Los últimos asaltos, tiroteos, asesinatos a sangre fría en el campo y la ciudad, los femicidios y ataques a la glesia Católica, demuestran la descomposición social que está ocurriendo en Nicaragua, ante un “gobierno” que en lugar de promover la justicia y la seguridad, fomenta el crimen y la impunidad, incluso desde las altas esferas. Y esto último, para nadie es un secreto.

La presencia policial en las calles no está dirigida a combatir la delincuencia común u organizada, sino a evitar, a toda costa, que las personas opositoras a la dictadura vuelvan a salir a las calles a protestar. Y es que la manifestación ciudadana ha sido criminalizada desde abril de 2018, o incluso desde antes. Ante la violencia y la inseguridad, en lo que va de 2020, la Policía brilla por su ausencia.

Pese que la última encuesta de la firma Cid Gallup, realizada entre el 15 de mayo y el 8 de junio de este año, señala que los principales problemas para los nicaragüenses en estos momentos son la pandemia, la falta de trabajo y el régimen de Daniel Ortega, el tema de la inseguridad no deja de ser preocupante. La percepción ciudadana en cuanto al crimen y la delincuencia aumentó de un 47% en enero a un 49% en el mes de mayo.

En mayo, un 19% de los consultados expresó que había sido víctima o un familiar de robo y delito, mientras que en enero del mismo año fue de un 16%. Es decir, que en cuatro meses tenemos 3 puntos porcentuales de crecimiento de personas víctimas de robos o asaltos. Y que, según Cid Gallup, ahora es un “crecimiento parejo en la capital y las cabeceras de los departamentos”. Esto revela que la delincuencia ha crecido de forma igualitaria tanto en las áreas urbanas, como en las áreas rurales.

Es un problema grave. Cuando el Estado promueve impunemente la delincuencia y los asesinatos de sus ciudadanos, se engendran y reproducen todo tipo de violencias. Es claro que, al salir de esta dictadura, se necesitará de la participación de todas las instituciones u organismos comprometidos con la seguridad, la justicia, el bienestar, la educación y el trabajo, para encontrar una solución.

En países como Nicaragua, donde los conflictos políticos a lo largo de la historia han cobrado un sinnúmero de vidas, es necesario desarrollar e implementar estrategias que permitan no solo buscar la causa de la violencia, sino también identificar los factores que la producen o que se asocien a ella con mayor frecuencia. La confianza de la ciudadanía no se logra con palabras, sino con hechos. Y con base a esto se debe de trabajar.

Pero en el corto plazo, urge que la dictadura desarme a los paramilitares que armó en 2018 durante la llamada “Operación Limpieza”, y que está documentado en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estos, sin duda, son los responsables de la gran mayoría de los delitos recientes, a sabiendas que cuentan con la impunidad ofrecida por el régimen, quien también es culpable del consecuente miedo y sentimiento de inseguridad en la población nicaragüense

Una de las grandes prioridades de un nuevo gobierno en nuestro país, no solo será la recuperación económica, debido a la recesión en la que nos ha sumergido la dictadura por su falta de voluntad política para resolver la crisis actual. Sin embargo, no se puede recuperar la economía sin seguridad. Por ende, se deberá establecer una especie de relación armoniosa y proporcional entre los esfuerzos de la recuperación económica y la voluntad por garantizar la seguridad en el país. Tenemos trabajo por delante.  

El autor es periodista y Jefe de Prensa de la Unidad Nacional Azul y Blanco.

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