ONU señala que Nicaragua vive el "periodo más álgido" de cancelaciones de personerías jurídicas de oenegés

La Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló este viernes que en este 2022, Nicaragua vive “el periodo más álgido” de cancelaciones de organizaciones sin fines de lucro y que en los últimos meses se ha intensificado la reducción de espacios cívicos de participación ciudadana por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“En lo que va de 2022, no ha habido mes en que la Asamblea Nacional no cancele masivamente a estas organizaciones. Se está viviendo el periodo más álgido”, expresa el documento. El pasado miércoles el Parlamento dominado por el orteguismo ilegalizó en una sola sesión a 50 oenegés, la mayor cantidad registrada en un solo día.

Para la ONU, la suspensión y la disolución involuntaria de una oenegé es la forma “más severas de restricción de la libertad de asociación”.  Señala que, en el 2021, el régimen les canceló la personería jurídica a 60 organizaciones, lo cual coincidió con las “primeras detenciones arbitrarias en el periodo preelectoral”, que incluyó al menos a siete aspirantes a la presidencia.

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Sumado a las cancelaciones, Ortega emprendió la persecución penal contra los miembros de las organizaciones lo cual es considerado por la ONU, como “una nueva dimensión represiva del cierre del espacio cívico y democrático”.

VENGANZA POLÍTICA

Según la ONU, Ortega decidió cancelar la personería de la Fundación Violeta B. de Chamorro (FVBCh), porque sus directivos decidieron no inscribirse como agentes extranjeros.

Posteriormente arrestó a Cristiana Chamorro cuando hizo públicas sus aspiraciones para competir en las elecciones nacionales , pero ella, su hermano Pedro Joaquín Chamorro, junto a los colaboradores Marcos Fletes, Walter Gómez y Pedro Vásquez fueron apresados y condenados por el régimen de Ortega en juicios donde no se respetó el debido proceso.

“En ningún caso se ha podido establecer que los fondos recibidos por la fundación provenían de actividades ilícitas, prerrequisito para que se configure el delito de lavado de dinero”, apunta el informe.

LEYES RESTRICTIVAS

El régimen de los Ortega – Murillo comenzó su arremetida contra las oenegés en el 2018, luego de reprimir de forma violenta las protestas populares. Ese año ilegalizó al menos a nueve organizaciones.

Según el informe de la ONU, en los siguientes dos años, 2019 y 2020, las cancelaciones se redujeron, pero el Parlamento aprobó una serie de leyes “restrictivas de la libertad de asociación que, luego, serían la base de posteriores cancelaciones”.

La ONU cuenta al menos seis leyes que limitan las libertades civiles, como la Ley de Agentes Extranjeros, la de Ciberdelitos, la de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Así como la reforma a Ley de Autonomía Universitaria, entre otras.

La última norma de carácter represiva fue la aprobación el 31 de marzo de la nueva Ley General de Regulación y Control de los Organismos sin Fines de Lucro la cual, según expertos consolida la política de Ortega de criminalizar a la sociedad civil, legaliza as confiscaciones de los bienes de las oenegés y podría desencadenar una cancelación masiva de personalidades jurídicas.

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“Se han promulgado leyes que, lejos de utilizarse para dar una base jurídica a las ONG y garantizar sus derechos, han servido para mantenerlas bajo un estricto control y se las ha utilizado arbitrariamente para legitimar la adopción de medidas jurídicas contra ellas”, expone el informe.

SISTEMA JUDICIAL AL SERVICIO DEL RÉGIMEN

El informe detalla que ninguna de las oenegés que impugnaron su cancelación obtuvieron una respuesta del sistema judicial de Nicaragua.

El recuento del informe señala que entre las 159 organizaciones que han sido ilegalizadas se encuentran tres partidos que no participaron en las fallidas elecciones generales de noviembre pasado. Los partidos son el Partido Conservados (PC); el Partido de Restauración Democrática (PRD) y Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Las ilegalizaciones incluyen a universidades como la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un símbolo de las protestas estudiantiles de abril del 2018. Posteriormente por medio de una Ley, el régimen estatizó la casa de estudios superiores y la convirtió en la Universidad Nacional Politécnica (UNP).

También fueron canceladas 19 organizaciones médicas cuando estaba en plena pandemia del Covid-19, luego que varios galenos cuestionaron el manejo de la pandemia de parte del régimen.

La lista de ilegalizaciones incluye a doce organizaciones que promovían y protegían los derechos de las mujeres.

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La ONU apuntó que los Estados están obligados a “respetar y proteger plenamente la libertad de asociación, también en el contexto electoral, incluidas las personas que abracen opiniones disidentes”.

“El derecho a la libertad de asociación, en relación con la sociedad civil, contribuye a afrontar y resolver cuestiones de importancia para la sociedad, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la prevención de la delincuencia, la trata de personas, el empoderamiento de la mujer, la justicia social, la protección del consumidor y la efectividad de todos los derechos humanos”, dan a conocer.