Un millón de electores fueron borrados del padrón, denuncia Urnas Abiertas

La manipulación excluyente del padrón la persecución judicial de opositores y exclusión de candidaturas, así como el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y la falta de garantía de los derechos y libertades a lo largo del proceso electoral que está por concluir en Nicaragua, “son causas más que suficientes para declarar ilegítimas estas votaciones”.

Ese conclusivo está contenido en el informe “Elecciones 2021: Un plan doloso para acabar con la democracia”, presentado este miércoles por el Observatorio de Violencia Política Urnas Abiertas, en el que documenta 1,513 hechos de violencia política ocurridos entre octubre del año pasado y septiembre de 2021.

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Olga Valle, investigadora de Urnas Abiertas mencionó entre los hallazgos relevantes del monitoreo realizado que al menos “un millón de electores han sido eliminados del padrón”. Esto  equivale a casi un 20 por ciento del electorado.

Valle explicó que el incremento natural de la población en edad de votar es de a menos 100 mil nuevos electores por año, es decir, que en el padrón deberían estar unos 5,5 millones de personas habilitadas para ejercer el sufragio y no solo 4.478.334. “El CSE no ha informado las razones de esta variación”, señaló.

"El padrón electoral ha sido manejado de forma discriminatoria por el CSE negándose a la ciudadanía y a la sociedad civil el acceso al mismo para fines de verificación", dice el informe.

Entre otras cosas, cuestionó la eliminación de más de 1.100 mil centros de votación (CV) de un total de 4.300 que había en 2017, equivalente al 25% o uno de cada cuatro CV. Identifican que la reducción se concentró en los departamentos de Jinotega, Matagalpa y Managua, "tres de las principales plazas electorales del país, que concentraban en 2017 a un tercio de todos los electores del país (36%) distribuidos en 1.312 Centros que aglutinaban más de 5.111 Juntas Receptoras de Votos (JRV)".

UN PROCESO SIN GARANTÍAS DE DD.HH.

Por su parte, el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, apuntó durante su intervención las graves violaciones que el gobierno de Ortega ha cometido en contra de los medios de comunicación y periodistas independientes.

“Desde mucho antes de iniciado el período electoral hubo una continuidad en la persecución de personas opositoras al Gobierno, entre las que destacan aspirantes a candidaturas, periodistas y líderes sociales”, dijo el comunicador.

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“El cierre de medios críticos del gobierno y el asedio permanente a los que todavía trabajan en Nicaragua como Radio Corporación, canales 12 y 10 impiden el trabajo de los periodistas, que se han visto forzados a exiliarse”, añadió.

El informe describe que se han cometido 168 hechos de violencia contra periodistas y sus medios de comunicación, han habido 200 casos judiciales irregulares y 7 de cada 10 ocasiones la agresión vino de parte de la policía nacional.

El informe elaborado por Urnas Abiertas, la Oficina para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA), y el  Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, le recomienda finalmente a la comunidad internacional que “de no producirse un giro hacia la plena garantía de los derechos humanos y la integridad electoral a través de la reprogramación de nuevas elecciones desconozcan el resultado de las elecciones”.