Ancianos deben desalojar el asilo Sor María Romero, en Managua, tras cancelación de personería jurídica

Treinta y nueve ancianos que se albergaban en el asilo Sor María Romero, ubicado en residencial Las Colinas, Managua, tenían sus días contados desde el pasado 18 de marzo cuando la dictadura canceló la personería jurídica de la organización que operaba este centro de atención a personas  

A través de un comunicado emitido el pasado 6 de abril, la administración del asilo indicó a los familiares de los adultos mayores que debían retirarlos a la brevedad posible en virtud de la cancelación de la personería jurídica de la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, que era la que operaba el centro de beneficencia de ancianos.   

Desde ese día, uno a uno ha tenido que abandonar el lugar, confirmó un familiar de un anciano que recibió la notificación. 

 “Hacemos del conocimiento de ustedes que la junta directiva de dicha Fundación, acordamos, ratificamos la necesidad de comunicarse a nuestras oficinas para el debido retiro de sus familiares a la brevedad posible, en virtud de la cancelación de personería jurídica, Decreto A.N. N0 8793 publicada en La Gaceta, Diario Oficial”, detalla la notificación.  

TRABAJADORES A LA CALLE 

El mes pasado, cuando se consumó la cancelación de la personería jurídica de la Fundación, María Lourdes Chacón, directora administrativa del asilo, temía el cierre al preguntarse “¿Qué pasará con los ancianos que están aquí?”, se pregunta. “¿Y con el personal? Hay gente que este trabajo es el sostén de su familia”. 

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Con ella, son 13 las personas que laboran tiempo completo en el hogar de ancianos, cinco de los cuales son enfermeras, dos guardas de seguridad, una en limpieza y una en el área de lavandería, una en la cocina, una asistente en la administración y un conductor. 

NIEGAN FALTAS ANTE GOBERNACIÓN  

La iniciativa de cancelación llegó ante la Asamblea Nacional a solicitud del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, argumentando que, supuestamente, la organización no presentó sus informes financieros correspondientes.  

La directora administrativa del asilo aseguró a DESPACHO 505 que la última vez que le recibieron documentación en el Ministerio de Gobernación fue a comienzos de 2018. Después de ese año, la institución fue la que se negó a recibir documentos y entregarles solvencias. 

“Aquí cada fondo que entró se utilizó correctamente, porque hay muchas necesidades, son personas que requieren cuido, paciencia y es lo que ha hecho esta familia hasta el día de hoy”, dijo. 

En un estudio denominado "La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua", elaborado por la Fundación del Río y Popol Na, también ilegalizadas, indicaron al menos 140 ONG nicaragüenses han sido canceladas o "allanadas de facto" desde que Ortega retornó al poder en 2007. 

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Entre las organizaciones que han sido afectadas, se encuentran oenegés que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades y centros de pensamiento, entre otras. 

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega se reeligió para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.