Jueza alega "lapsus" y aumenta a 12 años la condena por ciberdelitos contra opositor de Chinandega

La jueza Rosa Evelia Baca, titular del Juzgado  Primero de Distrito  Penal de Juicio de  Chinandega, aumentó a 12 el tiempo de cárcel que deberá cumplir Donald Margarito Alvarenga Mendoza, el primer ciudadano condenado por ciberdelitos en Nicaragua.

Alvarenga fue declarado culpable de los delitos de menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación el pasado 13 de enero. Como castigo, cinco días después la juez había ordenado siete años y medio de encierro en prisión. Sin embargo, 24 horas después la misma autoridad decidió "rectificar" su fallo lo que derivó en un incremento de la condena a 12 años.

En su rectificación, la jueza Baca explica que por un "Lapsus Calami", al emitir pena aplicó la teoría del delito continuado, cuando "lo procedente" es determinar el castigo según el concurso real entre ambos delitos. Además, en el mismo auto impuso al opositor el pago de una multa de C$42,867.50.

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DEFENSA SIN RECURSOS

Norwin Cruz Ponce,  representante legal  de Alvarenga,  presentó  el miércoles de la presente semana  un recurso de apelación de la sentencia,  en el que argumenta que “ni  siquiera existió una correlación entre la acusación, lo que se probó  y lo que se dictó en la sentencia”, detalló.

En el recurso legal  señala cuatro agravios que ocasiona la sentencia a su defendido, entre ellos los actos de ilegalidad  que  se presentaron desde el inicio del proceso investigativo, ya que Alvarenga, de 56 años, fue detenido el 6 de noviembre de 2021, en su casa de habitación sin orden judicial y pese a que no fue encontrado cometiendo ningún delito. Durante la detención, las autoridades policiales le ocuparon el celular, violentando el derecho a la propiedad privada, cuestionó el abogado.

“A mi defendido no lo agarran cometiendo ningún delito y por eso debieron tener una orden judicial para poder ocuparle su teléfono que es propiedad privada y es un  derecho que protege el artículo 44 de la Constitución pero al no existir orden judicial, todo   lo que encuentren en el celular no tiene legalidad en el proceso”, explicó.

A eso sumó el hecho de que Alvarengua fue llevado ante un juez  hasta el 17 de noviembre.

De acuerdo con el abogado, la jueza tampoco era competente para deliberar en el delito de menoscabo a la integridad nacional, por no estar en la lista de delitos graves que, según el artículo 565  del Código Penal y el  44 de la Ley 745, deben realizarse con juez técnico.

ILEGALIDADES, CONTRADICCIONES Y DELITOS NO PROBADOS

Esto -señaló el abogado- causó otro agravio y asegura  que con el fin de sanear el proceso  él solicitó a la judicial que tenía que convocar entre la población  a un tribunal de jurado para  que  ellos deliberaran y emitieran su fallo por el delito de menoscabo a la integridad nacional, pero la judicial denegó su petición y decidió deliberar por ambos delitos.

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"Fueron tantas las contradicciones que  en el  juicio quedó bien marcada la duda razonable y este punto es otro de mis agravios”, comentó tras mencionar que los  hechos que le imputan a su defendido nada tienen que ver  con los elementos constitutivos de los delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas

El abogado sostiene que no se demostró en juicio cuáles  fueron las supuestas noticias falsas que divulgó Alvarenga y  quienes eran las personas  que sufrieron  zozobra.

 Dijo que en juicio no se presentó ningún dictamen médico legal que comprobara  y especificara quienes fueron las personas que sufrieron afectaciones de salud,   por la supuesta propagación de  noticias falsas “y con todo esos actos de ilegalidad no pudieron destruir la embestidura de inocencia de  mi defendido y el fallo   del  juez debió de  ser  de no culpabilidad y por eso estamos presentando el  recurso de apelación”, manifestó el abogado a DESPACHO 505.

Alvarenga fue declarado culpable en un maratónico juicio que se extendió por  13 horas con 57 minutos, y en el cual los testigos de la Fiscalía fueron 7 oficiales de la Policía, entre ellos el Comisionado Ramón César Quintana,  jefe de la policía de Chichigalpa.