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    Nicaragua mantiene en la cárcel a 122 presos políticos, según un informe

    Al menos 75 personas fueron a prisión entre marzo y abril pasados por oponerse al régimen, en su mayoría por períodos cortos, mientras que otros no lograron salir.

    La Modelo presos políticos

    Al menos 122 personas se mantienen en las cárceles de Nicaragua por pensar distinto al régimen de Daniel Ortega, señaló este sábado el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su más reciente informe.

    Según el Mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 112 de los presos políticos fueron capturados en el marco de la crisis sociopolítica que inició en 2018, nueve están en los calabozos desde 2014 y uno desde 2011.

    En el informe anterior, emitido a inicios de marzo pasado, se reportaron 125 “presos políticos”, pero esto no significa que se haya liberado a tres personas, ya que el Gobierno captura y excarcela a decenas de nicaragüenses cada mes, según el Mecanismo.

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    El Mecanismo explicó que al menos 75 personas fueron a prisión en Nicaragua entre marzo y abril pasados por su forma de pensar, en su mayoría por períodos cortos, mientras que otros no lograron salir.

    Ninguno de quienes han salido de prisión son considerados ciudadanos totalmente libres por el Mecanismo, ya que permanecen bajo investigación o son tratados por las autoridades como reos en libertad condicional.

    De los 112 presos políticos capturados desde 2018, 109 son hombres y tres mujeres con una edad promedio de 33 años.

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    “Es alta la probabilidad de que la privación de su libertad afecte significativamente el ingreso de sus hogares y el bienestar de sus familias, así como el rol social e asistencia hacia miembros dependientes del hogar”, indicó el informe.

    SIGUEN LOS MALOS TRATOS

    El Mecanismo agregó en su informe que los presos políticos sufren “malos tratos, represión, golpizas, amenazas a sus familiares, así como restricciones de visitas, de avituallamientos y del derecho a la salud.

    La captura de opositores proliferó en 2018, cuando unas protestas contra reformas a la seguridad social fueron reprimidas con violencia, lo que desencadenó en multitudinarios reclamos al régimen de Daniel Ortega, que fueron desarticulados con ataques de policías y paramilitares que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles heridos y más de 100.000 en el exilio.

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    La CIDH contó 328 muertos entre abril y julio de ese año, organismos locales registraron 684 hasta mediados de 2020. Ortega ha reconocido 200 víctimas, con el argumento de que se defendía de un “golpe de Estado fallido”.

    La lista de “presos políticos” es considera por los defensores de los derechos humanos como una “evidencia” de que Ortega ejecuta “crímenes de lesa humanidad” en Nicaragua.

    La misma tiene el respaldo de la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos (AFPP), Comité de Familiares Pro Libertad de Presas y Presos Políticos (CLPP) y Organización de Víctimas de Abril (OVA).

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