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    Asamblea General de la OEA debatirá la crisis de Nicaragua y votará resolución que pide liberar a los presos políticos 

    La Asamblea de la OEA también valorará la creación de una “comisión de alto nivel” para “discutir todos los asuntos pertinentes” con el régimen de Ortega.

    OEA

    La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reunirá a los cancilleres de la región esta semana en Lima, Perú, pedirá a la dictadura de Daniel Ortega cesar la represión en Nicaragua, liberar a los presos políticos y parar la detención de miembros de la Iglesia católica en el país.  

    En el encuentro será sometido a discusión y votación el proyecto de resolución “La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua” en el que se expresa preocupación por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, derivado de los arrestos y detenciones arbitrarias por parte del régimen.  

    En el proyecto de resolución acuerdan “instar al Gobierno de Nicaragua a que garantice la integridad física, mental y moral y el derecho a la vida de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, y a que libere inmediatamente a todos los presos políticos, en cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. 

    La Asamblea General, que es el máximo órganos de la OEA, expresará su preocupación por el encarcelamiento de figuras políticas, el cierre forzado de organizaciones de la sociedad civil y universidades; la toma de oficinas municipales, la represión de periodistas y allanamientos en las organizaciones de medios de comunicación, y la intimidación de líderes comunitarios, incluidas las mujeres líderes sociales, lo que genera un clima de opresión y miedo.  

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    También se menciona la “detención arbitraria del obispo Rolando Álvarez y otros ocho clérigos por parte de la Policía”; así como la opresión, criminalización, hostigamiento, acoso policial y actos de represión que el Gobierno de Nicaragua ha perpetrado contra los miembros de la Iglesia católica, así como la expulsión arbitraria de las congregaciones religiosas.   

    “Que cese la represión y la detención arbitraria de los líderes de la Iglesia católica y a que garantice el derecho a la libertad religiosa de todos en el país”, demandan. 

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    UNA COMISIÓN DE ALTO NIVEL  

    La propuesta incluye “invitar a los Estados miembros a crear una comisión de alto nivel con el mandato de ofrecer al Gobierno de Nicaragua la oportunidad de discutir todos los asuntos pertinentes”. 

    Este ofrecimiento se daría pese a que la dictadura de Nicaragua denunció la Carta de la OEA para abandonar la organización. La salida se completaría en noviembre de 2023. 

    En la resolución recuerdan al Gobierno de Nicaragua el deterioro de las condiciones económicas y sociales del país, derivadas de su actuación, y animarle a aceptar las ofertas de cooperación regional e internacional para devolver a la nación al camino de la democracia, el estado de derecho y el progreso pacífico para todos sus ciudadanos 

    En el año 2019, la OEA creó una “Comisión de Alto Nivel” que buscaba ayudar a encontrar una solución a la crisis sociopolítica de Nicaragua, pero la dictadura no le permitió el ingreso al país.  

    Debido a la negativa de acceso al país, la Comisión de la OEA se reunió en El Salvador con varios actores para avanzar en una evaluación colectiva de la crisis.  

    AYUDA A EXILIADOS  

    La Asamblea General de la OEA pedirá a todos los Estados de la región a implementar una estrategia, basada en un enfoque integral de derechos humanos y de género, sobre los factores que contribuyen al desplazamiento de las personas nicaragüenses y su necesidad de protección, incluyendo el otorgamiento de asilo y otras medidas de protección. 

    Este llamado lo harán conscientes de que el empeoramiento de las condiciones económicas y políticas ha empujado a unos 250,000 nicaragüenses a huir del país desde 2018.  

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    Finalmente, insisten a la dictadura que cese toda acción violenta contra la población del país y a que restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos y el estado de derecho; que ponga fin a la intimidación y el acoso judicial, administrativo y de otro tipo contra los periodistas, especialmente las mujeres periodistas, y contra los medios de comunicación, y las organizaciones no gubernamentales. 

    La Asamblea General de la OEA se desarrollará del 5 al 7 de octubre en Lima, Perú.

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