Fuga de organismos, más cierres y cancelaciones: las consecuencias que podría tener la nueva ley de oenegés de la dictadura

La nueva Ley General de Regulación y Control de los Organismos Sin Fines de Lucro, aprobada este jueves por la dictadura en la Asamblea Nacional, consolida la política de criminalización contra la sociedad civil, legaliza la confiscación de facto de los bienes de las oenegés y podría desencadenar una cancelación masiva de personalidades jurídicas.

Así lo advierte Ana Quirós, directiva del ilegalizado Centro de Información y Servicios de Asesoría en la Salud (Cisas) e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), quien ve en la nueva ley tiene un énfasis en el control, represión y de justificar lo que la dictadura ha venido haciendo a lo largo de estos cuatro años de crisis.

“Con esta nueva legislación es probable que venga una oleada de cierres, suspensiones y cancelaciones de personerías jurídicas”, dice Quirós, quien criticó que la ley no plantea qué debe hacer la organización cuando el Ministerio de Gobernación se niega a recibir los informes financieros, argumento que usa la institución para solicitar la cancelación de personería jurídicas.

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Ahora con la nueva ley, las Organizaciones Sin Fines de Lucro tendrán que pedirle permiso a la Dirección de Registro y Control del Ministerio de Gobernación cuando quieran establecer sedes, filiales, sucursales u oficinas fuera de la establecida inicialmente. En el caso de las universidades y centros educativos señala que tendrán pedir “autorización a la instancia que corresponda”.

“Esta legislación es mucho más interventora y controladora de la acción de las organizaciones”, señala Quirós.

NUEVA LEY VIOLA DERECHO DE ASOCIACIÓN

Amaru Ruiz, presidente de la extinta Fundación del Río, señala que la nueva norma le otorga más facultades al Ministerio de Gobernación y a la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro que no estaban contenidas en la Ley General sobre Personas Jurídicas que fue derogada.

Para el ambientalista, esta nueva legislación podría provocar la salida de organizaciones internacionales que no estén de acuerdo con las reglas que está imponiendo Ortega.

“Evidentemente en la medida que las organizaciones internacionales no acepten muchas de las arbitrariedades que están establecidas en esta nueva ley, pues van a retirarse del país. Las organizaciones internacionales tienen posibilidades de establecerse en otro país que le genere mejores condiciones para su formalización”, explica Ruiz.

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Bajo esta nueva normativa las organizaciones tendrán que actualizar su documentación ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, lo cual, según Ruiz, será un mecanismo que utilizará el régimen, para aprobar o rechazar a las oenegés.

CONFISCACIÓN DE FACTO DE BIENES DE OENEGÉS

Otro de los puntos que critican es que se establecen al menos nueve causales para la cancelación de la personería jurídica, entre ellos cuando “fuere utilizada para violentar el orden público”. Además, señala que si incumple siete de esas nueve causales “el patrimonio pasará a ser propiedad del Estado”.

Por eso Amaru Ruiz considera que esta disposición se sale “de todo razonamiento” y “allí estaríamos frente a una confiscación de facto y masiva de las organizaciones de la sociedad civil de sus bienes y patrimonio”.

En eso coincide Ana Quirós, quien agrega que es una "expropiación velada" que han puesto en práctica con las organizaciones que han cancelado desde diciembre de 2018.

Ortega ha mantenido una línea dura contra las oenegés, prueba de ello es que ha despojado de su personería jurídica a más de 145 organizaciones bajo el argumento de violar la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva, «promoviendo así la falta de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fue acorde a los objetivos y fines por los cuales la Asamblea Nacional les otorgó la Personalidad Jurídica».

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La dictadura justificó la aprobación de esta nueva normativa en que es una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual expone que las organizaciones sin fines de lucro “pueden ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo”.

En un informe de 2020 presentado al GAFI, la dictadura adjuntó una lista de 1,979 organizaciones de sociedad civil, de las cuales 208 calificó "de alto riesgo", 581 de riesgo moderado y 1,008 de riesgo bajo.