Imagen de archivo de una manifestante en Managua. CORTESÍA / DESPACHO 505

Nicaragua llega a este 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, con una cifra de 67 mujeres asesinadas por razones de género, una ley que ha sido alterada en su esencia tras su entrada en vigencia hace más de una década y sin el derecho de las mujeres a salir a manifestarse en una fecha con mucho simbolismo reivindicativo para el movimiento feminista. 

La dictadura de Daniel Ortega ha convertido a Nicaragua en un país sin un marco jurídico que proteja las mujeres, pese a la existencia de un ley aprobada en 2012 que fue ejemplo en la región, aunque luego fue deformada; y la inclusión de la cadena perpetua en la Constitución Política como castigo a los femicidas. Hasta ahora nada ha contribuido a reducir las tasas de violencia.


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Los datos oficiales sobre femicidios en 2022 y 2023 no están disponibles. La Policía Orteguista no ha publicado ni siquiera el Anuario del 2022, pero el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), contabilizó en 2022 al menos 19 asesinatos de mujeres, de las cuales 12 oscilaban en las edades entre 30 a 44 años; seis entre los 15 y 29 años y una en el rango de los 45 a 59 años. 

En el 2021, la Policía Orteguista solo reconoció 15 femicidios de los 71 registrados por la organización independiente Católicas por el Derecho a Decidir. Desde hace más de un década, los asesinatos de mujeres superan los 50 por año.

La Cepal en su boletín denominado: Violencia feminicida en cifras. La prevención de los femicidios: obligación de los Estados y reto persistente en la región, insta a los gobiernos de la región a redoblar sus esfuerzos para mejorar los sistemas de registro e información. 

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También les pide aumentar los recursos presupuestarios para políticas públicas que respondan de manera integral a las víctimas y sobrevivientes e “invertir en la prevención efectiva, fortaleciendo la valoración del riesgo y las medidas de protección efectivas para las víctimas”.

El observatorio en el boletín, sin embargo, señala que Nicaragua solo informa casos para el indicador de muertes de mujeres ocasionadas por su pareja o expareja y es que con la reforma a la Ley  integral contra la violencia hacia las mujeres hecha en el 2013, redujeron los femicidios al ámbito privado. 

“De nada sirve tener una ley deformada en vez de decir reformada, porque no se practica, no hay garantía y confianza en las instituciones, porque la polarización política en las instituciones del Estado es grave”, indica una defensora de los derechos de las mujeres a la que llamaremos María, ya que debido a la represión en el país teme ir a la cárcel por expresar su opinión.

Las reapertura de las Comisarías de la Mujer perdieron su esencia tras cerradas en 2013 por la dictadura.

La experta agrega que en Nicaragua se viven niveles de “impunidad graves y preocupantes”, y señala que conoce un caso donde un defensor público, encargado de defender a la víctima de violencia machista, se dedicó a abogar por el agresor. 

“Pero aquí todo funciona al revés, lo que se necesita en Nicaragua es un cambio profundo”, opina María, quien pide más educación a la población, instituciones autónomas sin sesgo partidario o político y que se centren en la defensa de los derechos humanos.

AUMENTO DE LA IMPUNIDAD Y VIOLENCIA

Azahalea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres, y conocedora de la ley, considera que las reformas que ha hecho el régimen han anulado la norma ya que se perdió la inmediatez de su aplicación, se le dio atribuciones a organismos paraestatales o partidarios (consejerías familiares) para que determinarán si eran un delito y se impidió el acompañamiento a las mujeres de parte de organismos.

Solís señala que la mediación a la que someten a las mujeres las pone en peligro y las ubica a la par de su agresor “como que ellas tuvieran responsabilidad por la violencia”.  “Estas reformas, la introducción de la mediación, de estructuras ajenas para atender la violencia, la ilegalidad del reglamento es el contexto que ha hecho que la violencia contra la mujer haya aumentado y la impunidad también exponencialmente”, advierte Solís.

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María también señala que se debe de realizar un cambio profundo en toda la sociedad ya que “al no haber un marco jurídico real que proteja a las mujeres, la incidencia debe ser en la casa, para saber cómo estamos educando a los niños, a las niñas y a la familia, para ir cambiando el concepto de que las mujeres solo pueden ser madres, esposas y realizar los quehaceres del hogar”.

El 26 de enero del 2012, las organizaciones feministas de Nicaragua celebraron la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, la cual recogía lo mejor de las propuestas que estaban sobre la mesa en ese momento. La norma fue publicada en La Gaceta Diario Oficial el 22 de febrero y entró en vigencia 120 días después. Desde ese momento las mujeres se apropiaron de su contenido.

“Creíamos en ese momento que la ley iba a funcionar para prevenir la violencia y erradicarla con educación, prevención y el cumplimiento de pena en delitos que socavarán la integridad de la mujer en todos los sentidos”, detalla María.

Pero la ley que era un ejemplo para la región no duró mucho sin que le realizaran cambios ya que, en septiembre del 2013, los parlamentarios incluyeron la figura de la mediación poniendo en riesgo a las mujeres y redujeron los femicidios al ámbito privado entre otros cambios a la norma. 

María expone que conoce casos donde la Policía no quiso recepcionar las denuncias, culpan a las mujeres de los hechos y las revictimiza. Además, observa altos niveles de indolencia e insensibilidad del lado de lan autoridades.

El régimen también desmanteló las Comisarías de la Mujer, aunque tuvo que volver a reinstalar debido al aumento de la violencia. A la fecha 267 están operando, pero Solís cree que las instancias son más que edificios porque no cuentan con estructuras integrales, personal capacitado y atención psicológica a la mujer. 

En enero de 2021, entró en vigencia la cadena perpetua en Nicaragua,aunque reforma  a la Constitución no ha frenado la violencia contra las mujeres. Para la dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, la violencia contra las mujeres no se resuelve con este tipo de penas, sino con prevención, educación, sin impunidad y con leyes legitimas y legales.

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Otro aspecto negativo para las mujeres es que el régimen ha cancelado al menos 176 organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres, decisión que ha dejado un impacto negativo en la defensa de sus derechos y las coloca en una situación de “vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales”, indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un estudio denominado Cierre de Espacio Cívico en Nicaragua.