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    Reporte 505

    En Nicaragua «no sobrevivirá ninguna oenegé», denuncian defensores de derechos humanos

    Los costos de esta guerra: más de 20 mil empleos perdidos y unos 200 millones de dólares de cooperación que no entraron al país para beneficiar a más de un millón de ciudadanos.

    Ministerio de Gobernación, Managua.

    Un año después del levantamiento social de abril de 2018, el dictador Daniel Ortega encontró una forma de justificar el exterminio de las asociaciones civiles. Informó al Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), sin justificación técnica alguna, que al menos 1,797 oenegés “podrían ser vulnerables al financiamiento del terrorismo”.

    Con esa coartada, inició un descabezamiento masivo que intensificó al año siguiente y que hasta la fecha se traduce en 2,081 oenegés canceladas desde el 2018. Todo un récord, según las voces en el exilio que le llevan el conteo, como todo lo malo que acumula el régimen de Nicaraguua en su afán de mantenerse en el poder a toda costa.        

    Empezó siete meses después de aquella rebelión social. Las atacó convencido de que ellas influenciaron las protestas y les declaró una guerra visible a partir de noviembre del 2018. El dictador Daniel Ortega ordenó a sus diputados en la Asamblea Nacional, arrebatar la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), dirigido por la activista feminista y defensora de los derechos humanos, Ana Quirós. Era el 29 de noviembre de hace cuatro años.  

    Quirós fue secuestrada por el régimen y expulsada del país por la Dirección General de Migración y Extranjería, (DGME), tres días antes de anular la existencia de la personería jurídica de la oenegé que dirigía. Ese último día de noviembre, el legislativo fiel de Ortega, anuló el CISAS y ordenó tomar sus bienes, confiscarlo como lo hacía el sandinismo de antaño, con el mismo mandamás también de antaño, ahora convertido en dictador consumado con crímenes de lesa humanidad a cuestas y asido al poder con acciones políticas perversas y  elecciones trucadas.

    “Ha sido una política de persecución, un ataque sostenido. La dictadura busca arrasar a las organizaciones”, dice Quirós a DESPACHO 505, desde su exilio forzado en Costa Rica.

    UNA GUERRA CON COSTOS ALTOS

    Lo que la dictadura no les dice a sus seguidores es que estos cierres, que comenzaron contra una oenegé, pero que a la semana siguiente sumaron nueve, después 25, 55 a los nueves meses de los primeros ataques, después 80 y este año de 100  en 100 hasta llegar este miércoles a 1,995 solo en lo que va del 2022, han dejado pérdidas serias al país.

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    Quirós dice por ejemplo que las anulaciones de estos organismos han significado el desempleo para más de 20 mil personas y la pérdida de oportunidad de unos 200 millones de dólares al año de acompañamiento a comunidades necesitadas del país.

    “Hablamos de un millón de personas que ya no reciben beneficios que llegaban de la mano de la comunidad internacional, a través de estas organizaciones”, dijo Quirós.

    “Este régimen –acusa la activista — aplica una política de tierra arrasada, buscando acabar con el tejido social, el tejido comunitario que velaba por los derechos humanos, el derecho de las mujeres, la educación y otras necesidades de los ciudadanos”.

    Para la también activista social Haydeé Castillo, el régimen le ha perdido totalmente el respeto a los derechos ciudadanos. “Se atenta contra un derecho constitucional al exterminar a las organizaciones”, señala.

    “Hay un ataque sostenido contra toda organización que no comparte el criterio de poder, ya sea religiosa, comercial y principalmente de derechos humanos. El que pierde es el ciudadano”, añadió Castillo.

    «EXTERMINIO DEFINITIVO Y CONTUNDENTE»

    Por su lado, dos organizaciones de derechos humanos tienen claro que el dictador de Nicaragua Daniel Ortega, no dejará “en pie” una sola organización no gubernamental que no responda a sus intereses. “El límite, si es que lo hay, es su exterminio definitivo y contundente”, dice el activista en el exilio Pablo Cuevas.

    Cuevas que antes de abandonar el país, también fue forzado por la persecución del régimen. En Nicaragua laboró para una organización que también fue ilegalizada por el régimen, y explica que las oenegés son expresiones visibles de la democracia representativa, “instituciones que existen en algunos casos para exigir cuentas al poder o denunciar sus abusos”, dice.

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    Señala que son tan importantes, que la Constitución Política del país establece su existencia como un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado para garantizar que funcionen.

    “Es la libertad de asociación, como la libertad de expresión y pensamiento, es decir, una de tantas libertades que esta dictadura en Nicaragua ha asfixiado”, advierte Cuevas.

    Recordó que el país llegó a contar con una extensa cantidad de organismos en el pasado, porque las autoridades entendieron que era una expresión democrática. “Lo que vemos ahora, es que hay un régimen que tiene todas las intenciones de desaparecer cualquier expresión democrática en Nicaragua. ¿Hasta dónde quiere llegar la dictadura? Hasta que ya no haya nada que se le oponga”, advierte Cuevas, quien dirige la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, DNDH.    

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    Las antiguas instalaciones del Movimiento Marie Elena Cuadra, anulada por el régimen y confiscada.

    “DICTADURA SIN MURO QUE LO CONTENGA»

    Las anulaciones de este miércoles, es el segundo cierre de oenegés que ejecuta el Migob en esta semana y la quinta desde que la Asamblea Nacional le traspasó las facultades de aprobar y cancelar organismos sin fines de lucro. El argumento que ha expuesto es el mismo: “incumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a las leyes que las regulan”.

    “Queda claro que ninguna sobrevivirá, porque en el país no hay ningún muro de contención que detenga a la dictadura. ¿A quién puede recurrir una organización agraviada con un cierre? A ninguna institución del Estado. Todas están controladas por el mismo poder”, critica por su lado, Gonzalo Carrión, del organismo defensor de derechos humanos Nicaragua Nunca+.

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    Para el activista, las nuevas anulaciones que casi llegan a una cifra escandalosa de organizaciones civiles “declaradas muertas”, es un acto más de una larga cadena de abusos de un régimen que no parece encontrar límites.

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    “La verdad, uno no ve hasta dónde puede llegar, (porque) ha hecho lo impensable: asesinatos, secuestros, extorsiones políticas, receta cárcel, en fin, la lista es larga”, acusa Carrión.

    “NO SOBREVIVIRÁ QUIEN PIENSE DISTINTO”

    Ambos defensores de derechos humanos, coinciden en que en Nicaragua, “no sobrevivirá, quien piense diferente”. “Las organizaciones civiles son un estorbo a las condiciones dictatoriales, por eso el dictador va sobre las voces discordantes”, añade Cuevas.

    El pasado 13 de septiembre, las Naciones Unidas advirtió que los embates contra la libertad de asociación en Nicaragua, se incrementaron de manera «exponencial».

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     A esa preocupación se han sumando organismos de derechos humanos nacionales que han advertido que las intenciones del régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua busca un control social absoluto. «No importa si la organización es social, religiosa, comercial, si no se cuadran ante el régimen, son aniquiladas», resumió Cuevas.

    En julio pasado, el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de EE.UU., Brian A. Nichols, advirtió que aunque Ortega informó al Gafilat la anulación de un número de oenegés en Nicaragua, esta podrían llegar a ser más.

    Este miércoles, los pronósticos de Nichols se cumplieron: Ortega ha aniquilado a 288 organizaciones más de las que había informado al organismo y según las voces consultadas, el exterminio no ha terminado. «Eso deja en claro las verdaderas intenciones del dictador», dijeron los activistas.

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