereses mineros, con el apoyo de algunos mayagnas que han vendido tierras en esos territorios. Aducen además que la matanza fue una represalia por haber sacado a los colonos del lugar en el 2020.

Según el ambientalista hay "intereses subyacentes" en el Caribe norte ya que hay una solicitud de concesión minera en la zona donde están asentadas varias comunidades indígenas.