La resistencia de abril, pese a la cárcel, el exilio y la represión
Desde abril de 2018 las familias nicaragüenses tienen más en común que haber nacido en la misma tierra, tienen un familiar muerto, preso, camino al exilio o en el exilio. Pero hay quienes sufren todo a la vez. Para ellos estar vivos para contarlo, es mantener la resistencia.


- April 17, 2022
- 06:32 PM
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En la casa de don Miguel Parajón, en las cercanías al puente El Paraisito, en Managua, se respira tristeza y soledad. “Es que esto es duro, es amargo”, dice el hombre de 66 años que ya no recuerda una fecha en la que la vivienda fue bulliciosa y alborotada.
En la cuadra, sus vecinos le tienen más que pesar, aprecio. Nadie envidia su tragedia, pero lo admiran. Saben que cumple cuatro años llorando a Jimmy Parajón, un hijo que le mataron durante la Rebelión Cívica de 2018 y que lleva seis meses yendo al nuevo Chipote “a llevarle lo que logra conseguir” a otro hijo, Yader Parajón, preso y condenado a 10 años de prisión por supuestamente “traicionar a la patria”.
Según la justicia que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo imparte en Nicaragua, Yader cometió acciones que menoscaban la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, según la Ley 1055 o Ley de Soberanía, la que el dictador hizo aprobar en diciembre de 2020 para perseguir y castigar a sus opositores.
Don Miguel dice estar convencido que su hijo muerto es un héroe. Tanto así, que en una esquina de su casa, permanece un modesto altar sobre el que descansa una foto agrandada de él con una leyenda al pie en la que recuerdan que dio su vida por la patria y la libertad de Nicaragua. El hijo preso, dice, es “un valiente guerrero” que fue puesto en prisión por exigir justicia para su hermano. “Él solo cumplía lo que juró”, agrega, “pero ya ves, preso mi otro muchacho, es injusto”, reclama visiblemente conmovido.
Para don Miguel, las consecuencias de aquella rebelión que inició el 18 de abril de 2018 y que cumple ya cuatro años, ha sido “una cruz pesada” de cargar. “Todos hemos perdido algo o a alguien”, se lamenta.
Este hombre ha vivido desgracias tras desgracia. Es viudo y se gana la vida como electricista. Hay días en que cree que es solo él contra el mundo: “No hay trabajo, el dolor del muchacho muerto, la madre que falleció y mi otro muchacho en prisión. Es amargo”, admite.
Hay día en que pierde la fe, pero recuerda que Jimmy estaba convencido que todo lo que estaba pasando era necesario para refundar el país. “Resistir es su legado, hasta que los malos se vayan”, asegura.



Ahora don Miguel tiene solo dos deseos en esta vida: la primera es poder abrazar a Yader de nuevo, en libertad, y la segunda, es dormir una noche sabiendo que el que jaló el gatillo contra su hijo mayor paga por su crimen en una cárcel del país. “Yo quiero justicia, es todo”, exige.
En esa espera no solo está don Miguel. El régimen Ortega-Murillo debe rendir cuentas por el asesinato de 355 ciudadanos en el contexto de las protestas de hace cuatro años, según la actualización que hizo en noviembre último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), con información del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
“Las violaciones a los derechos humanos han sido debidamente documentadas”, dice Pablo Abrao exdirector de la CIDH y quien estuvo en el país durante los días de la masacre. El defensor de Derechos Humanos recuerda que, al cumplir un mes la crisis, investigaban 40 muertes y en 15 días subió a 78, 30 días después a más de 300. “La gente en Nicaragua espera que haya justicia”, dice.
En otro extremo de la ciudad de Managua, María Mercedes Alemán dice que ya no puede llorar más. La mujer de 48 años no sabe lo que es dormir con tranquilidad; tiene como don Miguel a un hijo preso en El Chipote, pero además una hija en una cárcel para migrantes en Texas y otra en el exilio.
Su pesadilla comenzó el 24 de mayo de 2019, cuando policías del régimen y civiles armados esperaron a que su hijo Bryan Kessler Alemán aparcara la caponera con la que trabajaba y entregara las llaves a su dueña, para detenerlo. No caminó ni una cuadra. Lo secuestraron y días después, doña María Mercedes supo que lo acusaron por posesión de drogas.
Kessler Alemán pasó seis meses encarcelado en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, por participar en las protestas contra el régimen y en diciembre de ese año lo dejaron libre. Pero el 14 de agosto siguiente, lo llegaron a sacar del gimnasio donde hacía ejercicios en el barrio Oscar Lino, en Managua. Fue enjuiciado por el mismo delito y condenado. El régimen lo regresó a la cárcel.
Sobre el opositor de 28 años, sus familiares han lanzado recientemente varias alertas relacionadas a serios problemas de salud. Padece de un molesto dolor abdominal, pero sus carceleros le niegan asistencia médica. “Tenemos miedo de que algo malo le pase. Ese dolor abdominal se le ha bajado a los testículos y dice que no duerme”, señala Hanzi Alemán, hermana del preso político, quien se encuentra ahora en el exilio.

Hanzi dejó el país en enero de este año. “No aguantábamos el asedio”, dice. “Uno no come bien, ni duerme bien, dejamos de vivir”, relata. “Llegamos al extremo de pensar que era mejor irse lo más lejos que se pudiera de la represión”, agrega. Y lo hizo.
El 19 de enero de este año, tomó a sus tres hijos pequeños y le dijo a su hermana que emprendieran el doloroso camino al exilio. Se entregaron a las autoridades migratorias de Estados Unidos, ella fue liberada, pero su hermana Dayana de 25 años, cumple ya tres meses en detención. “Han sido días duros, difíciles. Mi madre tiene un hijo preso en Nicaragua, otra hija en una cárcel de migración y yo lejos”, se lamenta.
El “Reporte 2021 de Práctica de Derechos Humanos en Países” que elabora anualmente la Oficina de Derechos Humanos Democracia y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado el 12 de abril reciente acusa al régimen de haber instalado en Nicaragua una política de “exilio, cárcel o muerte”.
Pero a los dictadores no parece preocuparles las acusaciones. Desde hace cuatro años que desataron una feroz represión contra quienes no lo quieren más en el poder, son miles las familias que se han venido desgranando para huir de la represión y de una cárcel segura. Hanzi y su hermana son parte de esas familias que suman centenas ya. Hanzi dice que de todo lo malo que ha vivido, separarse de la familia ha sido lo peor. “Parte de uno queda allá en casa, en su país”, lamenta.
Hace dos semanas, la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla calificó a los Ortega-Murillo como un “régimen dinástico, dictatorial y cruel”. La pareja ha sabido cumplir con los calificativos, pero parecen exhibir mejor el último. Ni la vocera del dictador, ni él mismo, le han dedicado una sola letra a la inusitada migración de nicaragüenses que ha alcanzado cifras récord en los dos últimos años. Saben que familias enteras huyen de ellos, pero igual, no les importa.
Tan solo un número de tantos: 16 nicaragüenses han muerto hasta el 14 de abril intentando llegar a Estados Unidos en los tres primeros meses del año, según un conteo que lleva desde enero el organismo civil Comunidad Nicaragüense de Texas (TNC por sus siglas en inglés) y que apoya a los nacionales en la peligrosa frontera. “Es un terrible camino, la verdad”, confirma Hanzi.
Sobre la búsqueda del exilio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet informó el 7 de marzo pasado que entre 2018 y 2021 al menos 144,000 nicaragüenses optaron por irse del país para escapar de la represión estatal.
Según la Agencia de la ONU para los refugiados Acnur, Costa Rica sigue siendo el país con más solicitudes de acogida por los nicaragüenses con 75,943 personas, 15,000 en varios países de Europa, siendo España el primero, Panamá con 7,728 y México con 2,851 ciudadanos. “Pero esa es la migración que se registra, hay miles que lo hacen de forma irregular y de eso no hay rastros”, dice un especialista en temas de migración que pide no ser identificado para este reporte.
Los informes del Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) respaldan la presunción del especialista. Señalan que de enero del año 2021, a marzo de este año 112,555 nicaragüenses han sido atrapados intentando ingresar de manera irregular a Estados Unidos por la frontera mexicana.
Adonis Miranda es un periodista que está viviendo en New York desde el 27 de marzo. Llegó allá tras una travesía irregular de 18 días desde Puerto Cabezas. “Fue un viaje de pesadilla”, dice, “pero tenía que salir porque gente del régimen me seguía los pasos”. Ç



Cuando daba cobertura a las votaciones de noviembre, fanáticos orteguistas lo golpearon y le robaron sus equipos con el que reportaba para un canal local. “Me sentenciaron, me asediaban y decían que preparaban un proceso en mi contra, o salía o me iba a la cárcel”, relata el periodista.
Tres días antes de salir de su casa ubicada en el barrio Nueva Jerusalén, de Bilwi, varios motorizados rodearon su vivienda y causaron zozobra a su madre y sus tres hermanos menores. En la actualidad vive de la caridad de familiares, mientras logra conseguir un permiso de trabajo. “Nada ha sido fácil, al contrario, lo único certero es que estoy alejado de la amenaza de los fanáticos de Daniel Ortega, es gente decidida a matar”, expresa.
A Karen Lacayo le cuesta evitar el llanto cuando tiene que hablar sobre lo que su familia vive solo por pensar diferente al régimen que a la fuerza gobierna Nicaragua. Su madre Esthela Rodríguez tiene 70 años y le ha oído decir que “ya no puede más”.
Con su edad y varias enfermedades que a veces la postra en su casa de Masaya, Rodríguez debe estar pendiente de su hijo Edward Lacayo, preso en el Sistema Penitenciario La Modelo, de Tipitapa, desde hace tres años. Lacayo junto a muchos masayas, resistió al ataque armado de policías y parapolicías en la defensa de Monimbó, el barrio indígena que le plantó cara al dictador hasta que los doblegaron con armas de grueso calibre el 17 de julio de 2018. Pero antes, humillaron al dictador con pólvora casera, canciones y otros ingenios como los comunicados que grababan y difundían en redes sociales dirigidas al comisionado Ramón Avellán, a quien Ortega y Murillo delegaron recuperara el barrio indígena al costo que fuera.
Edward, a quienes sus amigos de trinchera llaman “la loba feroz”, fue detenido la madrugada del 15 de marzo del 2019. Tiene 48 años, dos hijas mayores y un niño que no conoce, porque nació cuando iniciaba para él un encierro que para su familia ha sido perverso y cruel. “Es inocente, no ha cometido ningún delito más que defender ideas”, alega su hermana.
Karen, como otros familiares de presos políticos se vio obligada al exilio también. El 7 de noviembre emprendió el camino hacia Estados Unidos. “Estaba presa en mi casa, al mercado que fuera me seguían, era insoportable”, dice. En más de una ocasión, policías del régimen impidieron a Karen salir de su casa, aunque su destino fuese ir a misa o a buscar algún medicamento para doña Esthela.
De Edward sabe lo que su mamá le ha dicho cuando puede visitarlo en La Modelo. “Ha perdido mucho peso, está más deprimido que antes y el encierro lo está afectando psicológicamente, tanto que él dice que ya empieza a ver rostros en las paredes”, relata.
Edward es uno de una lista de 181 nicaragüenses a los que el régimen Ortega-Murillo recetó cárcel por oponerse a su continuidad en el poder, según una actualización al 31 de marzo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Es posible que la cifra aumente tomando en cuenta las redadas que la Policía del régimen ejecutó en Semana Santa contra excarcelados y otros opositores, entre los que destacan cuatro reconocidos músicos.
Según el organismo, 30 de los detenidos siguen en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, instalaciones conocidas más como el nuevo Chipote, donde fueron enviados tras ser secuestrados, enjuiciados y condenados la mayoría con penas de entre 8 y 10 años de prisión, 77 en La Modelo de Tipitapa, siete estarían bajo arresto domiciliar, ocho en celdas preventivas de las delegaciones policiales y el resto guarda prisión en sistemas penitenciarios departamentales.
“Hemos visto un patrón que se repite contra ellos, no solo es privarlo de su libertad, les quitan derecho a sol, medicamentos y alimentos. Eso te demuestra que hablamos no de gente con delitos comunes, sino presos políticos, de conciencia”, dice al respecto Brenda Gutiérrez, del Comité de Familiares de Presos Políticos.

La defensora agrega que las condiciones en prisión se han endurecido más, con la detención de personas de rostros conocidos que militaban en organizaciones formales comprometidas a lograr un cambio de régimen. Y es que Ortega y Murillo, ordenaron la detención y el juicio a políticos que amenazaron su permanencia en el poder, siete de ellos se habían propuesto ser candidatos presidenciales para las votaciones de noviembre último.
“Aunque también antes eran condiciones difíciles, una vez que había una condena pasaban al régimen carcelario ordinario con visitas, recepción de alimentos y medicinas, libros etc.. eso cambió ahora y las visitas son cortísimas, vigiladas y no permiten la entrada de varias cosas, además que hay más aislamiento”, dice Gutiérrez.
Para el expreso político y activista opositor, Ulises Rivas, el régimen Ortega-Murillo, ha destruido a la familia en Nicaragua. “Eso no tendrá como compensarlo nunca”, asegura. Su familia es muy conocida en Santo Domingo, Chontales o como dice él, “al menos lo que queda de ella”.
Tres de sus miembros incluyéndolo, viven un exilio forzado en Chicago, Estados Unidos, uno de sus hermanos, Lázaro Ernesto Pérez Rivas de 41 años, guarda prisión en Nicaragua, condenado a cuatro años por supuestamente robarse un sombrero y otros parientes, han tenido que trasladarse de casa por el frecuente asedio policial y parapolicial.
A Lázaro lo visita su hijo menor de 13 años porque los custodios le retiraron la autorización a su esposa, debido a que ella reclamaba por las requisas abusivas y los robos frecuentes en los paquetes que le hacía llegar al preso. “Es una cadena de abusos y un enorme sufrimiento para las familias”, dice Ulises. “Imagínese, un niño viviendo ese drama. Inaceptable”, denuncia.
El hermano de Ulises fue detenido el 29 de julio del año pasado porque apoyó uno de los tranques que los ciudadanos levantaron en su localidad para exigir un cambio en el país. Sin orden de captura y sin que le informaran de que lo acusaban, varios policías y civiles lo llegaron a sacar del lugar donde trabajaba. Solo después supo que alguien lo acusó del robo de un sombrero y el juez que llevó su caso, aceptó que debía tipificarse como robo agravado. Lo condenaron a la pena máxima.
“Él está deprimido y bastante enfermo”, denuncia Ulises. “No lo dejan salir de la celda, no recibe sol, tiene problemas de lumbalgia y de presión arterial. Es gente que sufre y mucho”, se lamenta el excarcelado político.

Ulises Rivas dejó el país el 22 de abril del año pasado. Pasó cerca de tres meses en una cárcel para migrantes y después vivió días difíciles en espera de un permiso de trabajo.“Hemos ido de sufrimiento en sufrimiento”, cuenta. Ulises dice que ha dormido en el suelo y padecido hambre. “No ha sido fácil, a eso agréguele que vivimos lejos de la familia. Es doloroso”.
Rivas ahora vive junto a otro hermano y una sobrina. Su hermano, José Luis Rivas de 36 años, tenía orden de captura y su sobrina de 21 años, hija de Lázaro Ernesto, estaba bajo amenazas y asedio. “Yo vine primero y después acordamos que vendrían ellos, era salir de allá o ir a una cárcel injusta, donde tu vida corre peligro todo el tiempo”, lamenta.
Brenda Gutiérrez expresa que la vida en prisión con este régimen es “adversa, vulnerable y triste”. “Los familiares también sufren afuera”, dice. Karen Lacayo no recuerda cuándo fue la última vez que la familia se reunió en su casa de Masaya y Hanzi estalla en nervios cuando su teléfono suena y es su mamá llamándola desde Nicaragua. “Me parece que es una mala noticia sobre mi hermano”, señala al borde del llanto.
Don Miguel Parajón cree que, si hay un Dios bueno, podrá abrazar a su hijo pronto, aunque por ahora tenga que lidiar cada semana con buenos y malos policías en el nuevo Chipote para que le dejen pasar algo o le permitan verlo al menos 15 minutos. Pese a lo que han vivido en estos cuatros años, ninguno parece darse por vencido.
Ulises, por ejemplo, dice que usa la idea de sobrevivir como una forma de vencer al régimen. “Han pasado cuatro años; ni la cárcel ni las balas nos han callado. Si vivimos, les ganamos”, sentencia.