Organismos de derechos humanos piden a la ONU crear mecanismo que investigue violaciones en Nicaragua

El Colectivo 46/2 hizo un llamado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y su Consejo de Derechos Humanos a crear un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se dan en Nicaragua desde abril del 2018.

Raphael Viana, International Service for Human Rights ( (ISHR), uno de los organismos que integra el Colectivo, indicó que este mecanismo debe de estar integrado por expertos que investiguen las violaciones a los derechos humanos, que identifique a los perpetradores y las causas estructurales que produjeron la crisis, la cual se ha instalado en el país.

El Colectivo 46/2, espera que este mecanismo se cree en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos que se llevará a cabo en marzo del 2022, para lo cual esperan contar con el apoyo de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, países que presentar la propuesta de resolución tal y como lo han hecho en otras ocasiones.

El Colectivo 46/2, es una coalición de más de 16 oenegés nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos que monitorean las acciones del Estado de Nicaragua para atender las recomendaciones que ha emitido el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre la crisis de Nicaragua en la resolución de marzo de este año.

Previo a la sesión de marzo del 2022, Michell Bachelet, Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentará a mediados de diciembre una actualización oral sobre la situación de Nicaragua, en el marco post electoral.

La resolución aprobada en marzo del presente año, demanda al régimen de Ortega emprender un proceso de reformas electorales de cara a las elecciones del 7 de noviembre, permitir las manifestaciones públicas y liberar a los presos políticos, entre otros puntos.

La petición de creación de este mecanismo es por la falta de implementación de esas recomendaciones y por eso han planteado "escalar la acción y adoptar medidas más contundentes".

Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expuso que la petición "es clave para guiar e impulsar los cambios estructurales que Nicaragua necesita para que actos similares no se repitan en el futuro".

Viana durante una conferencia de prensa virtual, indicó que el régimen no ha mostrado "la más mínima voluntad de cooperar" para la solución de la crisis. Por eso considera que no habrá un cambio después de las votaciones del siete de noviembre “solo la continuación y la perpetuación de las graves violaciones de derechos humanos que venimos observando y denunciando desde abril del 2018” y que han documentado Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Esta situación no nos permite hablar de condiciones mínimas para celebrar elecciones libres, justas y transparentes”, manifestó Viana.

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ANIQUILACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

Arce, recordó que en los últimos cinco meses el régimen de Ortega “aniquiló” los últimos vestigios del Estado de derecho en Nicaragua, con una serie de acciones como el allanamiento del diario La Prensa, detención de opositores y el aumentó la persecución de las voces disidentes, las cuales realizó en complicidad con la Policía, Poder Judicial y el Ministerio Público, este último que se convirtió en una “fábrica de acusaciones falsas”.

La petición del Colectivo 46/2, de crear este mecanismo se da a tres días de los comicios generales donde el dictador Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo y el segundo junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Olga Valle del observatorio Urnas Abiertas, indicó que las elecciones en Nicaragua significaban una oportunidad para iniciar un proceso de transición democrática y garantizar justicia sin impunidad. Dio a conocer que, en un año, octubre del 2020, a octubre del 2021, han registrado 1,654 hechos de violencia política en el contexto electoral,  la persecución es una de las estrategias represivas que ha puesto en marcha Ortega eliminar la competencia electoral.

María Luisa Acosta del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, (Calpi), hizo un recuento de los ataques que sufren las comunidades indígenas desde el 2015, sin que la Policía haga investigaciones al respecto.  Esta situación ha ocasionado el desplazamiento de poblados, persecuciones y asesinatos de los comunitarios, a pesar de las medidas de protección con que cuentan estas comunidades.

La situación que viven estas regiones debe también ser analizada por ese mecanismo internacional de investigación para así avanzar en "la lucha contra la impunidad de los crímenes de los pueblos y comunidades indígenas y la protección de sus tierras".