Familiares de presos políticos de El Almendro apelan sentencia de juez orteguista y piden nulidad absoluta

Ante la cadena de violaciones al debido proceso y la gran cantidad de “falsedades” vertidas por la Policía Orteguista y el Ministerio Público en el juicio contra los presos políticos Moisés David Salinas Paz y Rubén Araldo Manzanares Mena, los familiares de los reos de conciencia recurrieron la sentencia del juez orteguista que los condenó a 10 años de cárcel.

Los opositores fueron detenidos el 6 de noviembre en El Almendro, Río San Juan, la Fiscalía los acusó formalmente hasta el 17 de febrero achacando les los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional y propagación de noticias falsas. La audiencia de juicio se llevó a cabo en marzo y el juez orteguista Roberto Migdonio Blandín Blandon del Distrito Penal de Juicios de Nueva Guinea los declaró culpables.

Además, la defensa y los familiares de los detenidos han alegado constantemente que se les violaron todos los derechos constitucionales y las reglas del debido proceso.

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Veyra Bravo Araúz, esposa de Salinas Paz y Francisco Manzanarez Villachica, papá de Manzanares Mena, interpusieron en el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central, en Juigalpa, un recurso de amparo contra la sentencia condenatoria dictada por el juez orteguista por considerar que el proceso contra su esposo está plagado de nulidades y violaciones.

Los reos de conciencia fueron condenados a 10 años de cárcel y una multa de 56,451.16 córdobas. La sentencia fue leída el pasado 25 de marzo y el delito supuestamente demostrado según la sentencia es  “menoscabo a la integridad nacional y difundir noticias falsas”. 

Sin embargo, Bravo Aráuz recordó que su esposo utilizaba un teléfono básico y utilizaba el de ella para tomarse fotos, razón por la cual consideró ilógico que se le acuse entre otros señalamientos de ciberdelito.

El abogado de Defensores del Pueblo, José López, quien acompaña a las familias de los reos de conciencia en los procesos de defensa, explicó a DESPACHO 505, que esta es la primera vez, entre todos los presos políticos que hay en el país, que los familiares recurren a la justicia constitucional para buscar la nulidad de los arbitrarios precios que se han ejecutado contra opositores.

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El defensor indicó que las familias de los reos de El Almendro recurren a la justicia constitucional porque “antes, durante y después del proceso judicial, se violaron las garantías conforme la ley de Justicia Constitucional, Ley 983”.

Dicha Ley, explica el jurista, en el artículo 51, establece que “si el Tribunal de Apelaciones denegará sin fundamento alguno la tramitación del recurso, el recurrente podrá comparecer directamente ante Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”. Es decir, que si el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central rechazara el recurso de amparo, los familiares van a insistir ante la CSJ.

Bravo Aráuz sostiene que entre las irregularidades de la sentencia condenatoria están “los 103 días de detención ilegal” a la que fue sometido su esposo.

Afirma que su esposo fue detenido el 6 de noviembre y no el 15 de febrero como dice el juez en la sentencia número 0018/2022PN. Y eso queda demostrado, dice la señora Bravo, en el expediente de los reos existen dos recursos de amparo que interpuso en el Tribunal de Apelaciones de Juigalpa, el 11 y 25 de noviembre, eso indica que en noviembre ya estaban detenidos “ilegalmente”.

Los familiares de los reos también están interponiendo una queja contra el juez Roberto Migdonio Blandín por haber violado los derechos de los procesados, entre ellos el derecho a la defensa.

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El abogado López explicó que en el expediente judicial de los casos de los dos reos de conciencia de El Almendro, “encontramos dos órdenes de detención el 15 de febrero de 2022, pero si los familiares presentaron dos recursos de amparo por exhibición personal ante una detención ilegal, con fecha de noviembre ¿por qué no acusan o se les abrió proceso por falsa denuncia?”, cuestionó López.  

Tomando en cuenta la cantidad de nulidades en el proceso contra los dos reos de El Almendro, indica el abogado, se está cometiendo una injusticia notoria y por ello piden al Tribunal de Apelaciones de Juigalpa que apliquen el “in dubio pro reo”, que establece que cuando hay serias dudas en un proceso judicial,  “se apliquen la norma más beneficiosa, ¿cuál es? Ordenar la nulidad absoluta y perpetua y ordenar la libertad de estas personas”.