CIDH otorga medidas cautelares al periodista y preso político Miguel Mendoza

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares en favor del cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza y su núcleo familiar, ya que considera que se encuentran en "una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua".

Miguel Mendoza, un critico del régimen en las redes sociales, fue detenido el pasado 21 de junio. Es procesado por el presunto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean su privación de libertad actual, la CIDH demanda al Estado de Nicaragua que se evalúe, inmediatamente, la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad, de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos aplicables.

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El periodista deportivo se encuentra en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y según sus familiares es sometido a "interrogatorios frecuentes", no le han permitido la visita de su abogado y los artículos personales que le lleva su esposa no se los entregan.

ADOPTAR MEDIDAS

La CIDH demandó que el Estado de Nicaragua debe adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal y de salud del preso político Miguel Mendoza y su núcleo familiar. También pidió que se asegure que las condiciones de su detención sean compatibles con los estándares internacionales, "permitiéndole tener contacto con sus familiares y abogados defensores".

La Fiscalía orteguista basa su acusación contra Mendoza en 10 tuits y una publicación en Facebook como parte del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Además, puso como evidencia el testimonio de siete policías, tres en calidad de peritos y cuatro que ejecutaron la detención.

Miguel Mendoza es parte del grupo de 37 opositores que han sido detenidos desde mayo, como parte de la represión que ha puesto en marcha el régimen de Ortega para callar las voces disidentes en medio de un proceso electoral que la oposición ha calificado como "una farsa"