Dueños del inmueble confiscado donde funcionaba la OEA guardan silencio

Hermanas heredaron la propiedad y trabajaron años para levantar "una casa a la altura de la zona", dice un conocido de la familia. No habría reclamos, pero esperan indemnización que pagarán todos los nicaragüenses.

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  • April 28, 2022
  • 11:16 AM

Los dueños de la propiedad donde funcionaba la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, confiscada por el régimen de Daniel Ortega en Las Sierritas de Managua, guardan silencio. La razón, cree una fuente cercana a la familia, puede ser el hecho de que una de las dos hermanas propietarias, es esposa de un periodista a fin al gobierno cubano.

“Hay una amistad ideológica con el régimen ahí”, dice la fuente que por obvias razones pide hablar bajo reservas.  Esta mañana, el medio digital 14yMedio.com que dirige fuera de la isla la bloguera cubana Yoani Sánchez y el periodista Reinaldo Escobar, confirmó la relación familiar.  

Cuando la Procuraduría General de la República (PGR) por medio del acuerdo administrativo 10-2022, oficializó la confiscación de la vivienda, se supo que la propiedad pertenece a las señoras Luz Marina Navarrete Guevara y María Auxiliadora Navarrete Guevara, esta última conocida registralmente como María Auxiliadora Navarrete de Domson.

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De acuerdo al medio digital, doña Luz Marina, es casada con el periodista cubano Pedro Rioseco, quien tiene años de laborar para la agencia oficial Prensa Latina y quien reside en estos momentos en la Habana. Rioseco, es natural de Camagüey, y según el sitio “es muy bien considerado por el oficialismo” cubano.  

PROPIEDAD ERA HERENCIA FAMILIAR

Contó el medio digital que Rioseco conoció a Luz Marina Navarrete cuando estuvo asignado como corresponsal en Nicaragua entre 1986 y 1989, durante el primer gobierno sandinista y en tiempos en “que los asesores cubanos pululaban” por el país. El corresponsal de Prensa Latina estuvo de nuevo en Managua entre 1990 y 1995, cuando el sandinismo estaba en la oposición.

Informó también que Rioseco, trabaja en la actualidad en la división digital de Prensa Latina, según datos de Ecured, y es profesor asistente en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

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La propiedad de su esposa y su cuñada en Managua, expropiada por sus “amigos de ideología” tiene una extensión de 296.1 metros cuadrados y está ubicada en una zona de alta valía en la capital nicaragüense. Fue según la fuente cercana a la familia, una herencia familiar en la que las hermanas invirtieron años de trabajo para convertirla en una casa propia de las residencias ubicadas en esa zona.

De doña María Auxiliadora Navarrete de Domson, la otra dueña, se sabe que buena parte de su vida la vivió en Estados Unidos. Es casada con un estadounidense y hasta el día de la confiscación, habitaba la planta alta de la vivienda.

NICARAGUENSES PAGARÁN CONFISCACIÓN

Para justificar la expropiación, los operadores del régimen explicaron que la medida la tomaron en aras de «promover la cultura de respeto a la soberanía y educación sobre la historia reciente, respecto a hechos que han lesionado los principales y elementales derechos humanos».

Aparentemente, los funcionarios se refieren por un lado a castigar a la OEA por pedir que el país se encauce a la democracia y por el otro, lo que devino de las protestas de abril de 2018. Lo que olvidan, es que es el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es el acusado de ejecutar crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes, según los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ha motivado que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas implemente también una investigación independiente.

No ha sido posible saber si el régimen estaba debidamente informado que en su venganza contra la OEA, expropiaban a alguien muy cercano, o si los afectados han hecho alguna gestión ante sus “compañeros” por la confiscación. DESPACHO 505 ha intentado comunicarse con doña Luz Marina y con Rioseco, pero ningún responde a los mensajes enviados.   

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“Hay dos cosas seguras aquí: difícilmente doña Rosario Murillo renunciará a levantar su Museo de la Infamia en el lugar donde ella ordenó que estaría y que si alguien va pagar por la confiscación, serán los nicaragüenses, porque los dueños esperan su indemnización por declarar su casa de utilidad pública”, dijo el conocido de las Navarrete Guevara.  

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