Analistas: Ley Renacer no avanza contra Ortega-Murillo porque "la oposición está fragmentada y no presiona"

La Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en inglés), no avanza contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo porque la oposición local se encuentra fragmentada y la administración de Joe Biden no la ejecuta con la dureza que contiene, coinciden analistas.

 “Su aplicación ha sido muy débil”, dijeron politólogos este lunes cuando analizaron el instrumento y sus efectos a cinco meses de su aprobación. Los especialistas creen que la administración del presidente de Estados Unidos ha impulsado muy poco la aplicación de la ley, pero consideran que, en parte, es porque no hay una oposición formal que desde Nicaragua esté presionando.

A esa conclusión llegó el analista de origen nicaragüense Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano y el director de políticas e iniciativas estratégicas de la Seattle International Foundation (SIF), Eric Olson.

El efecto más visible de la ley han sido las sanciones a funcionarios claves del régimen y a instituciones estatales y privadas que utiliza para mantener la represión. “Eso ha tenido consecuencias, pero han sido insuficientes”, dice Olson.

La ejecución de la ley ha sido "casi prácticamente un fracaso hasta el momento, algunos argumentarían que son solo cinco meses, que la burocracia y el proceso son lentos, que hay que darle esperanza, puede ser que por ahí no le damos una nota de F de fracaso total, pero creo que tampoco ha habido los avances en la preparación para la implementación de esta ley", señala.

 “Ahí están 60 años de sanciones y bloqueo a Cuba, ahí esta Venezuela. No debe creerse que las sanciones lograrán un cambio de régimen, aporta, pero no debe ser el único instrumento de presión. Si no se delimita, sino se restringe la meta que se busca con las sanciones, podrían fracasar”, insiste.

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PODER SUBUTILIZADO

En el caso de Nicaragua, Estados Unidos y el bloque de países aliados se han comprometido con encausarla a la democracia, han aplicado sanciones a 51 funcionarios y nueve entidades ligadas al régimen. Los especialistas aseguran que hay una falsa creencia que la Ley Renacer fue creada solo para ampliar y aplicar nuevas sanciones.

“La ley tiene instrumentos específicos de presión más allá de las sanciones”, explica Manuel Orozco. “Se habla de revisar el Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos), impulsar el bloqueo de préstamos de entidades financieras multilaterales, sanciones a corruptos, a quienes obstruyan los procesos electorales y que serían consensuadas con los países aliados. La ley habla de investigar a la familia Ortega-Murillo”, detalló Orozco.

“Otra una de las cuestiones a que faculta la ley es la revisión de relaciones con países como Rusia, no se sabe cuál es el informe sobre inteligencia y participación de Rusia en recabar información para afectar a Estados Unidos y que lleve a considerar al régimen de Ortega como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos", indicó Orozco, quien que si pudiera calificar el desempeño de aplicación de la Ley Renacer el Gobierno estadounidense “sacaría una D”, de reprobado.  

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“Si es cierto que hay poca presión para la aplicación de la ley, pero también la administración Biden está reconsiderando como aplicar la ley, y lo que se percibe es una pasividad sobre la política internacional sobre  Nicaragua”, remató Orozco.  

Los participantes en el evento virtual coincidieron en que la unidad de la oposición nicaragüense y la exigencia de la diáspora podrían acelerar el proceso de aplicación de la Ley Renacer, tomando en cuenta que fue esa unidad en medio de la resistencia después de los acontecimientos del 2018,  la que logró la formación de la misma ley, según explicó la dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, María Laura Alvarado. “Debemos partir del importante aporte de los ciudadanos en el territorio y de quienes están en el exilio”, señaló.      

La Ley Renacer, aprobada en el Congreso estadounidense con el apoyo de demócratas y republicanos, urge al Gobierno de Biden examinar la participación de Nicaragua en el Cafta y, además, pide aumentar sanciones contra funcionarios del Gobierno de Ortega.

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El texto también insta a Biden a expandir la cooperación con Canadá y con la Unión Europea (UE) en la política hacia el país centroamericano, y a ampliar la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega se reeligió sin competencia política para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

“Debemos tener fe y trabajar más, trabajar más unido, es la clave, hay que seguir coordinando con los actores necesarios hasta lograr el cambio que se requiere en Nicaragua”, dijo Rosalía Miller de la diáspora nicaragüenses al cerrar el encuentro.