Las organizaciones de prensa condenan la represión contra el periodismo independiente de Nicaragua y piden aumentar la presión contra el régimen

Las organizaciones internacionales y nacionales de varios países del continente americano condenaron la represión ejercida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la prensa independiente de Nicaragua y anunciaron que emprenderán un “plan de acción” urgente para que la comunidad internacional aumente la presión sobre el régimen y lo obligue a restablecer la democracia en el país.

En total fueron 27 organizaciones nacionales e internacionales de prensa que se sumaron este martes “a una voz común en contra de la dictadura de Nicaragua”. Las entidades presentaron un plan de acción conjunto para trabajar en pos de una Nicaragua democrática y con plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa.

Las organizaciones que firmaron el pronunciamiento son: Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI), El Grupo de Diarios de América, Fundamedios, y organizaciones periodísticas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En una declaración conjunta, emitida este 19 de abril, durante la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y que coincidió con el aniversario de la rebelión popular del 2018, las organizaciones de prensa denuncian la persecución sistemática contra el periodismo independiente, “la opresión y censura generalizada, el secuestro de los poderes públicos y la demolición de las estructuras de la sociedad civil en Nicaragua".

Las entidades latinoamericanas se comprometen mediante el comunicado firmado por todos, a seguir un plan de acción que permita restaurar las libertades de prensa y expresión, como garantías esenciales para restablecer la democracia.

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El documento recuerda que la crisis institucional y social de Nicaragua se agravó a partir de abril de 2018, “cuando fueron asesinados más de 335 opositores en enfrentamientos con la Policía y grupos paramilitares”.

Además, condenan que el régimen Ortega-Murillo “ahogó en sangre” las protestas civiles y luego “fue endureciendo su postura, ante los reclamos y las sanciones impuestas por la comunidad internacional.

Destacan que, como parte de la escalada represiva desatada después de abril del 2018, a través de una “maquinaria legal” que incluyó la promulgación de leyes como la de Agentes Extranjeros, la de Ciberdelitos y la llamada Ley Soberanía, la dictadura “encarceló a opositores, persiguió a disidentes, cerró organizaciones de la sociedad civil, expulsó a periodistas y confiscó universidades y medios de comunicación”.

Asimismo critican que aún permanezcan en las cárceles del régimen más de 170 presos políticos, entre ellos la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, miembros del directorio del diario La Prensa y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, condenados a ocho y nueve años de cárcel, respectivamente. Así como el arbitrario encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza y el comentarista televisivo Jaime Arellano, condenados a penas de 13 y nueve años.

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La organizaciones rechazaron el cierre y confiscación arbitraria de los medios de comunicación Confidencial, y 100% Noticias, y el ataque incendiario contra Radio Darío, así como el exilio de más de 120 periodistas que se han visto obligados a abandonar el país para ponerse a salvo de la represión.

PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción del que hablan contempla 10 puntos con los que buscan aumentar la presión sobre la dictadura y que permita a los nicaragüenses cumplir con sus aspiraciones de vivir en libertad, democracia y en un Estado de Derecho.

La agenda planteada incluye insistirle a los organismos financieros multilaterales que condicionan el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el régimen libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana.

AYUDA PARA PERIODISTAS EXILIADOS

Por otro lado, piden a los gobiernos de los países donde se han exiliado los periodistas nicaragüenses que sigan recibiendo comunicadores y exhortan a otros gobiernos que también los acojan y les ofrezcan “cooperación humanitaria, tecnológica y económica para que puedan seguir informando desde el exilio''.

También gestionarán ante gobiernos de terceros países la agilización de trámites para el otorgamiento de “visas de trabajo humanitarias a periodistas perseguidos por el régimen”.

Las organizaciones de prensa del continente van a gestionar ante “startups” (empresas emergentes de tecnología de la información) que provean a los medios independientes nicaragüenses servicios más asequibles.

Asimismo impulsarán un debate con agencias de noticias y medios de comunicación internacionales con el objetivo de que se mantenga una cobertura periodística profunda sobre Nicaragua, para que el tema permanezca en la agenda pública global.

De igual manera, las entidades que agrupan a la prensa regional apoyará campañas de información que exhorten a funcionarios del régimen a denunciar violaciones a los derechos humanos y la libertad de prensa, como lo hicieron el embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields.

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En Nicaragua se conmemora el cuarto aniversario del inicio de la Rebelión de Abril y en ese contexto, la dictadura ha escalado la represión. El organismo Observatorio Azul y Blanco reportó este martes que entre el domingo 17 y el lunes 18 de abril, se registraron en el país al menos 77 violaciones a los derechos humanos contra opositores o sus familiares.

El informe preliminar indica que las fuerzas represivas de la dictadura ejecutaron 61 hostigamientos (asedios), seis detenciones arbitrarias y siete amenazas. Todas las acciones fueron ejecutadas por agentes estatales o paramilitares.