Nicaragua recibió una calificación de 19/100 en el informe anual sobre libertad en el mundo que realiza el grupo Freedom House y es el país del continente americano que más retrocedió en materia de libertades en 2022.
Con una caída de cuatro puntos respecto al año anterior, Nicaragua mantiene la categoría de “no libre” que comparte con los regímenes de Cuba y Venezuela. De hecho, somos uno de los países que más puntos ha perdido durante los últimos diez años, con 32 puntos menos en total.
Los retrocesos han sido en todos los niveles, principalmente en materia de derechos civiles y de participación política, libertad de expresión, de asociación, libertad religiosa y estado de derecho.
Freedom House destaca que en entre febrero y mayo de 2022, al menos 50 críticos del régimen, entre ellos varias personas que se presentaron como precandidatos a la presidencia en 2021, “fueron condenados a penas de prisión de varios años en juicios farsa”.
En agosto, monseñor Rolando Álvarez, uno de los críticos más abiertos del régimen, fue detenido junto con otros clérigos y simpatizantes. Recientemente fue sentenciado a 26 años de cárcel por negarse al destierro.
En materia de derechos políticos y proceso electoral, la puntuación es de 0/4 básicamente porque el actual jefe de gobierno, el dictador Daniel Ortega, los diputados de la Asamblea Nacional y los alcaldes no han sido elegidos mediante elecciones libres y justas; y tampoco se considera que haya un árbitro electoral imparcial.
El funcionamiento del Gobierno recibió una puntuación de 0/4 porque Ortega y el FSLN dominan la mayoría de las instituciones públicas. “El FSLN obtuvo la mayoría absoluta de los escaños de la Asamblea Nacional en las elecciones de 2021, que no fueron ni libres ni justas. Las elecciones locales de noviembre de 2022 se celebraron en condiciones similares”, explica el reporte anual sobre Nicaragua.
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En materia de pluralismo y participación política, la puntuación de Nicaragua es cero. “El pueblo no tiene derecho a organizarse en diferentes partidos políticos u otras agrupaciones políticas competitivas de su elección”, señala Freedom House.
PLURALISMO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
En Nicaragua, los partidos políticos se enfrentan a obstáculos legales y prácticos para su formación y funcionamiento.
“Los líderes de los partidos son fácilmente cooptados o inhabilitados por las instituciones alineadas con Ortega”, critica la organización. También señalan que la afiliación al FSLN es a menudo un requisito para ocupar cargos en la administración pública y bajo las reformas constitucionales de 2014, los diputados deben seguir el voto del partido o arriesgarse a perder sus escaños.
“Los candidatos y activistas de la oposición son objeto de vigilancia y hostigamiento a manos de las fuerzas de seguridad, la policía y grupos paramilitares. Unos 50 críticos, entre ellos 7 personas que se presentaron a las elecciones presidenciales de 2021, fueron condenados a penas de prisión e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante los procesos judiciales celebrados entre febrero y mayo de 2022.
LA OPOSICIÓN NO TIENE POSIBILIDADES, POR AHORA
El reporte advierte que, en las condiciones actuales, no existe una oportunidad realista para que la oposición aumente su apoyo o gane el poder a través de las elecciones.
“La oposición nicaragüense carece de la oportunidad de aumentar su apoyo o ganar poder a través de las elecciones, ya que el gobierno ha empleado la legislación, la represión y la violencia abierta para impedir las actividades de la oposición”, explican.
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El dictador Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, controlan todos los poderes del Estado y las instituciones públicas, así como los medios de comunicación del país, “lo que les otorga una influencia significativa sobre las opciones políticas de la población”.
Los distintos segmentos de la población (incluidos los grupos étnicos, raciales, religiosos, de género, LGBT+ y otros grupos relevantes) no tienen plenos derechos políticos y oportunidades electorales.
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SIGUE SIENDO TRASTOCADA
A nivel local no existen medios de comunicación independientes y libres, según el informe. Los ataques del gobierno contra la prensa libre continuaron en 2022.
El régimen confiscó formalmente el edificio que albergaba La Prensa. Ese mismo mes, cerró seis emisoras de radio afiliadas a la Iglesia católica y desplegó a la policía antidisturbios para ocupar una de ellas. En septiembre, bloqueó la recepción del canal de televisión Cable News Network (CNN) en Español, sin revelar sus razones.
Funcionarios de la Iglesia católica han sido denunciados y difamados por las autoridades por acompañar o defender a manifestantes antigubernamentales desde que se reprimieron las protestas de 2018. Turbas progubernamentales atacaron iglesias donde se refugiaban manifestantes, mientras que miembros del clero han recibido amenazas y sufrido vigilancia.
La libertad académica también se ha visto coartada. Desde la crisis de 2018, los profesores han sufrido el acoso de las autoridades y los grupos progubernamentales y deben seguir las estrictas directrices del Ministerio de Educación. En el sistema público de educación primaria y secundaria, se han denunciado casos de estudiantes obligados a asistir a mítines progubernamentales. A menudo se exhiben materiales pro-FSLN en los edificios escolares.
“El régimen de Ortega continuó atacando la libertad académica en 2022 cancelando personalidad jurídica de asociaciones universitarias, alegando que operaban al margen de la ley”, denuncia Freedom House.
NO HAY INDEPENDENCIA JUDICIAL
Todas estas violaciones ocurren porque en Nicaragua no hay independencia judicial y la Corte Suprema de Justicia opera bajo las directrices de la dictadura.
“El poder Ejecutivo influye fuertemente en el nombramiento de jueces, y la lealtad al partido gobernante determina sus nombramientos; muchos, si no la mayoría de los jueces, supuestamente tienen vínculos con el FSLN”, agrega el informe.
En el período previo a las elecciones de 2021, el Poder Judicial desempeñó un papel fundamental al ordenar la detención de miembros de la oposición y poner fin a la personalidad jurídica de los partidos de la oposición, según lo dictado por el Consejo Supremo Electoral.
El Poder Judicial también se señalado de supervisar los “juicios farsa” contra opositores al régimen en 2022, en los que se condenó a los acusados por “menoscabar la integridad nacional” en procedimientos a puerta cerrada.
En el 2021, el Estado de derecho había recibido una puntuación de 1 / 4, pero cayó a cero “debido a la farsa de juicios y condenas de destacados miembros de la oposición política y otros críticos del gobierno”.
“Los derechos de propiedad están protegidos sobre el papel, pero pueden ser tenues en la práctica. Los títulos son a menudo impugnados, y los individuos con conexiones con el FSLN disfrutan de una ventaja durante las disputas de propiedad”, advierten.
Finalmente, critican que el aborto, un derecho de las mujeres, sigue siendo ilegal y se castiga con penas de prisión, incluso cuando se practica para salvar la vida de la embarazada o en casos de violación o incesto. Los médicos y las personas que practican abortos pueden ser castigados con penas de ocho años de prisión.
LA LIBERTAD A NIVEL MUNDIAL
De acuerdo al informe sobre 2022, 84 de los 195 países analizados se encuentran en la categoría de “libres”.
Colombia avanzó más que ningún otro país y logró el estatus de “libertad plena”.
La mejora estuvo impulsada por “el aumento del pluralismo político” en las elecciones presidenciales que ganó Gustavo Petro, por la aprobación de los permisos de protección para venezolanos o por la despenalización del aborto, explicó la directora de investigación del informe, Amy Slipowitz.
Por contra, el país que el año pasado perdió más puntos, 23, fue Burkina Faso como consecuencia de los dos golpes de Estado consecutivos que sufrió.
En 2022, 34 países presentaron mejoras en derechos y 35 anotaron retrocesos. Es el margen más pequeño que se constata desde que, hace 17 años, el número de países que pierden puntos comenzara a superar de forma sistemática al de los que los ganan.
En Centroamérica, después de Nicaragua, El Salvador es el que más preocupa con una caída de tres puntos y entrada a la categoría de “parcialmente libre”.
