La UCA queda oficialmente fuera del CNU y ya no recibirá fondos del 6%

El Consejo Nacional de Universidades oficializó la expulsión de la Universidad Centroamericana (UCA), como parte de sus universidades miembros, con lo que ya no recibirá fondos del 6% constitucional del Presupuesto General de la República, afectado a centenares de estudiantes becados. 

La UCA fue reemplazada por la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (UNIAV), una casa de estudios poco conocida a nivel nacional, tras la reforma a la Ley General de Educación y la Ley de Autonomía Universitaria promovida por la dictadura en la Asamblea Nacional. 

En la reforma, la dictadura dispuso que el Consejo Nacional de Universidades está integrado, además de las públicas, por “una universidad privada designada por el CNU”. Hasta este viernes esa universidad era la UCA. 

Esta reforma perjudica a miles de estudiantes que eran beneficiados con becas, a través del 6% en la UCA, la universidad donde alguna vez estudió Daniel Ortega. 

"Las autoridades miembros del CNU aprobaron por unanimidad la incorporación de la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (UNIAV) al Consejo Nacional de Universidades", informó el órgano rector en sus redes sociales.

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UN CENTRO DE PENSAMIENTO INCÓMODO PARA LA DICTADURA

A la dictadura le incomoda la UCA, han explicado analistas en educación. La mandó a llamar “centro de terrorismo” y “universidad elitista”. No le perdonan que ahí se formaran gran parte de los estudiantes rebeldes de abril de 2018, pero olvida que también ahí mismo, estudiaron muchos de sus miembros, incluyendo a Daniel Ortega, tres de sus hijos y una nuera.

El listado es largo. Diputados, hijos de diputados, jueces fieles y magistrados se formaron en sus aulas y ensayaron en sus centros de pensamiento. Hoy los operadores del régimen reniegan de la UCA.

La UCA había visto reducidos los fondos que recibía del 6% Constitucional desde el año 2018. Ha sido objeto de asedio policial, campañas de descrédito y, ahora, con la reforma a la Ley General de Educación y la Ley de Autonomía Universitaria queda fuera del Consejo Nacional de Universidades y podría ser intervenida con una simple denuncia de instituciones públicas con las que debe gestionar aspectos legales y tributarios para su funcionamiento.