Estados Unidos: Nicaragua es vulnerable al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo

Los altos niveles de corrupción y la falta de transparencia, así como la politización de las instituciones públicas, mantienen a Nicaragua en una delicada situación de vulnerabilidad ante el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, advierte un informe del Departamento de Estado de EE.UU.

El análisis enviado al Congreso norteamericano señala que Nicaragua, bajo el régimen de Ortega-Murillo, “sigue siendo vulnerable al lavado de dinero debido a la corrupción (estatal), falta de transparencia, narcotráfico y la politización de las instituciones que deberían dedicarse a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

"Nicaragua sigue siendo un país de tránsito de narcóticos y contrabando ilegal de oro”, lo que lo hace aun más vulnerable al lavado de dinero, asimismo advierten que “el crimen organizado, los delitos cibernéticos y la trata de personas” también podrían tener un peligroso incremento en los próximos años.

USAN AL COMERCIOS PARA LAVAR DINERO

El análisis de los expertos norteamericanos señala que el lavado de dinero en Nicaragua estaría ejecutándose a través del comercio en industrias prósperas como el oro y la carne, una vulnerabilidad acentuada “especialmente para las operaciones de pequeña escala que dependen del efectivo''.

En cuanto al comercio del oro, indican que se ha convertido en unos de los principales rubros de exportación del país, pero llama mucho la atención que los volúmenes de producción auríferas de Nicaragua no se corresponden con los volúmenes exportados. 

“Aumenta la preocupación por el contrabando ilegal de oro, seguido del café y la carne de res. Los expertos han expresado su preocupación de que el régimen podría usar el comercio de oro para eludir las sanciones de EE.UU.”, detalla el informe.

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A finales de enero de este año, el diario Las Américas, de Estados Unidos, reveló que el régimen de Daniel Ortega estaría comercializando oro venezolano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) haciéndolo parecer como producto nicaragüense.

“Venezuela envía oro a Nicaragua y luego lo exportan a terceros países, particularmente a Europa y el Medio Oriente”, dice el informe del Consejo de Estado.

CORRUPCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES

Asimismo, revelan que “la corrupción pública impulsa el blanqueo de capitales en la construcción y la contratación de bienes y servicios”.

Además, señalan que el sector de la salud es “particularmente vulnerable” al ser utilizado por la dictadura para lavar dinero debido a la gran “inyección de fondos” justificados bajo el paraguas de la pandemia del Covid-19 y de los cuales el régimen no rinde cuentas claras. 

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Para las autoridades norteamericanas, el régimen de Ortega ha perdido toda credibilidad en cuanto a la lucha contra el lavado de activos, debido a que no actúa y más bien mantiene en sus cargos a varios funcionarios sancionados por la comunidad internacional y en vez de perseguir el delito de lavado de activos “persigue a líderes de la oposición”.

El informe recuerda que desde junio de 2021, el Departamento del Tesoro de EE.UU., sancionó a cuatro funcionarios nicaragüenses, incluido al presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, por avalar la corrupción institucional.

POLITIZACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

El Departamento de Estado advirtió sobre el alto nivel de politización en las instituciones que en lugar de dedicarse a la lucha antilavado (ALD/CFT) están enfocados en la persecución política en Nicaragua y cuestiona el papel del Ejército en el Consejo Nacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

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También considera que se ha “debilitado las capacidad reguladoras para monitorear el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)” que sigue en déficit por malos manejos, mientras se fortalecen los fondos de retiro del Ejército y la Policía.

El Ejército y la Policía se han constituido en los dos principales pilares sobre los que se sostiene la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Sobre el control a las organizaciones no gubernamentales, el Departamento de Estado advierte que Ortega ha usado como excusa las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (GAFILAT), para cancelar la personería jurídica a más de 200 oenegés.

“El gobierno ha reforzado el control sobre las OSFL (Organizaciones Sin Fines de Lucro) como parte del hostigamiento a los opositores políticos y como una estrategia para acallar a los actores que podrían exigirle el cumplimiento de las normas antilavado”, indica el documento.