PGR legaliza confiscación del edificio donde operaba la OEA

La Procuraduría General de la República (PDR) por medio del acuerdo administrativo 10-2022, oficializó la confiscación del edificio donde funcionaba la Organización de Estados Americanos (OEA), propiedad que no le pertenece a la instancia hemisférica.

Dentro de los considerandos del acuerdo se establece que la medida la tomaron en aras de "promover la cultura de respeto a la nuestra soberanía, educación sobre la historia reciente, respecto a hechos que han lesionado los principales y elementales derechos humanos", por eso decidieron que en la propiedad crearán el llamado "Museo de la infamia".

"El Bien Inmueble objeto de esta Declaratoria de Utilidad Pública y donde funcionaba la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en nuestro país, conforme Ley de Expropiación, pasará al Estado de la República de Nicaragua, quien a través de la Unidad Ejecutora: Instituto Nicaragüense de Cultura, desarrollará e implementará, el proyecto 'Museo de la Infamia'", señala el artículo 4 del acuerdo de la PGR.

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La propiedad tiene una extensión de 296.1 metros cuadrados y está ubicado en Las Sierritas de Managua. Según se desprende del acuerdo de la PGR, la propiedad pertenece a las señoras Luz Marina Navarrete Guevara y María Auxiliadora Navarrete Guevara, conocida registralmente como María Auxiliadora Navarrete de Domson.

DECRETO LEY DE EXPROPIACIÓN

La PGR para ejecutar la confiscación invocó el decreto Ley 229 aprobado en marzo de 1976,  el cual establece que son de utilidad pública para expropiación, obras, servicios y programas que proporcionen a la nación en general o a una parte de ellas, derechos, usos, mejoras o disfrutes de beneficio común “o que sean necesarios para el logro de los fines del Estado o sus instituciones, aun cuando deban ser ejecutados por particulares".

El artículo tres de dicha norma establece que son causas de declaratoria de expropiación cuando se lleven a cabo obras, servicios o programas que cumplan una función social.

Parte del artículo 4 señala que “las personas que se crean con derecho sobre dichos bienes tendrán un término máximo de quince días para comparecer ante la oficina señalada al efecto, con el objeto de llegar directamente con ellos a un avenimiento sobre el monto y forma de pago de la indemnización. Si dentro de ocho días de haberse presentado no se llegase a ese avenimiento, se procederá al juicio de expropiación”.

El régimen no ha informado si llamará a las dueñas de la propiedad para acordar el monto y la forma de pago de la indemnización por la confiscación.

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La expropiación de la propiedad fue anunciada este martes por la vicepresidenta Rosario Murillo, quien expuso en su comparecencia que “el bien inmueble que ocupaba las oficinas de la deplorable OEA, la despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al estado de Nicaragua”.

Previo a la confiscación, Ortega el pasado domingo dio a conocer que había retirado de las credenciales de sus embajadores ante la OEA en Washington, y proclamó el cierre de las oficinas del organismo en Managua. Inmediatamente tropas de la Policía procedieron a ocupar el edificio.

El secretario general de la OEA, en una carta que remitió a la embajadora Elizabeth Darius- Clarke quien ejerce la presidencia del Consejo Permanente (CP), señaló que la expulsión de la misión era un hecho sin precedente en la historia diplomática de la región y que no había sucedido ni en las peores dictaduras.

«Nunca ello había ocurrido ni en los tiempos de las peores dictaduras en la región, incluidas las que había vivido Nicaragua”,  indicó Almagro.

Almagro expuso que de acuerdo a los convenios internacionales que Nicaragua ha suscrito y ratificado, los locales, archivos y documentos de la organización son inviolables, lo cual no impidió que fueran objeto de confiscación.