Marcos Carmona confirma su exilio, tras ilegalización de la CPDH

Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la cancelada Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), se suma la lista de defensores de derechos humanos nicaragüenses forzados al exilio por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Salí de Nicaragua a las 11:00 p.m rumbo a San José (Costa Rica) en este momento", declaró el defensor de derechos humanos a 100% Noticias.

DESPACHO 505 ha realizado reiteradas llamadas a Carmona para conocer detalles sobre su salida forzada del país, pero no atendió. Cabe recordar que Carmona estaba impedido de salir del país, en agosto del 2021 las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua le impideron viajar cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Managua y, además, le confiscaron su pasaporte.

LEA TAMBIÉN: Este viernes se reanuda el juicio contra dirigentes del Cosep

En esa fecha el exsecretario de la CPDH iba a abordar un vuelo a Estados Unidos para atender asuntos personales. Se desconoce si a Carmona Migración le devolvió su documento de viaje.

CPDH ERA EL ÚLTIMO ORGANISMO DEFENSOR EN NICARAGUA

La CPDH fue ilegalizada el pasado 20 de abril, cuando cumplía 45 años de fundación. Fue parte de un "paquete" de cancelación de oenegés que aprobó la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo atendiendo una solicitud del Ministerio de Goobernación.

El defensor de derechos humanos manifestó recientemente que Ortega «a todas luces es que quieren o no hay voluntad de parte del Gobierno que hayan organismos de derechos humanos que estemos documentando los abusos que se comenten en nuestro país».

Carmona se suma a la lista de defensores de derechos humanos que han tenido que exiliarse para salvaguardar su vida. Pablo Cuevas integrante de la CPDH también tomó esa decisión al recibir una alerta de que sería encarcelado, como lo fue su colega María Oviedo, quien fue condenada por el régimen a ocho años de cárcel por el presunto delito de menoscabo a la integridad nacional y “propagar noticias falsas”, según la Ley Especial de Ciberdelitos.