Dictadura confisca bienes de universidades ilegalizadas

La presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez, lo dijo con todas sus letras este miércoles a un canal del gobierno: ocuparán las instalaciones de las universidades ilegalizadas y asumirán su administración.

Según Rodríguez, ese es el mecanismo que el CNU encontró para darle lo que ellos llaman “continuidad académica” a los estudiantes que se ven afectados con la arremetida del régimen en contra de las universidades privadas.

"La atención de los estudiantes será en los mismos recintos donde ellos estaban. Nuestra actividad académica la vamos a desarrollar en los recintos donde estaban matriculados, no movemos a los estudiantes. Son infraestructuras que estaban ocupadas por ellos. Hay toda una decisión que se toma en otro nivel, pero vamos atenderlos donde estaban. El CNU nombrará a los académicos que se van hacer responsables de lo que fueron estas universidades", aseguró la funcionaria orteguista.

Para un analista independiente tiene un nombre diferente: “confiscación”. Se trata, señala, “de una toma de facto de las universidades de parte del orteguismo”.  

Este martes, la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, votó para desaparecer cinco instituciones de educación superior de un solo plumazo.

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La Universidad Católica del Trópico Seco (UCASTE), la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), la Universidad Paulo Freire (UPF), la  Universidad Popular de Nicaragua, UPONIC y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), son los cinco centros de enseñanza que unen su destino al de la extinta Universidad Hispanoamericana (Uhispam), decapitada en diciembre pasado bajo el mismo guion.

MISIÓN: OCUPARLAS A COMO SEA

Una denuncia de supuestos incumplimientos a la ley que regula las asociaciones, motivó al Ministerio de Gobernación, Migob, a denunciarlas y pedirle a los diputados cancelar su existencia.

El régimen, además señala que las organizaciones no solo han faltado a la Ley General de Personerías Jurídicas, también han reñido con la ley que persigue el lavado de dinero.

“Son cargos tan graves, como grave la acción de la dictadura que ha emprendido una guerra contra las universidades que promueven el pensamiento libre y la inteligencia”, añade el analista, quien para evitar represalias, pide hablar bajo anonimato.

“Hay poco que decir sobre lo que ha pasado y poco que hacer. Es una acción política que ignora el marco legal con que funcionan estas instituciones”, reclama el doctor Fanor Avendaño, representante legal de la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNEH, una de las casas de estudio que este miércoles fue condenada al cierre.

Avendaño aseguró a DESPACHO 505, que ningún cierre tiene sustento legal. “Es se lo puedo asegurar”, sentencia.     

La Universidad Paulo Freire, por su lado, confirmó en enero pasado que habían recibido una citatoria del Departamento de Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, en la que los invitaba en un plazo de 15 días a presentar sus estados financieros del año 2020, y a responder “notas aclaratorias” relacionadas con los informes de los años 2017, 2018 y 2019.

En la misma comunicación que cuelga en su portal web, la UPF  hizo la salvedad que el 27 de febrero del año pasado, la misma Dirección de Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación se negó a recibir los reportes financieros del Alma Mater correspondientes al año 2020 y que nunca les informaron de cuestionamiento alguno a informes pasados.  

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A criterio del doctor Adrián Meza, rector de la UPF, las cancelaciones generan un clima de incertidumbre para los estudiantes y en quienes laboran en esas instituciones.

“Aquí vale preguntarse, ¿Contra quién se está vengando el gobierno?", dijo. Explicó que él mismo, se presentó a la oficina del Migob para presentar los informes y los funcionarios que lo recibieron siempre fueron hostiles.

“La misión estaba clara y era apoderarse de las universidades a como diera lugar”, dice el analista.  

POR EL CONTROL TOTAL

Unas cuatro horas después que los diputados le dieran muerte a las asociaciones educativas y religiosas, el CNU emitió el comunicado donde informaba que asumían las responsabilidades académicas que las instituciones "decapitadas" dejaban, sobre todo la relacionada con los estudiantes.

“Los compadres ya habían hablado: el Migob las denunciaba, los diputados las mataban y el CNU se apoderaba de sus bienes”, señala el analista. “Una barbaridad, tratan a los rectores como cuando se castiga a un narco, intervienen sus bienes, los confiscan y se los reparten”, acusó.

Pero Rodríguez lo justifica. Dijo con toda tranquilidad en uno de los canales de la familia Ortega-Murillo, que utilizar los mismos recintos le evitaba complicaciones a los estudiantes. “Es donde ellos iban y van a seguir yendo al mismo lugar”, señaló.

Agregó que venían de una experiencia que ella misma califica de exitosa: “nos pasó con los estudiantes de la Uhispam y ahí están todo bien”, dijo, anulando los días de molestia e incertidumbre que los cerca de 4 mil universitarios vivieron y la frustración de varios cienes de ellos que ese año vieron como una graduación que habían esperado tras años de sacrificio, terminó reducida a nada, gracias a los operadores del “buen gobierno”.

“Nosotros (el CNU) ya hemos conformado los equipos que van a asumir la conducción académica y administrativa de esas universidades para que ellos (los estudiantes) terminen sus estudios”, dijo la funcionaria del CNU.

AMENAZA EN PIE

Pero hay cosas que Rodríguez, no parece tener claro todavía en esta guerra contra las universidades. Aseguró que los estudiantes deberán pagar sus aranceles, que aunque aclara “será menos”, deben cobrarlos para pagarle a los catedráticos. Pero no dio montos.

“Eso lo estamos revisando, queremos darle tratamiento, el aporte de ellos (pagos de mensualidades) se mantendrá para pagar a sus docentes. Un tratamiento si, con la situación económica del país”, dijo al respecto.

Lo otro que mencionó es que en el CNU, trabajaban en el mecanismo de emisión de los nuevos títulos e hizo un llamado a los estudiantes a no dejarse engañar cuando les digan que no tendrían validez.

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“Claro que son válidos, eso es seguro”, comentó Rodríguez. Tampoco dijo bajo que nomenclatura universitaria serían emitidos.

Lo que si dijo es que en el CNU, trabajan en un proceso de ordenamiento de las universidades que aun no termina. Rodríguez dice que están trabajando de la mano con el CNEA aunque en las “decapitaciones” de universidades no se le conoce opinión.

El CNEA, es la entidad que evalúa y acredita a las universidades, incluso habían dado buenas notas a algunas de las que el gobierno está cerrando.

Pero que Rodríguez asegure que continuarán con “el ordenamiento”, le preocupa al analista. “Está claro que la amenaza está en pie, otras universidades serían ocupadas en los próximos días”, alertó. Recordó que el régimen ha puesto su mira en la Universidad Centroamericana.

“Juega a asfixiarla, porque no le perdona el apoyo a la rebelión de los muchachos de abril. La UCA, puede ser la próxima”, sentenció.