Mientras se mostraba complaciente ante las cámaras de medios oficialistas afines al régimen de Daniel Ortega durante un operativo policial en la ciudad de Bluefields, el comisionado mayor Luis Valle protagonizó en el mes de julio uno de los casos más graves de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua al pasar de las amenazas a los golpes. Al lugar se presentó la periodista independiente Suyen Sánchez a la que atacó por la espalda, le lanzó varios manotazos e insultos, la empujó en varias ocasiones y le ordenó retirarse del lugar para impedirle la realización de su trabajo periodístico.  

Este es uno de los 30 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua documentados en el mes de julio por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

“No es la primera vez que él (el comisionado mayor Juan Valle) tiene ese tipo de actitudes para con los medios independientes, pero en mi caso ya se extralimitó porque antes eran palabras, pero ya trascendió a los ataques físicos. Que quede constancia de la manera violenta sobre cómo este señor está tratando a los medios independientes”, comenta la periodista Suyen Sánchez. 

El asedio policial se ha convertido en el método más coercitivo para amenazar e intimidar a periodistas y medios de comunicación independientes.  

“Un dato preocupante que vale la pena resaltar es que durante el mes de julio se documentaron 16 casos de agresiones y ataques de este tipo, la misma cifra que se había registrado en el trimestre abril- junio 2020; lo que grafica un aumento alarmante hasta en un 200%”, explica Guillermo Medrano, coordinador de derechos humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro

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AMENAZAS DE MUERTE CONTRA GERALL CHÁVEZ 

Si bien desde abril de 2018, las formas sistemáticas de represión contra periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua han sido documentados, en el mes de julio de 2020 “el aumento progresivo ha sido excepcional”. 

Otro de los casos más preocupantes fueron las amenazas de muerte recibidas por el periodista Gerall Chávez, de la plataforma digital Nicaragua Actual, las que también se extienden a su familia.  

En un sobre cerrado simpatizantes orteguistas dejaron una carta en la casa de sus padres en El Rosario, Carazo, que contiene graves amenazas contra el periodista. 

“Mientras no vengás y sigás jodiendo nos vamos a desquitar con tu familia”, dice parte del texto plagado de mensajes homofóbicos y criminales contra Chávez, quien, debido al acoso, intimidación y amenaza de cárcel se exilió en Costa Rica desde el año 2018. 

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Dentro del sobre también colocaron una memoria USB que contiene un video en el que recrean el asesinato del periodista. 
 
“No me van a callar, yo soy periodista y los periodistas estamos al lado de la verdad, al lado del pueblo. Mi denuncia va continuar”, dice Chávez, a quien sí le preocupa el riesgo latente para sus familiares en Nicaragua. 

Gerall Chávez responsabilizó de cualquier acción a los operadores políticos de Daniel Ortega en El Rosario, “al alcalde y secretarios políticos”, mencionó. 

Para la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, este es uno de los casos más repulsivos al detectar en estas amenazas contra Gerall Chávez tres tipos de violaciones, según su lista de indicadores. 

LA DENUNCIA INTERNACIONAL 

Desde el año 2018 la Fundación ha venido elaborando y presentando ante la opinión pública informes trimestrales sobre el estado situacional de la Libertad de Expresión, de Prensa y Acceso a la Información Pública en Nicaragua. Sin embargo, ante la curva creciente de casos de violaciones a la libertad de prensa, a partir del mes de julio del 2020, se presentarán de forma mensual en vez de trimestral. 

Estos informes son un referente para medios de comunicación y son un importante insumo para los reportes de organizaciones internacionales de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano.  

“Esto lo hacemos con el único propósito de facilitar la realización de análisis sobre este derecho humano fundamental, para generar un estado de opinión favorable que permita posicionar en la agenda pública la demanda permanente de la restitución de las libertades públicas”, plantea.  

La Fundación Violeta B. Chamorro forma parte de la iniciativa Voces del Sur, una plataforma regional que realiza acciones de monitoreo en 11 países bajo una misma metodología de evaluación que integra 12 indicadores de evaluación adoptados en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para la elaboración del informe se utilizan tres fuentes primarias de información: noticias sobre casos de violaciones a la libertad de prensa publicadas en los medios de comunicación, informe de alertas elaborado por los Promotores de la Libertad de Prensa y denuncias públicas realizadas por las víctimas a través de diferentes canales de comunicación. 

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Para la recolección de datos se utiliza una matriz de fácil implementación que incluye: fecha del suceso, nombre de la víctima, área geográfica, descripción de la violación, género de la víctima, sitio web donde se publicó la noticia, tipología del riesgo y victimario. 

De los 30 casos documentados en el mes de julio, 18 se cometieron en contra de periodistas y comunicadores independientes, lo que equivale al 60%; en cambio 12 casos lesivos fueron contra medios de comunicación, lo que representan un 40% del total.  

Otras violaciones a la libertad de prensa han sido discursos estigmatizantes, falta de acceso a la información pública, tortura y la imposición de una cadena nacional a un acto partidario del Frente Sandinista. 

“Con estos informes pretendemos posicionar en la agenda de los medios de comunicación que la libertad de expresión y prensa son parte de los pilares para la construcción de una nueva Nicaragua. Si no se respeta estas libertades, las otras tampoco. Además, es un reconocimiento para los periodistas que están en Nicaragua como en el exilio”, destaca Medrano.

EL PAPEL DE LA POLICÍA

El informe del mes de julio ubica a la Policía como el principal agresor o victimario de los periodistas. La institución realiza totalmente lo contrario de lo que mandata la Constitución y su propia ley orgánica. 

“La Policía siempre ha punteado desde abril de 2018 como una de las principales instituciones represoras. Lo más preocupante es que ya no solo reprime o intimida a los periodistas en la cobertura de una protesta social, sino que asedian e intimidan a los periodistas independientes en otro tipo de coberturas diarias”, explica Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.  

Los ataques a periodistas y medios de comunicación no son ni investigados ni sancionados por el Estado. Las víctimas en su mayoría optan por la denuncia pública ya que, dicen, no pueden recurrir ante sus propios victimarios.  

Estas agresiones a la libertad de prensa en un año preelectoral auguran “mayor presión hacia el ejercicio de una prensa independiente”, advierte Medrano, quien considera que el Gobierno actual “no solamente se limita a la censura de los medios, sino que lo que quisiera es la clausura de los medios independientes”.  

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